5 dic. 2011

Del estado fallido al estado fallido


Las protestas de la juventud española de la última semana contra el orden injusto y corrupto que han impuesto los gobiernos banqueros a ese país, dicen mucho a quienes queramos entender el orden que nos rige a este lado del océano. Son muchos los temas en que “si por aquí llueve por allá no escampa”, o viceversa. Un aspecto que entre muchos otros nos emparenta con la península Ibérica es que sufrimos como nunca antes el embate ilegal de intereses privados, que han penetrado las instituciones del estado y las están utilizando como herramientas de un saqueo generalizado de los recursos públicos, en el marco general de políticas económicas que se cocinan en los burós de los organismos financieros multilaterales.
Lo que llamamos de una manera generalizada “corrupción”, para señalar diferentes modalidades delictivas contra el erario, tiene en cada país y en cada momento características, métodos, escalas y actores distintos. En Colombia no existe hasta hoy un análisis integral y de fondo sobre lo particular del fenómeno entre nosotros, aunque hay piezas ya escritas sobre aspectos relevantes de él, como son los estudios sobre el clientelismo político y sobre el narcotráfico, además de importante periodismo investigativo sobre “parapolítica”, “yidispolítica”, “AISpolítica”, “Saludcoopolítica”, “paraeconomía”  y otros escándalos que han sido objeto de tratamiento por los grandes medios de comunicación. Pero sí ronda en el aire esa pregunta punzante, que como todas las preguntas inteligentes, derrumba el sentido común y pone contra la pared todos los simplismos que oímos repetir a diario desde que alguien lanzó la primera alerta: ¿De qué está hecha la corrupción en Colombia?, ¿Cuáles son sus lógicas? ¿Qué la diferencia, además de sus proporciones, de la estadounidense, la peruana, la italiana o la de cualquier otro país?
Lo que sí sabemos todos es que sus dimensiones están desbordadas y lo que es mucho decir, están despertando la capacidad de asombro de nuestros conciudadanos del montón. Es así como por cuenta de los asaltantes, ya no de camuflado sino de cuello blanco, hemos vuelto al “estado fallido” de principios de la década pasada; una nueva versión de la patria boba; pasamos de un estado que no controlaba el territorio a uno que no controla el tesoro público; de una ilegitimidad a otra. Atormentado por el fracaso de la negociación del conflicto armado que adelantó el expresidente Pastrana, el país se entregó en brazos de un líder autoritario que le prometió seguridad “democrática” y moralizar el ejercicio de la política. Después de ocho años la seguridad era un servicio cada vez más privatizado y el oficio de la política y la administración pública estaban más envilecidos que nunca. El precio que nos cobraron por arrinconar a las FARC no fue otro que repartir el estado entre todos los que se subieron al carro del triunfo a abrazar al de “inteligencia superior”.
Un análisis evolutivo de la corrupción en Colombia no empieza con la irrupción del narcotráfico y sus primeras bonanzas de los años 70s. Obviamente que delitos contra el erario público aparecen en todos los momentos de la vida nacional. Pero entender el fenómeno hoy con sus expresiones y consecuencias sería imposible sin hacer el seguimiento al narcotráfico, en tanto significó la actividad económica alrededor de la cual se estructuró un nuevo sector de clase dominante en Colombia que a través de un proceso de tres décadas, entró definitivamente a los puestos de comando del estado, logró alianzas con los otros sectores dominantes y además interlocución directa con todos los estamentos de la sociedad nacional.
Ese sector de clase, que al lavar gran parte de sus activos en el mercado de tierras resultó estrechamente aliado con los latifundistas hasta confundirse con un subsector de ellos, irrigó sus inversiones y sus ganancias hacia casi todas las actividades económicas del país. Pero con esa irrigación de la riqueza mal habida marchó paralelamente la difusión de un ideario “presentista” que privilegió el enriquecimiento fácil y la justificación del fin por los medios. En efecto, el narco en Colombia se estructuró como una derecha lumpen amparada en el sicariato, la extorsión y los delitos atroces cuando ha actuado a través de sus aparatos militares.
El ideario del narco, si merece tal nombre, y que difusamente se expresa en la llamada cultura mafiosa, es hoy día un sistema de valores ampliamente extendido en todas las capas de la sociedad nacional, y que ha impactado de manera visible el hacer político dominante envileciendo aún más sus métodos y sus contenidos, estructuralmente truculentos y mafiosos desde sus sistemas de financiación. Los certámenes electorales, súmmum de la participación ciudadana en democracias formales como la nuestra, están convertidos en competencias financieras donde los intereses privados ya ni siquiera suelen disfrazarse de públicos. La cultura mafiosa por esta vía, hace ebullición dentro de la política y particularmente dentro del estado convirtiéndolos en medios para obtener ventajas económicas personales al alcance de contratistas, proveedores de bienes y de servicios, asesores, consultores, lobbystas, negociantes, avivatos, intermediarios, falsificadores, cazadores de subsidios, cazadores de votos y hasta ciudadanos de a pié que convierten su derecho al sufragio en una oportunidad de negocio.
Carente de vocación civil y de un proyecto de estado públicamente presentable, el narco se ha alimentado del modelo de desarrollo económico imperante, que le facilita como ninguno otro, la libre movilidad de sus  hombres y sus capitales, desde dentro y fuera de las instituciones. La ineptitud del estado, de sus órganos de control y de sus superintendencias, sumadas a unas políticas públicas como las de salud que entregan a la voracidad de los operadores privados la gestión de los servicios, se han convertido en el hábitat natural donde crece y se reproduce ese sector de la sociedad originado en el narcotráfico y que ha devenido en una federación de mafias enquistadas en partes sensibles del aparato estatal.
En Colombia como en todas las naciones, la corrupción es eminentemente un fenómeno de privatización; es el asalto a los recursos de los ciudadanos salvaguardados por el estado, lo cual requiere de actores delincuenciales tanto dentro como fuera de las burocracias de esas instituciones. Cuando parcelas enteras del estado han sido penetradas y puestas al servicio de actores privados, estamos asistiendo a un despojo, a una expropiación de hecho, donde unos bienes, servicios e instituciones, así no cambien sus personerías jurídicas salen del ámbito de lo público y pasan a control de particulares. La corrupción, por vías ilegales, reduce el estado más allá de los límites donde lo ha llevado el neoliberalismo.
La burocracia del estado neoliberal se alimenta de profesionales neoliberales. Tampoco hay qué rasgarse las vestiduras. Siempre buscando al ahogado río arriba y siempre buscando explicaciones fáciles, algunos dicen ahora que el problema de la corrupción es la trayectoria empresarial de algunos altos funcionarios que brincan como si nada de asesorar entidades privadas a ser hasta ministros o consejeros presidenciales. Indudablemente que hay una pléyade de abogados, economistas y otros profesionales de universidades de élite casi todos, que se mueven en las altas esferas del poder recorriendo cargos públicos y privados éticamente incompatibles, sin pudor alguno. Son cosas de la ya mencionada cultura mafiosa. Pero más allá del asunto personal, mejor cabe preguntarse qué permite que alguien pueda ser  tan competente en el sector privado como en el público, pues nunca hasta  donde sabemos, tales profesionales han sufrido mutaciones ideológicas o trastocamientos en su escala de valores y mucho menos traumas existenciales. En este punto vale recordar que las brillantes recomendaciones que Juan Carlos Echeverri hizo a la hoy intervenida Saludcoop como Asesor, son totalmente coherentes con las que luego hizo como Ministro de Hacienda en el Congreso cuando se discutió la ley 1438/11 para reformar el sistema de salud.
Cuando el estado ha sido puesto de rodillas ante los intereses particulares y los pulpos del capital, nadie mejor que los doctores del mercado para dirigir sus instituciones y gestionar la prestación de los servicios. Por eso es que brincan del mercado al estado y del estado al mercado y siempre quedan ilesos. Nadie les puede demostrar conflictos de intereses. ¿Acaso el estado en Colombia está para meter en cintura a quienes se enriquecen a costa de la población necesitada? Si así fuera, no estaríamos viviendo en una de las sociedades más inequitativas de América Latina y del mundo entero. De manera que el problema es ante todo del estado y de su política económica, antes que de individuos relativistas morales que siempre los habrá.
La corrupción en Colombia hoy, es un estrecho abrazo entre el narco y la economía de mercado, aliados en su propósito de acabar con lo que queda del estado mientras la sociedad permanece atada por la trivialidad mediática en la búsqueda de culpables con nombre propio, que en el mejor de los casos irán a las cárceles mientras baja la marea publicitaria y vuelven a sus paraísos a disfrutar la riqueza mal habida. Mientras el narco siga manteniendo las posiciones dentro del estado que al final conquistó de la mano del ex presidente Uribe, los robos al erario serán un círculo vicioso que empezando en la financiación de campañas políticas, atrapa a los políticos electos y estos a los funcionarios gubernamentales que luego legislan y administran para quienes pusieron el dinero. Es el gran carrusel que se aceita y funciona a punta de billetes, convirtiendo así el oficio de la política y de la administración pública en un patrimonio exclusivo de mafias descentralizadas pero articuladas nacionalmente con los grandes capitales.
Pero el precio más alto que paga una sociedad por la corrupción del estado, no es el económico, que dadas ciertas condiciones puede ser reparable. Lo que tarda y cuesta mucho revertir es la incredulidad de los ciudadanos, la sensación de impotencia y la mentalidad de “sálvese quien pueda”, más en un país con ofertas de ilegalidad permanentes y abiertas como el nuestro.
La lucha contra la corrupción será en Colombia una confrontación larga, y tendrá que ser ante todo una lucha política, por imponer en el país el ejercicio de otra política diferente a la del dinero y de las mafias, diferente a la que nos impusieron los narcos. Cada actor tiene su puesto de combate. Las cortes y lo jueces tienen qué seguir investigando y castigando con el apoyo de la sociedad civil; también tienen funciones los académicos y periodistas independientes, las minorías, los sindicatos, los campesinos y todos a quienes interese recuperar la política y el estado como instancias máximas de la vida pública. El gobierno actual debe hablarle claro a la sociedad sobre este asunto; debe decirnos si va a depurar el estado que nos dejó el uribismo y en consecuencia a tomar la iniciativa, o va a cohabitar con los corruptos y a esperar que los medios de comunicación vayan destapando ollas podridas.
Las organizaciones de la sociedad civil más que nadie, tienen la palabra, en una lucha que al proponerse la recuperación del estado para el derecho y para las mayorías nacionales, está estrechamente articulada a la lucha por el estado social de derecho que proclamó la Constitución de 1991. Un estado que no controla los recursos públicos y no se planta ante la voracidad de los actores económicos privados, simplemente se sitúa al margen del orden constitucional.
Estamos de vuelta al estado fallido. Se discute hoy si esta debacle causada por la corrupción es más grave que la causada por la acción de los grupos armados ilegales. Tiene poco sentido ese debate, pero sí es cierto que igual que la violencia, este saqueo generalizado hace inviable al estado y a la nación misma, prolongando así la crisis de liderazgo y la ausencia de una élite que tenga la generosidad suficiente para construir sociedad nacional, con lo único que se puede construir que es con legitimidad.
Mayo 23/11

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