12 dic. 2013

Las mieles de una venganza

“El caos de las basuras fue premeditado”: Emilio Tapia
La destitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, y más grave aún, su privación de derechos políticos por 15 años, es una derrota de la democracia y el interés público a manos del cartel de la contratación de Bogotá que se alió con los Moreno y hoy está saboreando las mieles de una venganza.
Este país se acostumbró ya a encontrar sus más dolorosas verdades dentro de las cárceles. Los jueces y los periodistas lo corroboran a diario. La entrevista a Emilio Tapia, arriba referenciada, es clave para entender qué hay detrás de la destitución del alcalde. En el fondo es una batalla entre los intereses públicos versus los intereses privados, del Estado como garante de los derechos de la gente versus el mercado, de un gobernante de los pocos honestos que hay, contra unos carteles empoderados de Bogotá y gran parte del país.
Duele ver la soledad de Petro en la lucha contra la corrupción, y la manera como los altos poderes del estado le hacen el quite a la arbitrariedad. Ni el presidente de la república, ni el congreso, ni las altas cortes, ni los partidos políticos se sienten moralmente obligados a darle respaldo. Es el Estado mismo desde sus máximas instituciones el que está capturado por los intereses privados y la ideología del mercado. Del cartel de la contratación en Bogotá falta casi todo por investigarse, pero en su momento saldrán a la luz pública las millonadas que pasaban de las empresas de los Nule a las campañas políticas de la dirigencia nacional. Si no fuera por el impotable Petro, los Nule seguirían contratando y andando por Bogotá como Pedro por su casa.
Salvo la mayoría de la Izquierda y otras pocas voces dicidentes, como la del Fiscal y el Ministro de Justicia, los demás miran de reojo. Para no quedar mal del todo, hablan de los “excesos” del Procurador. Al establecimiento le pareció bien que el Procurador se encargara de Petro, porque el resultado estaba cantado; todo el país sabe que Ordóñez, como lo calificó Carlos Gaviria, es un “fanático premoderno”, enemigo de la paz, adversario de las mujeres y las minorías sexuales, militante de la intolerancia, que frente a un exguerrillero jugado por la paz, prefirió ponerse de lado de las mafias de la corrupción. También se sabe, es un secreto a voces, que ahora el Procurador va por Iván Cepeda, pero nadie dentro del estado se atreve a atajarlo y complacientemente esperan para lamentar cuando sea tarde el nuevo exceso.
Los 12 meses de inhabilidad que recibió Samuel Moreno como sanción de la Procuraduría, paradójicamente ayudan a entender los 15 años que le impuso a Petro. El primero era un inepto que ya había alcanzado mucho con ser alcalde de Bogotá; en cambio el segundo, tenía por delante una extensa carrera política que podría culminar en la Casa de Nariño.
Moreno transfería recursos del erario público a los bolsillos de los contratistas corruptos; es decir, era un privatizador. Petro hacía lo contrario: quitarle el negocio del aseo de Bogotá a las mafias y recuperarlo para el Distrito Capital, es decir, quiso desprivatizar, o sea transferir recursos de agentes privados al sector público. Por eso para el primero tuvo el procurador guante de seda y para el segundo, con el beneplácito del conjunto del estado, todo el peso de la represión. El neoliberalismo como  ideología económica y el neoconservatismo en política son dos caras de la misma moneda, y el mensaje que están dando está claro para todos los gobernantes actuales o futuros: que nadie se atreva a desprivatizar; que en las disputas con los intereses privados, hasta las instituciones del estado estarán en contra de los atrevidos.
Queda claro que el caos de acumulación de basuras que sufrió la capital el 18 de diciembre de 2012, fue la celada que le tendieron a Petro los operadores del sistema que habían sido despojados de su negocio de 2,4 billones de pesos.

El cuestionamiento generalizado a los poderes absolutistas de la Procuraduría son válidos y pertinentes, pero se quedan en la superficie del asunto. Lo que desata las iras de la inquisición nacional no es otra cosa que la osadía de cerrar el paso a los intereses privados, incluso los más podridos, e incluso dentro del sector público. De otra manera el alcalde hubiera terminado su mandato. Una democracia que se respete no puede permitirle poderes absolutos a nadie. Bienvenido el debate constitucional sobre las atribuciones del Procurador, sobre el debido proceso y el derecho a la defensa. Lo que tampoco se puede soslayar es el debate de fondo sobre la cuestión privatización-desprivatización frente al cual tiene qué jugarse hoy cualquier gobernante en Colombia.

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