5 dic. 2011

Santos y las luchas populares


Es una impertinencia hablar o escribir sobre la relación entre un presidente tan bueno, además recién posesionado, y las luchas del pueblo. “Todavía no es tiempo” gritan unos coros. “Déjenlo gobernar” agregan otros. Es como si llegáramos a dañar una fiesta apagando la música y dando malas noticias. Pero veamos:
Ya va quedando fuera de duda que algunos nos hemos equivocado cuando nos apuntamos a la tesis de la continuidad absoluta entre el gobierno de Alvaro Uribe y el de Juan Manuel Santos. Aunque la élite ilustrada capitalina cogobernó con Uribe e hizo parte de la horrible noche uribista, parece dispuesta hasta ahora a guardar algunas distancias y a propiciar por fin nuestro ingreso como sociedad al siglo XXI. Y como para ingresar al XXI hay que pasar primero por el XX, Santos se ha apersonado de algunos de los problemas del país que como un peso de cola le han impedido por décadas despegar y construir su desarrollo y su democracia, entre ellos la estructura de la propiedad agraria y las relaciones entre los tres poderes constitutivos del estado de derecho.
Debe también decirse –en favor de los equivocados– que el actual gobierno , sobre la marcha incorporó a su programa asuntos claves del de la oposición, que son precisamente los campos de batalla donde tendrá que empeñarse a fondo, poner a prueba la coalición de la Unidad Nacional que lo sustenta, y pasar así a la historia como un gobierno reformador o un continuador más. Las rupturas de los gobiernos entrantes con los salientes, han sido en Colombia previsibles y limitadas, pero la que estamos viviendo ha sido sorpresiva y sus límites apenas empiezan a dibujarse. De todas maneras ganar elecciones con un programa y gobernar con otro, tampoco es una novedad en la política colombiana, siempre y cuando las ejecutorias sean más retrógradas que los planteamientos.
Hace ya tiempo un pensador nos dijo que el poder es como el violín, pues se toma con la mano izquierda y se ejecuta con la derecha. Pero nunca imaginó en el futuro el surgimiento de un país Macondiano, donde un travieso llamado Juan Manuel iba a ganar unas elecciones prometiendo uribismo y a gobernar ejecutando reformas democráticas; a tomar el poder con su mano derecha y a ejecutarlo con el programa de la Izquierda democrática. ¿Alcanzará Juan Manuel a terminar su sinfonía?
Efectivamente –y ya otros lo han dicho– Juan Manuel Santos era simplemente el nombre del plan C del uribismo. El A era la reelección, a la cual se le apostó como a la primera incluso recurriendo al delito, y el B se llamaba Andrés Felipe Arias “uribito”, hoy reparado con una flamante embajada en Europa. Ese plan C era el más institucional y el más correcto política y judicialmente, pero riesgoso para la élite de gobierno porque tendría que entregarle su caudal electoral a un representante de otra élite más tradicional y menos arraigada en las mafias regionales que sustentaban al uribismo.
Lo primero que hizo Santos como gobernante fue construir su propia gobernabilidad, convocando la unidad nacional y tendiendo puentes de diálogo con el poder judicial, la oposición y los gobiernos vecinos; todo a despecho de un uribismo viudo del poder, cuyos dirigentes todavía lucen confundidos y no atinan a una oposición sistemática ni organizada, quizá a la espera de que su caudillo y jefe máximo regrese al país.
Ese buen entendimiento del presidente con los otros factores de poder, deberá concretarse si no quiere quedarse en guiños y protocolos, en una gran reforma política que le reconozca garantías a la oposición, restablezca el equilibrio y colaboración armónica entre las ramas del poder público y, aplique correctivos y modernice el sistema electoral. Si no hay reforma política el presidente Santos habrá perdido su mejor oportunidad para alinear al estado con el derecho y para reencauzarlo en el espíritu de la Constitución política de 1991.
El otro frente de gobierno que ha abierto el presidente, es el de las reformas sociales propiamente dichas, las más importantes de las cuales como la reestructuración de la propiedad agraria, la restitución de las tierras a los desplazados, la ley orgánica del ordenamiento territorial y la reforma a las regalías, necesariamente moverán el piso de los poderes subnacionales que atrincherados en sus particularismos y sus regionalismos atávicos, vienen saboteando desde el siglo pasado todos los intentos de reforma y modernización del sistema político colombiano.
Como quiera que los cambios institucionales y principalmente sociales que propone el presidente Santos, habrán de impactar aspectos estructurales de nuestra sociedad como las relaciones territoriales y de propiedad, las motivaciones objetivas de la violencia y las relaciones de poder entre las élites, es pertinente la pregunta por las correlaciones de fuerzas que habrán de permitir el éxito de las reformas propuestas. Ni el paso por los gobiernos liberales de la década de los 30s, ni por los Llerismos del Frente Nacional, ni por el Belisarismo de la década de los 80s, ni la Constitución de 1991, han logrado la convocatoria de movimientos democráticos lo suficientemente amplios y extendidos en el tiempo que logren la derrota estratégica de las fuerzas que hoy con otros nombres, siguen bloqueando las reformas sociales.
En todos los casos anteriores la necesaria movilización popular ha sido contenida, unas veces por la resistencia violenta de los sectores que defienden el statu quo y otras, por los mismos reformadores inconsecuentes que temen ser rebasados por las avalanchas de los inconformes. Si las decisiones últimas sobre las reformas que tiene en su agenda Juan Manuel Santos, quedan en manos de la clase política hoy agrupada y representada en la coalición de gobierno, están fracasadas desde el primer día de su vigencia legal. Las garantías que en adelante tenga la organización y movilización de los desterrados y los beneficiarios de las leyes de restitución y reparación, marcarán la pauta en los avances de las reformas si de verdad son profundas y no cosméticas.
No es posible. Nunca ha sido posible revertir las peores injusticias sociales si no es sobre la base de una amplia movilización de las víctimas y los beneficiarios de las reformas. Ni siquiera la Asociación Nacional de Campesinos –ANUC– que llegó a agrupar cerca de 800.000 afiliados en todo el país, logró sustentar debidamente el éxito de la Reforma Agraria impulsada por el presidente Carlos Lleras Restrepo a finales de los años 60s. Con el gobierno de Misael Pastrana Borrero (1970-1974) llegó la represión y el desmonte de la reforma para que la sociedad se sentara a esperar una nueva oportunidad sobre la tierra.
La reforma agraria y la restitución de tierras serán la gran casa en el aire de Juan Manuel Santos si no estimula de inmediato la organización de los futuros beneficiarios, y ante todo, si no activa un amplio programa de protección a los líderes sociales de los desplazados que hoy son carne de cañón del paramilitarismo que recicló la Seguridad “Democrática”. El pasado domingo 19 de septiembre, dos horas después de recibir de manos del ministro de Agricultura en el municipio de Turbo su título de restitución de tierras, otro líder campesino, Hernando Pérez, fue asesinado por “fuerzas oscuras”. Si a ese ritmo macabro va a ser la restitución de los dos millones y medio de hectáreas que ha anunciado el gobierno, si los títulos de restitución vendrán con un sufragio en el reverso, apague y vámonos. En este aspecto a diferencia de otros, Santos no podrá salirse con la suya transformando la estructura agraria sentado sobre su silla de la casa de Nariño; así le tema, deberá convocar un amplio movimiento campesino y de desplazados que respalden su política, para que dentro de unos años no tengamos que decir de ella lo mismo que hoy decimos de otros loables intentos del pasado: que fueron oportunidades perdidas o que las oligarquías locales se tiraron los buenos propósitos gubernamentales.
Pero Santos no es Carlos Lleras y mucho menos un López Pumarejo. El liberalismo “neo” de este siglo es solo una caricatura del liberalismo del siglo XX colombiano. López Pumarejo promovió la función social de la propiedad y el sindicalismo, mientras Lleras Restrepo impulsó la organización campesina en su intento por disolver el latifundismo improductivo y frenar la crisis urbana del país. Ambos líderes en su momento creyeron en el pueblo para impulsar las reformas necesarias dentro del capitalismo dependiente en que se desarrollaba la sociedad colombiana; a esos dos gobiernos están asociadas las dos únicas avanzadas de reforma agraria que ha habido en la historia del país.
No obstante, la historia de ese liberalismo que mal o bien quizo meterle pueblo a su proyecto de país, se desvanece completamente a fines de los 80s y principios de los 90s entre las administraciones de Barco y Gaviria. Este último adhiere sin reservas al Consenso de Washington y lanza al liberalismo hacia una derechización definitiva que organizativamente se expresa en sucesivos fraccionamientos entre 2002 y 2005 y, terminan confluyendo en el bloque uribista mayoritario y corrupto. El propio presidente Santos fue uno de los notables que hizo tránsito del Partido Liberal a fundador del Partido de la U, bastión fundamental del régimen que agenció la reelección y los desafueros contra el estado social de derecho y la Constitución del anterior gobierno.
De esta manera el liberalismo colombiano se transmutó en neoliberalismo y adoptó la ideología económica del libre comercio y el estado mínimo. Pero como la otra cara del neoliberalismo es el neoconservatismo, nuestros liberales de igual manera sumaron sus fuerzas al partido Conservador en el proyecto de cerrar el sistema político, derrotar a la oposición democrática y permitir que el brazo político del narcoparamilitarismo se acomodara debidamente dentro del aparato de estado. Desde entonces, contra una minoría que mantuvo el nombre del partido (el trapo rojo, dicen algunos), los liberales “neo” se sintieron mejor al lado de Uribe disfrutando del presupuesto y la burocracia. Nunca más volvieron a invocar al pueblo ni a las luchas populares, y participaron en cambio del macartismo y todas las estrategias del uribismo para satanizar las organizaciones y movilizaciones populares.
El liberalismo aristocrático de Santos, está por lo tanto ideologicamente limitado para emprender las grandes reformas democráticas que proclama. Su talante neoliberal y neoconservador, que suele disfrazar con el discurso de la Tercera Vía, es radicalmente distinto al de López Pumarejo y los Lleras. Teme mucho más a la movilización social que a la de las élites retrógradas de cuya mano se hizo como líder y con las cuales ha cogobernado. Será la sociedad civil, si a su vez logra construir y organizar fuerzas desde su base, la que dirima la suerte de las reformas, especialmente las referidas a los temas de propiedad agraria.
Sept 23/10

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