27 nov. 2012

Bogotá – La Haya – Managua


La reciente sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia que definió los límites entre Colombia y Nicaragua, junto con la negociación del conflicto armado entre el gobierno y la insurgencia, apunta a convertirse en la noticia del año en nuestro país. A muy pocas generaciones nos toca presenciar los cambios del mapa y vivir los impactos políticos que de ellos derivan. La novedad es grande, y en un contexto de profusión mediática como el actual, ha salido a flote dentro de la clase política una fauna completa de ignorantes, ineptos, oportunistas y tahúres de las dobles morales: sí pero no; se obedece pero no se cumple; se acata pero se ataca; se respeta la ley pero se le hace trampa. Los mismos que en 2009-10 intentaron regalarle al Pentágono siete bases militares en territorio nacional y a diario entregan las riquezas del subsuelo a las multinacionales mineras, hoy son nacionalistas conversos llamando a una rebelión contra las instituciones de la justicia internacional.
La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas, creado por ella en su carta constitutiva de 1945 y cuyo estatuto entró en vigencia en 1946, con la finalidad de expedir sentencias sobre diferendos que los estados miembros sometan a su consideración. Sus decisiones son definitivas, inapelables y de inmediato cumplimiento. Está integrada por quince magistrados de diferentes países, elegidos por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General para períodos ordinarios de nueve años; actualmente solo dos de ellos son latinoamericanos, el brasileño y el mejicano. Los quince jueces votaron unánimemente la sentencia sobre delimitación marina colombo-nicaragüense.
Los estados colombiano y nicaragüense hacen parte del estatuto de esa Corte desde el 30 de abril de 1948, cuando sus representantes ante la IX Conferencia Internacional Americana, constitutiva de la OEA, firmaron en Bogotá el Pacto que lleva el nombre de dicha ciudad con otras diecinueve delegaciones, bajo el título oficial de “Tratado Americano de soluciones pacíficas”, que los vincula automáticamente a su jurisdicción. En el gobierno de Lleras Restrepo Colombia ratificó el Pacto de Bogotá el 14 de octubre de 1968. Nicaragua, lo tenía ratificado desde el 21 de junio de 1950, con una reserva que también formuló al firmarlo en 1948.
Vale destacar un aspecto de la discusión del Pacto de Bogotá cuando se propuso en la IX Conferencia Internacional Americana. La solución pacífica de los conflictos entre los países del continente era un consenso de vieja data aprobado y ratificado en diferentes tonos y lenguajes en diversos tratados y convenios hemisféricos. El debate se hizo álgido porque las delegaciones de Colombia, Méjico y Uruguay propusieron, y lograron finalmente imponer, que entre todas las modalidades de solución de controversias (buenos oficios y mediación, investigación y conciliación, judicial y arbitraje), la judicial fuera prioritaria, y además obligatoria como método definitivo para resolver los diferendos, a través de la Corte Internacional de Justicia. Esta precisión de método y de organismo competente llevó a que varios de los signatarios del Pacto, entre ellos Nicaragua, aprobaran pero con reservas (constancias) el texto del tratado. Resultado de las deliberaciones, el inciso 1º del artículo 31º finalmente quedó redactado así:
De conformidad con el inciso 2º del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las Altas Partes Contratantes declaran que reconocen respecto a cualquier otro Estado Americano como obligatoria ipso facto, sin necesidad de ningún convenio especial mientras esté vigente el presente Tratado, la jurisdicción de la expresada Corte en todas las controversias de orden jurídico que surjan entre ellas y que versen sobre:
 a) La interpretación de un Tratado;
 b) Cualquier cuestión de Derecho Internacional;
 c) La existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría la violación de una obligación internacional;
 d) La naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional.
De esta manera, por propuesta colombiana y además de México y Uruguay, los estados de América que en adelante ratificaron el Pacto de Bogotá, quedaron conscientemente atados a la Corte Internacional de Justicia como instancia superior para dirimir pacificamante sus controversias.
Ni cuando los estados firman tratados, ni siquiera cuando los ratifican a través de sus órganos legislativos, quedan eternamente amarrados a ellos. Sobra pues, decir que Colombia pudo haberse negado a firmar el Pacto de Bogotá, o no haberlo ratificado, como no lo han hecho Estados Unidos y otros países, o haberlo denunciado posteriormente como lo hizo El Salvador en 1973. Hoy día ese tratado rige para solo quince países latinoamericanos.
En el juego político actual de repartición de culpas y responsabilidades por la sentencia –no dictamen, como dice un columnista despistado– casi todos los enfoques políticos están satanizando a la Corte Internacional de Justicia, al Pacto de Bogotá y a quienes supuestamente debieron denunciarlo en 2001 cuando ese organismo asumió competencia sobre el diferendo, o en 2007 cuando advirtió que se ocuparía de trazar el límite marítimo con Nicaragua. Los mismos que ayer exhibían a Colombia como una “potencia moral” siempre apegada a las normas, al derecho y a las instituciones, ahora predican patear el tablero y entrar al club de los díscolos internacionales.
Los inteligentes retroactivos, que nunca faltan, dicen cuando el partido ha terminado, en qué minuto nos debimos haber retirado para evitar la goleada: unos dicen que desde 1980 cuando los Sandinistas nicaragüenses armaron el pleito, otros que en 2001, otros que en 2007, otros que el día antes y otros sostienen que aún es tiempo. Muy pocos en cambio, ofrecen alternativas sobre la manera de resolver pacíficamente las controversias con los países hermanos. Hay procedimientos diferentes al judicial y organismos distintos a la Corte para resolver los diferendos internacionales, pero todos oyen a todas las partes interesadas, todos son rigurosos y en cualquiera de los casos se requiere seriedad, profesionalismo y autoridad moral para salir avante en las controversias.
Si Colombia no se dota de una política exterior, una diplomacia y un ministerio de Relaciones Exteriores serios, vendrán nuevas derrotas internacionales. La pérdida de superficie marina en el tribunal de La Haya pudo ser peor. La Cancillería no puede seguir siendo el nido de nepotismo y clientelismo que ha sido; varios de sus altos exfuncionarios exteriores están hoy en las cárceles o investigados; hasta los “buenos muchachos” Noguera y Santoyo fueron premiados en su momento con cargos en las embajadas.
El presidente Santos no logra hasta el momento una posición firme frente al fallo de la Corte; luce aún impactado y siente quizá embolatada su reelección. Por un lado está sometido a la presión del país crítico y respetuoso del derecho, y por el otro, a la presión del uribismo y las derechas encabalgadas en un nacionalismo de ocasión. Anunció que está estudiando el retiro del Pacto de Bogotá, como quien vende el catre para evitar la infidelidad. Un retiro colombiano del Pacto, sería desde luego una acción soberana que expresa el desacuerdo con la delimitación marina hecha por la Corte, pero el mensaje a la comunidad internacional no es otro que la renuncia de Colombia a su imagen legalista y de animadora de la juridicidad que le acompañó desde la guerra fría, y que incluso le alcanzó para liderar el tratado del que hoy reniega.
Todo indica que el presidente seguirá dando bandazos, consciente como es, del alto costo que hoy le representa comprometerse en cualquier sentido. Dice respetar el fallo pero ha ordenado a la Armada mantenerse en el meridiano 82. Si abiertamente desacata la sentencia, pierde el relativo liderazgo regional que había alcanzado y en lugar de “nuevos mejores amigos” podría cosechar muchos nuevos enemigos. Si explícitamente acata las determinaciones de la Corte, le abre un considerable espacio político a la oposición uribista que lo podría crucificar por “apátrida” en la próxima elección presidencial. Debe priorizar entre objetivos de política exterior y objetivos de política interna, entre mantener el prestigio alcanzado en el ámbito suramericano o sacrificarlo para no darle armas al expresidente Uribe. Quizá el punto medio en el cual se escampe, termine siendo la renuncia al Pacto de Bogotá para atajar a las derechas, y el cumplimiento a regañadientes de la sentencia, obviamente haciendo los “pataleos” jurídicos que son posibles, para no lesionar sus logros internacionales y su futuro como expresidente.
Aunque finalmente el estado colombiano acate el fallo de la Corte, el simple retiro del Pacto de Bogotá significa un giro en la política exterior del país que puede ser definitivo. El apego a la juridicidad internacional que venían profesando nuestros gobiernos desde que ella se desarrolló, fue quebrada por la seguridad “democrática” con sus incursiones abiertas y secretas en territorios Venezolano y Ecuatoriano, se encarriló de nuevo con el presidente Santos y está hoy a punto de una crisis más profunda. Las relaciones de Colombia con los países vecinos, volvieron a la normalidad y el entendimiento mutuo el 7 de agosto de 2010, dejando atrás dos cuatrenios de desconfianzas, señalamientos e incursiones ilegales, siendo los sobrevuelos no tripulados de espionaje sobre Venezuela, el último hecho conocido.
El retiro del Pacto de Bogotá para nada afecta la decisión ya tomada por la Corte Internacional de Justicia; solamente entorpecerá las reclamaciones que el propio gobierno ha anunciado, o sea los “pataleos” jurídicos, y será un calmante pasajero para la galería que agitan las huestes uribistas; incluso significará algunos puntos de más para Santos en las encuestas de opinión. Claramente el gobierno está jugando a cobrarle a la Corte las consecuencias adversas del fallo, que ha calificado de equívoco, contradictorio y no adoptado en derecho. La dureza contra ese organismo y ahora la desvinculación de él, le está sirviendo para ocultar la ineptitud de las administraciones Pastrana, Uribe y Santos en la tramitación del litigio, lo mismo que el bajo perfil de sus cancillerías.
Parte de la opinión pública ha caído en la trampa de discutir cuándo y quién debió haber denunciado el Pacto de Bogotá, cuando el problema es el porqué de la renuncia y los mensajes que ella envía a la comunidad internacional. Más bien la desvinculación del Pacto, además de querer ocultar las responsabilidades internas de jefes de estado y cancillerías, ofrece una imagen de beligerancia contra una injusticia, siempre conveniente en el juego político.
La clase política nacional ha optado por hacer la política exterior de la misma manera que hace la interna, y los resultados están a la vista en el Archipiélago. Lo que ella necesita ante todo es proyecto propio y no la subordinación que la alimentó hasta años recientes. De poco le sirve ahora mirar hacia el norte para que le devuelvan lo perdido, ni invocar el nacionalismo de unos ciudadanos que solo ayer aprendieron la ubicación de San Andrés en los mapas de la Corte Internacional de Justicia. En sano nacionalismo, la pérdida marítima actual es dolorosa, pero peor que ella, es la manipulación que diferentes sectores de la clase política están haciendo del sentimiento ciudadano para ocultar su falta de proyecto político y territorial y, su falta de convicciones en materia de juridicidad internacional.

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