2 mar. 2012

Entre Antioquia y la Casa de Nariño


Hemos sido testigos en los últimos meses, de una serie de confrontaciones entre el gobierno nacional y sectores del propio establecimiento que podrían llevar a una nueva polarización, o a regresar al punto de partida de la administración Santos en 2010.
Son pocos los temas de controversia dentro del bloque de clases dominante que puedan llegar a lesionar seriamente su unidad. Uno de ellos ha sido indudablemente el de la propiedad agraria. Hasta el punto que las tres veces que en nuestra historia reciente, un gobernante ha querido salirse con la suya, afectando la estructura de la propiedad y el latifundio, la alianza ha temblado y los dirigentes se han mostrado los dientes los unos a los otros.
La actual crisis del bloque dominante, que se expresa en los permanentes desencuentros entre el presidente Santos y el expresidente Uribe, está sustentada en los cambios que el primero introdujo en aspectos fundamentales de la política internacional y del tratamiento a la oposición, pero ante todo, está referida al tema de la propiedad territorial, que de una manera tímida (a partir de 1.991) está abordado en la ley de restitución de tierras que ha entrado en vigencia el pasado primero de enero.
La aplicación de esta ley presenta gruesos incumplimientos, como varios críticos lo han demostrado; no obstante la simple perspectiva de devolver los predios a la población campesina despojada después de 1990, ha motivado una rebelión de las élites del latifundio y la agroindustria que se expresan a través del Uribismo. Cuando las fisuras dentro de la alianza gobernante progresan, las relaciones de poder regional que subyacen a los intereses económicos, de igual manera se agrietan y empiezan a aparecer actores territoriales que al tomar partido, agudizan los desacuerdos y/o contribuyen a resolverlos.
Las recientes expresiones de descontento de un importante sector de la élite antioqueña con el gobierno nacional, referidas a la ley de restitución de tierras, a lo cual también agregan reclamos por la intervención del ejecutivo en la construcción del túnel Aburrá-Oriente y las llamadas “autopistas de la montaña”, demuestran que en la política colombiana los factores regionales y locales siguen siendo decisivos a la hora de tomar decisiones y marcar las líneas gruesas a la orientación del país; que las sensibilidades regionalistas están ligadas a los diversos intereses que se barajan en las altas esferas del poder nacional.
No es la primera vez que las élites paisas se ponen en pié para reclamar una participación mayor en la toma de decisiones o rechazar los contenidos de las políticas públicas del nivel nacional. Ya lo habían hecho a mediados de la década del treinta del siglo pasado para cerrar filas contra el gobierno de la “Revolución en marcha”, convirtiendo a Antioquia en la región rebelde que defendía a capa y espada las prerrogativas políticas que adquirió en la república conservadora (1886-1930). Las reformas económicas y sociales de la “Revolución en marcha” no eran opuestas a los intereses de la oligarquía paisa de la época, vinculados especialmente con la industria, la caficultura, la minería y el comercio, mas no a la acumulación latifundista. Ello explica en parte, que no hubiera podido articular una oposición política consolidada y en cambio, hubiera sido el clero católico la fuerza dirigente de la oposición regional al gobierno de López Pumarejo.
La rebelión regional paisa contra el gobierno estuvo orientada más que a defender alguna actividad económica o fuente de recursos, a preservar los valores de la Antioqueñidad que la élite consideró amenazados. Fue duramente criticada la liberalización de la política y la educación, y la tolerancia gubernamental con el comunismo, el sindicalismo y la movilización de los sectores populares. Una cruzada contra los antivalores del nuevo gobierno liberal fue convocada en nombre de la fé, la familia y las buenas costumbres, al tiempo que sus inspiradores multiplicaban sus ganancias por cuenta de la modernización del aparato productivo.
Años más tarde, la misma élite regional se indispuso contra el otro López (Michelsen), quien en 1978 fue objeto de una silbatina de estadio lleno cuando se inauguraban unos Juegos Centroamericanos y del Caribe en la ciudad de Medellín. Fue izada la bandera verde y blanca del anticentralismo y en los automóviles particulares plasmado el lema de “Antioquia federal”.
Pero ocupémonos del pulso actual entre el gobierno de Santos y algunos “cacaos” paisas. Lo primero es decir que las viejas élites de la primera mitad del siglo pasado se han transformado en concordancia con el cambio cultural, los modelos de desarrollo y las actividades económicas que hoy imperan en la región. Baste señalar solamente tres impactos sobre esa estructura social:
1. El paradigma de la Antioqueñidad entró en decadencia cuando se desbordó el crecimiento del Área Metropolitana, los municipios tradicionales perdieron la pujanza que los caracterizaba y los valores pueblerinos del trabajo abnegado, la vida familiar y la religiosidad perdieron el sustento territorial y el ambiente en que estaban inspirados. Después llegó el narcotráfico, los carteles de la droga (particularmente el de Medellín) y la cultura mafiosa para dar una suerte de golpe de gracia a lo que ya era esa Antioqueñidad decadente. Más allá de la nostalgia, es muy poco lo que queda del relato de Antioquia la grande y sus mitos, destrozados por la urbanización, las políticas territoriales neoliberales y la cultura de la justificación del fin por los medios que practican algunas de sus élites más encumbradas.
2. El industrialismo, y con él el modelo de sustitución de importaciones, que llegó a significar el faro de la prosperidad antioqueña en la primera mitad del siglo XX, quedó relegado por la revolución tecnológica y los nuevos sistemas productivos que impusieron la explotación de las ventajas comparativas y el paradigma de la competitividad que hoy articula el plan de desarrollo de la administración Santos. Las nuevas políticas territoriales del neoliberalismo, provocaron la crisis de los anteriores centros de desarrollo empresarial ubicados en el interior y deficientemente conectados con los mercados, a favor de aquellos que tenían buenas infraestructuras de comunicación o estaban situados de cara a los océanos. Esta transformación ha exacerbado obsesivamente la vocación “rompemontañas” de las élites paisas, que en la carrera loca de la competitividad se han empeñado en una serie de megaobras de infraestructura que alteran el medio físico natural y ponen en riesgo los equilibrios ambientales. La alta sensibilidad de nuestra dirigencia frente al avance de tales proyectos, se explica porque de ellos depende contrarrestar las desventajas de una situación geográfica mediterránea en un modelo de desarrollo obediente a las leyes del mercado y el libre comercio. En la terminación exitosa de esas obras radica la posibilidad de que los importadores y exportadores del área puedan jugar duro en el nuevo panorama que abren al país los TLCs ya firmados o en proceso de negociación.
3. Las actividades económicas a las que están ligadas las actuales élites, solo en poca medida corresponden a las que tradicionalmente sustentaron la pujanza de la región. La actividad industrial está notablemente disminuida y con ella los indicadores de empleo formal. Por otro lado, una parte importante de los capitales acumulados lícitos e ilícitos, fueron a parar a inversiones en tierras y agroindustrias en lo que aquí se llamaba “el trópico antioqueño”, áreas vastas y periféricas de la jurisdicción del departamento que circundan su territorio andino tradicional. Muchos de esos dineros, por su origen y/o por su destino, alimentaron el narcotráfico y sus formaciones armadas para la captura de las instituciones locales y la imposición de un orden político mafioso. De suerte que hoy tenemos en la mesa del poder regional, un sector social de reciente emergencia: los nuevos terratenientes antioqueños, que al igual que los costeños y los de otras regiones, se sienten amenazados con la ley de restitución de tierras despojadas después de 1990.
La dirigencia empresarial y política de Antioquia fue protagonista de primer orden en los dos gobiernos del presidente Uribe (2002-2010), un hombre de sus entrañas que gobernó el departamento y años después logró una amplia convocatoria de fuerzas legales e ilegales para llegar a la presidencia, a la cual fue reelegido luego de modificar la constitución política mediante un delito: el cohecho de la “yidispolítica”. Los lazos entre el expresidente y los nuevos ricos antioqueños se estrecharon fuertemente cuando en calidad de gobernador impulsó las famosas cooperativas de vigilancia y seguridad (Convivir), muchas de las cuales engendraron o engrosaron los ejércitos paramilitares al servicio precisamente de ese nuevo sector de clase que se nucleó alrededor del narcotráfico y sus actividades económicas conexas, entre ellas las inversiones en propiedad agraria.
Uribistas de vieja data y Santistas arrepentidos se constituyen ahora en oposición al gobierno que consideran, está traicionando el legado de su antecesor. Pero la actual rebelión tiene ribetes novedosos para quienes la observen en la perspectiva social y política. No es en primer lugar, una oposición a toda la política nacional que ha ejecutado el presidente Santos. No olvidemos que una de sus piezas importantes ha sido la recomposición de las buenas relaciones con los gobiernos vecinos que dañó el uribismo, todos de signo ideológico contrario. El nuevo juego regional del gobierno de Colombia ha significado, a pesar de dificultades, reabrir fronteras comerciales y mercados donde iba a parar un porcentaje considerable de las exportaciones de empresas paisas.
La dirigencia antioqueña se sentía interpretada por el ejecutivo nacional, pero pagaba los costos de la visión “amigo-enemigo” que imponía Uribe a las relaciones internacionales, una de cuyas expresiones era el unilateralismo gacho frente al Estados Unidos de los Republicanos. A diferencia del cerrado alineamiento ideológico de Uribe, la política dominante de Antioquia había sido siempre pragmática, de bajo perfil y orientada a preservar las utilidades empresariales. De esta manera, se han encontrado dos pragmatismos: el de los antioqueños y el del presidente Santos, unidos en el proyecto del extractivismo y el libre comercio. Los empresarios de la región podrán ser indiferentes a veleidades ideológicas, pero que a nadie se le ocurra dañarles los negocios.
De suerte que en materia de política internacional, así se distanciara de Uribe, el presidente estaba en la horma de los antioqueños. Las megaobras, tampoco serán el punto de quiebre de la relación entre Santos y el departamento; una dosis pequeña de tolerancia y paciencia bastarán para que su construcción avance. Pero la posibilidad de que los recientes despojos de tierras sean revertidos, tiende a ahondar las distancias entre el gobierno y las élites regionales que se las han apropiado.
En medio de ese pulso con los nuevos “cacaos”, hay varios ingredientes que van a ser definitivos. Uno es la fuerza de la movilización campesina y social que pueda hacer inclinar la balanza a favor de los programas de restitución, lo que llevaría a un aislamiento político de los usurpadores. Otro, sería la evolución de las formaciones neoparamilitares, que ya han segado la vida de varios dirigentes principalmente en Urabá. Ambos factores hacen parte del ajedrez político que se juega hoy en todo el país, pero principalmente en Antioquia, donde se han desarrollado un empresariado mafioso ligado a la inversión agrícola, un paramilitarismo de nueva generación hasta ahora descentralizado, y un movimiento de víctimas y despojados de la tierra que sigue reclamando protección al estado, como primer punto de compromiso con su propia política. Es el problema de la propiedad agraria, más que cualquiera otro, el que está en la base de la actual confrontación entre el ejecutivo nacional y parte de las élites regionales de Antioquia.   

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