18 nov. 2013

El fallo de La Haya y el pueblo raizal

Se cumple un año desde que la Corte Internacional de Justicia, cuya sede es La Haya, emitió el fallo definitivo sobre el diferendo limítrofe colombonicaragüense respecto a áreas reclamadas en el mar Caribe. Un año de nacionalismo manipulado y silenciamiento de las voces del pueblo raizal sanandresano.
La política internacional de Juan Manuel Santos, que tantas bondades prometía cuando se posesionó y recompuso las deterioradas relaciones con el vecindario, cayó definitivamente en el fango de la politiquería supeditada al supremo interés de su reelección. Con la mira puesta en ese propósito, el gobierno ha enfrentado recientemente los diferendos con Nicaragua y Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia jugando unas cartas y escondiendo otras para ganar el aplauso de una galería fácil de alebrestar.
El litigio entre Colombia y Nicaragua por la delimitación marítima ocurre en el marco de las viejas instituciones y las viejas concepciones sobre la geopolítica de la guerra fría, marcadas por un realismo a ultranza que solo reconoce a los poderes ejecutivos como únicos interlocutores válidos del sistema jurídico internacional. El viejo concepto de soberanía, en ese orden de ideas, sigue siendo un absoluto para garantizar la seguridad dentro del orden global y dejar de lado las reivindicaciones de minorías internas que podrían desestabilizar regiones enteras del planeta.
Las minorías nacionales y las étnicas carecen de estatus político en ese contexto de vieja institucionalidad en que se siguen resolviendo o intentando resolver los litigios internacionales. Los gobiernos colombianos de Pastrana, Uribe y Santos no se sintieron obligados a mantener una permanente relación y diálogo con la comunidad raizal de San Andrés y Providencia para hacer respetar sus intereses a lo largo de la tramitación del diferendo con el país vecino. Tampoco se los exigía la Corte Internacional de Justicia.
El descontento que ha generado entre los sanandresanos el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia que asignó a Nicaragua 75.000 kilómetros cuadrados del mar Caribe, se fundamenta en que nuevamente fueron convidados de piedra en un asunto directamente relacionado con su territorio y sus condiciones de vida. Solamente cuando las cartas estaban ya jugadas y el resultado adverso para Colombia estaba dictado, el estado se acordó de esa minoría étnica y ha tratado de convertirla en uno de los factores centrales de su argumentación para evadir el cumplimiento del fallo. Solo ahora empiezan a aparecer los recursos del tesoro nacional que durante décadas han reclamado los sanandresanos para mejorar sus condiciones de vida y preservar su identidad cultural. El presidente Santos anunció el 9 de septiembre como parte de la “estrategia integral de Colombia frente al fallo de La Haya”, mediante alocución televisada, que los nuevos programas para las islas más que duplican la inversión anual histórica en su desarrollo.
En efecto, esta semana el Consejo de Ministros aprobó la segunda fase del “Plan San Andrés, Providencia y Santa Catalina” que destina 70 millones de dólares para inversiones en salud, educación, infraestructura, pesca industrial y artesanal, cultura, deporte, servicios públicos, saneamiento y turismo. Estos recursos, provenientes del BID, son adicionales a los del Plan Fronteras para la Prosperidad –PFP– que ya se venían ejecutando. Nunca antes la isla había tenido disponible un caudal de recursos semejante para invertir en su desarrollo, consecuencia innegable del fallo del alto tribunal de La Haya, que plantea al estado colombiano el reto de reafirmar su soberanía sobre un territorio donde sus habitantes no se sienten igualmente colombianos a los del interior ni igualmente representados en las instituciones nacionales.
Estas nuevas inversiones y la abrumadora presencia del funcionariado, no han logrado acallar las voces del descontento raizal con el estado colombiano, que no ha cumplido su promesa de proteger a los isleños en su identidad, su cultura y sus condiciones de vida.
Las reivindicaciones de esa minoría habitante del archipiélago son tan históricas como la indiferencia del estado colombiano respecto a ellas. Desde la época de la Regeneración a fines del siglo XIX, los gobiernos  nacionales solo han querido “colombianizar” a San Andrés y Providencia, en un largo proceso que ha contado con el activismo del clero católico, especialmente los Capuchinos, disolviendo la lengua nativa, las religiones, las formas de vida y demás expresiones culturales de esa comunidad.
Un hito que fue definitivo en ese proceso de “colombianización” fue la declaración que recibió de puerto libre en 1953 por el gobierno del general Rojas Pinilla. Esa medida convirtió a las islas en una especie de colonia interna para el desarrollo del contrabando, el turismo y el saqueo ecológico perpetrado por los habitantes continentales, especialmente de la Costa Atlántica y extranjeros Sirio-libaneses. La conversión en “puerto libre” fue una maldición para la comunidad raizal; en pocas décadas fue reducida a una minoría arrinconada en su propio territorio, segregada por una marea de negocios y prácticas ajenas a su cultura, sin protección alguna por parte del estado.
Las nuevas generaciones de isleños han crecido bajo el sometimiento cultural de los colombianos continentales, acorralados por el turismo y los estilos de vida consumistas y mafiosos que se exportan desde el interior. El mestizaje demográfico y cultural es un proceso desbocado a partir del modelo de desarrollo de colonización y despojo impuesto por la metrópoli colombiana.
Contra el fallo de La Haya, se ha esgrimido también el argumento ambiental, en particular la preservación de la reserva de la biósfera Seaflower, reconocida por la UNESCO en 2000. El gobierno ha alzado su voz ante el anuncio del Ministerio de energía y minas Nicaragüense de realizar a través de empresas norteamericanas, la perforación de pozos petroleros en aguas profundas ganadas en el litigio con Colombia. Hasta aquí, todo se puede aplaudir. Pero el gobierno de Santos no puede quedarse atrás cuando de extractivismo se trata, pues un año antes del fallo la Agencia Nacional de Hidrocarburos también había otorgado licencias para explorar y explotar pozos en la reserva marina protegida en Quitasueño y Providencia sobre casi 2 millones de hectáreas. La comunidad raizal se movilizó rápidamente contra la concesión y el presidente tuvo que renunciar al proyecto de extracción petrolífera.
Para el gobierno la depredación ambiental solo es condenable cuando la practican los otros estados. Es la misma doble moral con la que se hizo el acuerdo con Ecuador para que su demanda por las fumigaciones con glifosato en la frontera fuera retirada de la C.I.J. La administración Santos pagará al gobierno de Correa 15 millones de dólares para programas de desarrollo en la  zona limítrofe por los perjuicios causados con las aspersiones aéreas del veneno. Mientras tanto los campesinos de las zonas fumigadas en Colombia, sin quién los oiga, siguen reclamando indemnizaciones y programas de sustitución de cultivos.
La “estrategia integral de Colombia frente al fallo de La Haya” anunciada el 9 de septiembre, más allá de su consistencia jurídica, busca evadir y posponer los efectos de un problema mal tratado por gobiernos anteriores. Es conducta corriente de la clase política hacerse a la orilla para que el muerto siga aguas abajo; lo hicieron Pastrana, Uribe, y ahora Santos. La calificación de “inaplicable” para el fallo de La Haya resulta políticamente perfecta para hacerle el quite en un trance de reelección y dejar para un futuro incierto su aplicación por otro gobierno. En la misma dirección van las ya consideradas invocaciones a los derechos de los Isleños y a la integridad ambiental del archipiélago.
El litigio colombonicaragüense, su trámite y su resultado, le plantean a la sociedad el interrogante por el estatus de las minorías étnicas en las condiciones actuales de dominio de los mercados globalizados, lo mismo que el de las nacionalidades y los grupos originarios de los cuales provienen. Los derechos que la Constitución política de 1991 reconoce a los pueblos originarios de nuestro país, han sido un impulso a procesos identitarios que avanzaban desde momentos históricos diferentes. Desde la década de los ochentas había un proceso de organización de la comunidad raizal que quiso institucionalizar el constituyente de 1991 pero que careció en su momento tanto de la representación como de la consulta directa a esa comunidad minoritaria. Inmediatamente después de la entrada en vigencia de la Carta de 1991, el estado colombiano ratificó el Convenio 169 de la OIT de 1989 sobre los pueblos indígenas y tribales de los países independientes, que lo compromete con el respeto y la promoción de la identidad de nuestras comunidades originarias.
Tanto la Constitución como la ratificación del Convenio 169 han abierto nuevas perspectivas al movimiento raizal del archipiélago, dispuesto ahora a hacerse oir en el proceso de construcción de su propia identidad anglocaribeña, diferente a la de los otros grupos poblacionales del continente en lo religioso, lo lingüístico, lo económico y lo cultural. Los sanandresanos quieren ser primero que todo raizales con todos sus derechos, y en pleno ejercicio de ellos deberán tomar sus propias decisiones en todos los órdenes de la política nacional e internacional. No podrán seguir siendo convidados de piedra en la mesa donde otros negocian su futuro.
La globalización de las relaciones capitalistas pretende estandarizar, homogeneizar y arrasar las particularidades culturales bajo el paradigma del mercado mundial y el poder político del mundo financiero. Pero también se desarrolla paralelamente el mundo de las resistencias apalancado por las culturas; es el desafío de lo diverso, lo  minoritario y lo alternativo. El estado capitalista decadente es una de esas aplanadoras –locomotoras, diría Santos– de la sociedad y de la naturaleza que pretenden uniformarlo todo –menos la distribución de la riqueza– para el dominio del capital. La “colombianización” inconsulta del pueblo sanandresano, así como la de otras minorías nacionales, materializa la relación colonial de las fuerzas dominantes del país con las comunidades que más nítidamente expresan las identidades con los pueblos originarios.

Una democracia profunda, verdaderamente liberadora, no puede atar su suerte a las pretensiones de los viejos estados nacionales y sus disputas, concebidos dentro de una institucionalidad para la dominación de los pueblos y la apropiación de sus recursos naturales. El signo de los tiempos que vivimos, no solo en América Latina, nos obliga a mirar más allá y más acá de las imaginarias fronteras geopolíticas, donde diversos pueblos se levantan para oponerse a la globalización capitalista y reivindicarse como unidades étnicas, culturales e incluso nacionales. Esto es, entender la perspectiva de lo territorial en el mundo de las luchas emancipatorias del siglo XXI.

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