5 dic. 2011

Las élites y el relevo presidencial


El período de transición entre el segundo gobierno de Alvaro Uribe y el primero de Juan Manuel Santos ha resultado como para alquilar balcón. Durante las últimas semanas el mandatario saliente puso a prueba lo mejor de su talante pendenciero y lejos de concertar con su heredero político la toma de algunas decisiones delicadas para el inmediato futuro, se dedicó a meter palos en la rueda del futuro gobierno y a sacarse clavos con todo el que pudo. Fue el pálido final del gobierno más polarizante que tuvimos los colombianos después de los de Laureano Gómez y de Rojas Pinilla.
A Alvaro Uribe le quedó grande la investidura de jefe de estado que le ordenaba la Constitución de 1991; mal podía asumirla un personaje con mentalidad de justiciero de sus propias causas que no tuvo escrúpulos para atacar a otros poderes del estado cuando eran su familia o sus amigos quienes estaban de por medio, ni para prohijar el delito cuando sus adversarios eran las víctimas. Ese fue el Uribe que tan bien se autorretrató el último mes de su mandato.
Inesperadamente la transición entre un gobierno y otro se convirtió en escenario de la diferenciación entre el estilo de los nuevos ricos agrarios y el de los viejos potentados del país vinculados con la institucionalidad central y la cultura burocrática. Esa diferenciación se ha expresado con nitidez en la veloz rectificación que emprendió Santos de algunas medidas y conductas que heredó de su antecesor; en los primeros tres días de ejercicio recompuso las relaciones con las cúpulas del poder judicial y restableció el entendimiento pleno con el gobierno Bolivariano de Venezuela; y el cuarto día su ministro del Interior se reunía  con el partido de la oposición. Es decir, el verbo rectificar ha encabezado hasta hoy la agenda del nuevo gobierno y ha estimulado el optimismo de muchos que ya cantan “cesó la horrible noche…”
El hoy expresidente representó desde el solio de Bolívar los intereses y el liderazgo de las élites regionales que no hace mucho emergieron y consolidaron posiciones dentro del estado en las últimas tres décadas. Juan Manuel Santos en cambio, es la expresión más acabada de los círculos capitalinos del poder que pragmáticamente se subordinaron y colaboraron durante ocho años con el proyecto de la llamada Seguridad “Democrática”, como mucho antes estuvieron aliados con otros oscurantismos de otras ortografías. Los últimos acontecimientos parecen indicar entonces, que el país volverá a hablar como hace más de setenta años, de “Santismo”, esta vez para señalar un mandato continuador de las macropolíticas que lo precedieron, pero volviendo a la separación y armonía de las ramas del poder público, a un nuevo trato con la oposición y a una distensión de las relaciones internacionales. Es un nuevo ambiente para las inversiones de capital y los negocios que según nos han explicado, generará prosperidad, muchos empleos y muchas parcelas para la población campesina desplazada.
En parte el rápido restablecimiento de la relación con Venezuela, indica el afán de Santos por empezar la tarea de crear los millones de empleos a que se comprometió; es claro que en la reactivación económica de la frontera hay puestos de trabajo que sumarán en los primeros balances que se hagan del “Santismo”.
El panorama que se ofrece al nuevo gobierno es todavía incierto a pesar de su buen comienzo. No todo está dado para que Santos logre los resultados prometidos, y si sus programas en materia social no empiezan a hacerse tangibles en pocos meses, se le puede venir la noche encima y tras ella no solo la oposición democrática sino también la más fuerte de sus antiguos aliados del uribismo. El expresidente Uribe no esperó la posesión de Santos para empezar a marcar diferencias; las relaciones con Venezuela y con las altas cortes se las entregó lo más deterioradas que pudo, le comprometió las vigencias futuras del presupuesto y adjudicó la licitación para la construcción de la Troncal de las Américas contra todas las objeciones de los organismos de control y de  los ambientalistas del país. El Uribismo no hará uso de su buen retiro y por el contrario, estará al acecho del nuevo mandatario para recordarle que los votos obtenidos en las urnas eran prestados y que debe “aconductarse” si aspira a la gobernabilidad.
De ese tamaño es el reto que hoy tiene la élite Santista. O saca al país de la polarización mediante nuevas reglas de convivencia y la promulgación de una política social seria, o queda atrapada en la falacia uribista de la seguridad sin democracia y sin equidad social. El camino aún no está despejado y es largo el trecho por recorrer. Ya veremos a los francotiradores del uribismo hablando de traiciones a su patrón y añorando los tiempos idos. De hecho, el nuevo mandatario tendrá dificultades para ir mucho más allá de una diferenciación táctica con las otras fuerzas del establecimiento asociadas al llamado “uribismo rural”.
Una limitación se deriva del fenómeno electoral. Así Santos no hubiera sido el sucesor preferido de Uribe, lo cierto fue que en Él invirtió su capital político; no importa que a regañadientes. Las élites regionales hoy posesionadas en el congreso y en las administraciones locales principalmente, no estarán dispuestas a dilapidar su inversión, mucho menos si tantos de sus dirigentes continúan procesados o en la mira de un poder judicial independiente. Una de las apuestas del mandatario saliente fue la impunidad de esos sindicados y si Santos no la mantiene, deberá esperar los cobros no con el signo pesos sino con el signo votos.
Una segunda limitación es la propia trayectoria del actual jefe del estado. Fue el hombre de confianza del saliente y en esa medida, artífice de la degradación que la seguridad “democrática” agregó a la que ya tenía el conflicto armado colombiano, responsable político de las ejecuciones extrajudiciales de desvalidos inocentes (“falsos positivos”), además instigador de la pugnacidad con los gobiernos vecinos que Él mismo tuvo qué heredar. Esa condición de mano derecha del ex presidente Uribe, le pone también límites a su “grito de independencia” especialmente en el plano de los juicios que se ven venir a la gestión pasada. Cuidar la espalda de su antecesor, será cuidar también la propia en el caso de Juan Manuel.
Pero será fundamentalmente la plataforma social la que defina el éxito o el fracaso de esta administración. En esa materia Santos aspira a salirse con la suya, pues mantendrá las exenciones fiscales a los grandes inversionistas y un modelo productivo extractivo y exportador de minerales, al tiempo que anuncia rebajar el desempleo a un dígito y reducir la pobreza. Santos pues, insistirá como tantos en “terceras vías” ya experimentadas para hacer compatibles estado y mercado, le seguirá buscando el lado humano al neoliberalismo como Samper quizo después de César Gaviria “ponerle corazón a la apertura”. Es por ese lado que según nos anuncian, tendremos verdaderas novedades: crecimiento económico con generación de empleo decente, bonanzas extractivas con redistribución de ingresos y racionalidad ambiental, además tierras y reparación para las víctimas del conflicto, salud y educación de calidad, todo por cuenta de un auge económico eficientemente administrado por una “selección Colombia del neoliberalismo”, como algunos han llamado al equipo de colaboradores inmediatos de Santos.
Si para algo tiene todo servido el nuevo gobierno, es para la profundización de las dinámicas neoliberales en las políticas públicas que se imponen desde hace más de dos décadas. Los avances de la desregulación y el arrinconamiento del estado, en Colombia como en toda América Latina, han ocurrido sobre la base de las derrotas a la Izquierda y al movimiento democrático y han pasado cuando ha sido necesario por la instauración de dictaduras como las del Cono Sur. El sometimiento de la oposición democrática, que en otros países requirió de gobiernos militares, se ha logrado en Colombia mediante la combinación de todas las formas de lucha y mediante la desestabilización de la institucionalidad democrática-liberal como acaba de ocurrir en los dos cuatrenios de Uribe.
Es indudable que el neoliberalismo solo se abre paso en la medida que puede maniatar a la oposición democrática y despojar a los trabajadores y sectores medios de la sociedad de sus conquistas y derechos históricamente adquiridos. Pues bien; por eso en Colombia los huesos duros de roer para la imposición del modelo han sido los sindicatos, más del sector público que del privado, los débiles partidos de Izquierda y fuerzas marginales de la opinión nacional, hoy severamente debilitados tras ocho años de populismo autoritario. De alguna manera, Uribe hizo el trabajo sucio contra las fuerzas democráticas y de oposición, haciéndoles represión selectiva y estigmatización generalizada. Mediante estrategias mediáticas calculadas, el jefe de estado y su círculo, convencieron a la ciudadanía de que quienes se les oponían, jugaban en la cancha del terrorismo y de las Farc, con lo que construyó la justificación necesaria para golpearlos (por mano propia y ajena) y aislarlos de la opinión nacional. Esa fue la obra maestra de la seguridad “democrática”, y es simultaneamente la limpieza del terreno para que otros hagan el trabajo limpio, o sea los nuevos avances del modelo neoliberal que le corresponde liderar a Juan Manuel Santos sin perseguir a la oposición, ni a las altas cortes, ni a los periodistas y académicos independientes, todo en un ambiente de distensión internacional.
Esa tensión entre un Uribismo consolidado y un Santismo que intenta despuntar como opción política, es lo que ha definido hasta ahora la transición presidencial. Los partidos políticos mayoritarios agrupados en la Unidad Nacional lucen desconcertados frente a la coyuntura y parecen a la espera del trámite del paquete legislativo de Santos para terciar. Si el presidente electo sigue marcando diferencias con el saliente, podemos esperar novedades en la vida interna de esos partidos y de la misma Unidad Nacional. Lo otro sería asustarse no propiamente con el cuero, sino con el estallido de los carros-bomba, un ambiente de amenazas e intimidaciones, la reactivación del narcoparamilitarismo y el regreso a un gobierno inconstitucional.
Lo inesperado en todo esto ha sido, el trauma que ha significado un relevo entre dos élites que no habían exhibido fisura alguna en su ejercicio de ocho años de gobierno. Además estamos entendiendo lo costoso que resulta recomponer los elementos básicos del funcionamiento institucional cuando han sido seriamente dañados por el populismo de derecha.
Muy pocas veces en la Colombia moderna una transición presidencial tuvo los ribetes de confrontación que ha tenido la actual; todas habían ocurrido dentro de límites de discreción y gradualidad. Pero el relevo que hoy vivimos, tiene una marcada connotación de élites. Por un lado, la que se desarrolló en los márgenes de la ley y el estado de derecho en las regiones prósperas del país, con vocación de perpetuidad, que encontró en Uribe el líder hecho a su medida; y por el otro, un sector del establecimiento con tradiciones y ancestros en la historia presidencial, el gran periodismo y los intereses capitalinos.
Que tomen partido los que tengan qué hacerlo. Pero sí preferimos que la residencia presidencial deje de ser la casa de “Nari” y vuelva a ser la Casa de Nariño.
Ago 16/10

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