5 dic. 2011

Sobre la no extradición de Yair Klein


El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, acaba de negar la solicitud de extradición a Colombia del mercenario y comerciante de armas Israelí Yair Klein. Esta decisión, fundamentada en la desconfianza de esa Corte en el respeto por  los derechos humanos que se practica en nuestro país, tiene el valor de una condena más al gobierno del presidente Uribe por las reiteradas quejas que en esa materia han formulado organizaciones tanto nacionales como internacionales de reconocida imparcialidad, incluyendo al Departamento de estado de EE.UU.
La reacción airada del gobierno contra la negativa Europea, según la cual estamos ante una burla a las víctimas colombianas de los grupos paramilitares, llama la atención porque constituye una trasnochada invocación de la verdad como derecho inalienable de quienes han sufrido la muerte y el despojo a manos de esas fuerzas tenebrosas. El pronunciamiento gubernamental no es más que un recurso efectista para el consumo interno.
No puede invocar el derecho de las víctimas a la verdad un mandatario que hasta el día de hoy, no ha podido explicar convincentemente la extradición a EE.UU. de los 15 capos del narcoparamilitarismo que tenían la información más valiosa sobre  ejecución de delitos de lesa humanidad y sobre las estructuras políticas, económicas y militares que sigue ignorando la sociedad nacional. La extradición de esos 15 jefes de alta peligrosidad por el delito de narcotráfico (no por masacres) no fue más que la renuncia calculada a toda posibilidad de esclarecer miles de delitos contra campesinos y pobladores, además una genuflexión más del presidente Uribe ante los dictados del entonces gobierno republicano  de Bush.
La entrega de esa cúpula delictiva para que fuera judicializada por narcotráfico en el país del norte, precisamente el que menos autoridad moral tiene para juzgar el tráfico de drogas ilícitas, renunciando a su enjuiciamiento dentro del territorio nacional por masacres, torturas y despojos contra colombianos inocentes e inermes, significó una traición a la soberanía nacional en el plano de la administración de justicia, y esa si, una verdadera burla a las víctimas del narcoparamilitarismo.
El presidente firma autorizaciones de extradición a diestra y siniestra. Centenares de “mulas” anónimas constituyen una de las “exitosas” cifras de la seguridad democrática que orgullosamente exhibe este gobierno mandadero. Entre esos “peligrosos delincuentes” son más los colombianos de las clases medias empobrecidas que desesperadamente se juegan su futuro y el de los suyos desafiando los perros y las tecnologías de la DEA en los puertos aéreos y marítimos. Pero así como en estos dos cuatrenios los cohechos se volvieron unilaterales (hay quiénes reciben prebendas pero no quiénes las otorgan), también el delito internacional del narcotráfico se volvió unilateral, es decir, solo lo cometen los colombianos. ¿Cuántas extradiciones de narcotraficantes ha solicitado el presidente Uribe al gobierno de EE.UU.? Obviamente que esa no hace parte del arsenal de cifras de la seguridad democrática. Las “mulas” se extraditan con el argumento de que el tráfico de narcóticos es un delito “internacional”, pero lo extraño es  entonces, que lo cometan ciudadanos de un solo país.
Toda esa incoherencia, esas dobles morales y salidas en falso de este gobierno, tapadas con efectismos y cascadas de cifras, no pasan por alto en los altos foros de la justicia internacional. La no extradición de Klein, es una innegable afrenta a las víctimas del narcoparamilitarismo, es una negación  del derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación tantas veces negados dentro del propio país por el propio gobierno nacional. Es también un desplante a la seguridad democrática de una “banana Republic”.
El incidente Klein muestra qué tan lejos está ahora el estado colombiano de un estatus de merecido respeto en la comunidad internacional. Pocos meses atrás el vicepresidente Santos se dolía de los malos tratos recibidos de líderes demócratas estadounidenses cuando hacia “lobby” al TLC con ese país. Como si fuera para menos!. Las dádivas colombianas no paran en las extradiciones indiscriminadas del presidente Uribe; su territorio es ofrecido y entregado para la instalación de bases militares; todo a cambio de nada!.
Las relaciones de amistad y solidaridad con el gobierno de EE.UU. son necesarias. Pero la asimetría de ellas está bordeando los límites de la sumisión y una incondicionalidad que riñe con la propia constitución política, despierta la desconfianza y animadvesión de los países del área y, estigmatiza la conducta del estado colombiano en los grandes foros de la justicia internacional. Necesitamos un gobierno que entienda de soberanía y que no la reemplace con verborrea patriotera; que entienda de soberanía territorial y de soberanía jurídica; un gobierno que recupere el estado para la sociedad y lo habilite para que persiga por el mundo entero a los grandes victimarios de la población colombiana.
Abril 7/10.

No hay comentarios:

Publicar un comentario