3 mar. 2013

La paz: negociaciones en Cuba, negociaciones en Colombia


La búsqueda de la paz negociada del conflicto armado colombiano no ha sido nunca una política de estado. Ni podrá llegar a serlo, mientras las clases dirigentes en conjunto y todos los poderes constitucionales no se comprometan con ese objetivo nacional, y en cambio, lo sigan convirtiendo en estrategia electoral, bien para hacer oposición, bien para lograr reelecciones u otras ventajas de partido. La necesidad de la paz no ha sido un consenso de las fuerzas políticas que gobiernan el país: ni se han puesto de acuerdo en los costos que deberán asumir por la pacificación, ni han desaprovechado las iniciativas de negociación para saldar cuentas con los opositores. “Política de estado” es un rótulo que cada gobierno ha puesto a la propia, intentando legitimarla por la vía retórica y ocultando que más que la reconciliación, se pretende pasar a la historia, ganar un Nóbel o vencer en la contienda electoral siguiente. Nunca la mezquindad ha sido inferior a los altos intereses nacionales de la convivencia y los preceptos constitucionales sobre la paz.
Todos los gobiernos que hasta hoy han ensayado el método del diálogo con la insurgencia, se han visto obligados a abrir simultaneamente otras mesas de negociación, estas invisibles, con los enemigos de la paz que cohabitan dentro del establecimiento. Esos enemigos de la reconciliación no siempre han pertenecido a partidos distintos al del presidente y ni siquiera han estado muchas veces fuera de los gobiernos, solo que son parte decisiva de eso que suele llamarse “el establecimiento”, el bloque de poder que lleva en hombros la defensa del statu quo social, político y económico.
Todos los gobiernos, partidos y grupos políticos declaran siempre querer la paz. Lo que hace la diferencia entre todos ellos son los costos que están dispuestos a pagar a cambio. Los enemigos de la paz en Colombia hoy como siempre son aquellos que la exigen de gratis: sin reformas sociales, sin garantías democráticas, sin negociación: “que entreguen las armas, y ya” suelen decir.
De esta manera, gobierno que abre una negociación, abre una caja de pandora de donde salen las más ambiciosas exigencias de quienes no se consideran representados o simplemente, mantienen la tesis de la solución militar como única manera de salir del pantano de la guerra. Ese es el momento para las derechas de desempolvar viejas aspiraciones, renovar su discurso autoritario y pasar nuevas cuentas de cobro. Las políticas de paz han sido, en el mejor de los casos, frágiles políticas de gobierno, que no convocan al conjunto de la dirigencia nacional, entusiasman cada vez menos a las mayorías y por lo tanto han fracasado en su propósito central de superar el conflicto armado.
El proceso de diálogo que abrió el presidente Santos con las FARC trajo como siempre los optimismos iniciales. Los ciudadanos ofrecieron su apoyo entusiasta y el movimiento democrático se puso a disposición de los diálogos, pero en la medida que se avanza y a pesar de los logros –y en parte debido a ellos– se van destapando las cartas de los dirigentes ganaderos, militares, uribistas y demás agentes del establecimiento reacios a la solución política del conflicto, los dispuestos a cien años más de sangre bajo la teoría del “fin del fin”. En los primeros días antes y después de la instalación de la mesa de conversaciones, predominaban las consideraciones humanistas sobre el diálogo y sus objetivos, pero pasados escasos meses el discurso confrontacional está marcando el orden del día, la mesa tambalea y si antes que sea tarde un sólido movimiento social no sale en su defensa, podríamos estar coleccionando un fracaso más en la lucha por la paz interna. Están saliendo a flote los complejos cálculos en que el presidente ha basado su apuesta de negociar la solución del conflicto y sobre todo, las negociaciones no formales que desarrolla con poderosos sectores del establecimiento, más acá de La Habana y con sus pares del gran partido del orden.
Un primer asunto del complicado cálculo fue el del cese de hostilidades. La lógica fue tan militar como la del Caguán: se negocia con cese de fuegos cuando la guerra se está perdiendo, pero si se lleva la ofensiva en los campos de batalla, esta debe escalarse para alcanzar mayores ventajas en la mesa de negociación. Bajo el prurito de no repetir los errores del pasado, Santos logró meter al país (y a las mismas FARC) en la esquizofrenia de unos diálogos cruzados por la crónica militar cotidiana de los combates y las bajas de lado y lado. Era la única forma de neutralizar el militarismo y la oposición de quienes sueñan aún con la paz impuesta por las armas. No quizo el presidente ofrecerle al uribismo esa nueva evidencia de traición a la seguridad “democrática”.
La conformación del equipo negociador del gobierno, por otro lado, expresa el cálculo sobre las correlaciones de fuerzas al interior del bloque de poder dominante, al incluir a las dos fuerzas que tienen la capacidad suficiente de dar al traste con el proceso: las fuerzas armadas (Mora y Naranjo) y el gran empresariado (Villegas). Santos sin proponérselo, envió el mensaje a todos los colombianos de que son los “cacaos” y los militares los únicos en capacidad de interpretar su política y sus concepciones sobre el conflicto armado que afecta al país. No olvidemos que los otros negociadores por el gobierno, De la Calle, Jaramillo y Pearl son politicamente subalternos del mandatario. Santos decidió excluir de la mesa de negociación con la insurgencia lo que algunos llaman “el país nacional”, y este después de algunos pataleos parece haberlo aceptado, bajo el entendido de que no es parte beligerante en el conflicto o de que su roll fundamental está reservado para la etapa de implementación de los acuerdos.
Esta negociación en curso, al igual que las anteriores, se desarrolla bajo el telón de fondo de una sorda rebelión de las derechas que el mandatario de turno solo atina a capotear mediante continuadas concesiones y calculados silencios. En noviembre de 2012, el presidente Santos facilitó la reelección por el senado del procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, un “fanático premoderno” que culminaba su primer período saturado de polémicas por su abierta oposición a los derechos constitucionales de las mujeres y las minorías sexuales que incluso lo enfrentaron con la Corte Constitucional, quien lo obligó a retractarse de declaraciones dadas contra la despenalización del aborto. Esa reelección además, fue bochornosa por los intercambios impunes de favores y violaciones de impedimentos entre el elegido, los senadores y las cortes, frente a lo cual el presidente Santos no dijo “esta boca es mía”, no apoyó a su propia candidata mientras se le negaban sus garantías, y terminó lavándose las manos ante la opinión nacional, que esperaba de Él una actitud menos complaciente y por lo menos liberal frente al espectáculo que a tantos colombianos repugnó.
Luego vino la aprobación, por iniciativa gubernamental, de la reforma constitucional al fuero militar, un reclamo de las fuerzas castrenses instigadas por la dirigencia uribista, que desde años atrás busca poner a los uniformados a salvo de la justicia ordinaria ampliando la jurisdicción militar respecto a delitos cometidos fuera del servicio. Tal reforma se montó sobre el discurso de la seguridad “democrática” según el cual las guerrillas están ganando la guerra porque la inseguridad jurídica tiene a las tropas  desmoralizadas, y la solución es un fuero más generoso y ampliado porque en el oficio de los militares hay asuntos que el resto de los mortales, incluídos los jueces, no podemos llegar a entender. De nada sirvieron las advertencias y llamados de atención de la ONU, la Comisión interamericana de derechos humanos y demás organismos internacionales del ramo; la reforma al fuero se hizo norma constitucional en plena negociación del conflicto armado.
La más reciente concesión o más elocuente silencio, fue el nombramiento del abogado encargado de la defensa del estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al caso de las desapariciones forzadas del Palacio de Justicia en 1985. La cúpula de las fuerzas militares vetó al abogado que designó el gobierno y al tiempo impuso a Rafael Nieto Loaiza, un delfín que solo el año pasado obtuvo su tarjeta profesional y que ya fracasó en otros pleitos como defensor del estado en tribunales internacionales. Pero la jugada completa es mucho más grave: se trata de que el alegato de Nieto ante la Corte niega de tajo las desapariciones que la propia justicia colombiana ha demostrado en múltiples procesos y que los colombianos podríamos decir, vimos por televisión en vivo y en directo. Ese abogado, con jugosos honorarios pagados por todos los colombianos, no está haciendo una defensa del estado sino de algunos militares que están procesados por violar derechos humanos, y de paso está deslegitimando a los jueces colombianos que con valentía han puesto su dedo acusador sobre tales funcionarios como el coronel Plazas Vega.
La supuesta defensa que hará Nieto del estado colombiano será un gigantesco oso, y la imagen internacional del país sufrirá otro golpe más; quedará en evidencia el irrespeto a la rama judicial y el desequilibrio de poderes, el tráfico de influencias, la doble moral y la ausencia de toda consideración a las víctimas. La pregunta que entonces surge es obvia: ¿Y el presidente Santos cuál país está presidiendo?
Con todo, la negociación avanza en La Habana y ya puede mostrar acuerdos en el asunto crucial de las reformas agrarias. Puede decirse que los cálculos del gobierno hasta hoy están resultando acertados. Ha dicho Santos que hay unos inamovibles frente a las FARC que no son objeto de discusión, pero quisiéramos saber si en las otras negociaciones con sectores del establecimiento hay inamovibles también, o si a medida que vaya pactando con la insurgencia continuará satisfaciendo las exigencias sin fin de los enemigos del proceso de diálogos. Los acuerdos previsibles a los que proximamente llegarán las partes, agudizarán las oposiciones de los que ya la han declarado, quienes trinarán sin descanso y buscarán en su campaña contra el proceso consolidar sus proyectos electorales hacia 2014.
En ausencia de una política de estado para la solución del conflicto, las negociaciones se desarrollan en diversas mesas paralelas que el presidente atiende simultaneamente. Por ello lo vemos haciendo declaraciones equívocas que un día van dirigidas a unos y al día siguiente a otros interlocutores, cuando no moviéndose al ritmo que le van marcando las encuestas de opinión. La finalización del conflicto armado es un clamor nacional de décadas, pero las dificultades como estamos viendo, no estaban unicamente dentro de las FARC sino también al interior del establecimiento. Si este último se asustó cuando luego de unos acuerdos entre el gobierno Betancur y esa organización, la Unión Patriótica conquistó solo veinte alcaldías en todo el país, tendrá mayores sobresaltos cuando poco a poco se acuerden  y se concreten los puntos de la agenda que faltan por abordar en La Habana.
Los negociadores coinciden en que las conversaciones se desarrollan exitosamente en Cuba. Donde hay nubarrones es en territorio colombiano, donde el presidente Santos aparece en solitario y sin la convicción suficiente para las batallas venideras, más dispuesto a las concesiones que a pararse firme en el proyecto con que inicialmente entusiasmó a los colombianos. Nadie puede estar aún seguro de un final del conflicto en lo que resta del año; el camino por recorrer es todavía tortuoso, y en su ecuación las organizaciones sociales siguen sin jugar un papel decisivo. Si Santos, Uribe y la “Unidad Nacional” aplazaran para el momento debido sus apuestas electorales, le dejarían al proceso en curso el espacio que necesita en la agenda social y política; no de otra manera la ciudadanía volvería a creer que lo que se negocia es una paz cierta y en beneficio de todos.

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