15 oct. 2012

Juego de representaciones en la negociación del conflicto


La paz en Colombia no consiste en la desactivación del conflicto armado entre el estado y la insurgencia. Silenciados los fusiles, la sociedad colombiana tendrá que emprender de inmediato un complejo proceso de reformas que de ser exitosas, se constituirán ellas sí, en la arquitectura de la pacificación del país. La dejación de las armas por los grupos insurgentes que aún las mantienen, y las correspondientes garantías democráticas que el gobierno pueda comprometer, significan apenas la primera piedra que podría soportar al edificio de la paz.
El conflicto armado colombiano se ha convertido en un fenómeno de larga duración, envuelto a su vez en el conflicto social que historicamente ha contrapuesto los intereses de la oligarquía agraria con los del campesinado parcelario y despojado de la tierra. Esto es resumidamente, lo que nuestra intelectualidad ha denominado causas objetivas de la violencia política, tesis cuya contundencia ha encerrado mentalmente al grueso de los analistas y los ha distanciado del estudio de las causas subjetivas de nuestro conflicto, también importantes para entender sus lógicas.
Por tratarse de una confrontación que ha marcado la historia nacional de las últimas cinco décadas y ha afectado de diversas maneras a todos los sectores de la sociedad, cualquier expectativa de diálogo abre de inmediato el debate alrededor de las representaciones, especialmente la del estado por ser aquella la que en principio, lleva la vocería de los ciudadanos no beligerantes.
Juan Manuel Santos como jefe del estado, pudo haberse constituído con un pequeño equipo de subalternos en representante directo, explícito y legítimo de la sociedad en la mesa de diálogo con las FARC, pero optó por un escenario de inclusiones y exclusiones selectivas en la comisión negociadora, una especie de amplitud condicionada que está resultando inaceptable para amplios sectores del país.
En la Colombia de hoy, es políticamente imposible para el gobierno monopolizar esa representación y  decidió incluir en su equipo negociador a exfuncionarios que aunque estarán subordinados al ejecutivo, le garantizarán a Santos la sintonía necesaria con el gran empresariado y con el poder militar, los dos factores de poder real en que se apoya su mandato.
Normalmente un conflicto bélico solo lo pueden negociar los representantes de las fuerzas enfrentadas. En la mesa de diálogo por lo tanto, solo caben aquellos que se han enfrentado durante décadas, sin perjuicio de otros escenarios de veeduría, acompañamiento, facilitación, asesoría o debate que diferentes actores de la sociedad impulsen en el propósito de incidir en el contenido de los acuerdos.
Sobre la base de que solo los actores enfrentados, estado e insurgencia, podrían válidamente negociar, las comisiones negociadoras deben ser representaciones legítimas de ambas partes y nadie más. Es aquí donde aparece el doble juego del presidente Santos, al nombrar una comisión que aunque actuará bajo su mandato, expresará también intereses de los dos gremios más poderosos del país, precisamente los que tienen la capacidad de vetar los acuerdos a que lleguen las partes, como son los “cacaos” y el generalato.
Solo dos miembros de la Comisión negociadora del gobierno son funcionarios en ejercicio: Sergio Jaramillo Caro, Alto Consejero del presidente para la seguridad nacional y, Frank Pearl González, quien dejó el Ministerio del Ambiente en septiembre para dedicarse totalmente a los diálogos; ambos exhiben buenos perfiles técnicos y académicos para desarrollar lo que sería “la gerencia” de la negociación. De la Calle, Villegas, Mora y Naranjo en cambio, son exfuncionarios con méritos y funciones específicas en la mesa de diálogo que pueden resultar decisivos en los resultados del proceso.
El jefe de la comisión negociadora, Humberto de la Calle Lombana, fue un protagonista importante de la política colombiana principalmente en la década de los noventas. De notable desempeño en la Constituyente de 1991 como representante del presidente Gaviria; competidor, alto funcionario y después contradictor del presidente Samper; exministro de Pastrana; colaborador de Uribe en su primer cuatrenio; negociador en varios procesos de diálogo con distintas organizaciones insurgentes; representará en Oslo y en La Habana no solo la experiencia sino también la vocería más autorizada del presidente Santos luego de una carrera política casi siempre a su lado.
De la Calle es más que un hombre hábil; logró hacerle el quite –algunos piensan que a destiempo– a los derrumbes ético-políticos del samperismo y del uribismo. Es además una de las pocas caras cultas de la clase política colombiana, buen jurista y buen escritor.
El general retirado Oscar Naranjo Trujillo, tiene tema propio y rimbombante dentro de la mesa de negociación: “solución al problema de las drogas ilícitas”. La economía del narcotráfico es ante todo la economía de sectores de la sociedad nacional que se han hecho dominantes y han gobernado el país en años recientes. Sus dineros han permeado tanto el mundo empresarial legal como el ilegal, a todos los grupos armados al margen de la ley, de todas las vertientes ideológicas. Una discusión sobre el narcotráfico con las FARC o incluso con toda la insurgencia, no es otra cosa que un sofisma de distracción. En el mejor de los casos podría apartar a esas organizaciones del negocio ilícito, pero dejaría en pié el poder y la riqueza acumulada por los sectores que están de este lado de la mesa o al margen de ella.
La economía de las drogas de uso ilícito no fue un invento de las guerrillas. Toda la delincuencia organizada colombiana, común y política, de una u otra manera es usufructuaria del narcotráfico desde que este existe.
Los propagandistas de la Seguridad “democrática” en su afán de despolitizar la lucha insurgente y lograr el efecto “empate” con el paramilitarismo, han querido convencer al país de que el narcotráfico es la razón de ser de los grupos guerrilleros y por lo tanto es con ellos con quienes se puede resolver ese problema. La “solución al problema de las drogas” como veremos, no está ni en Oslo ni en La Habana; está más en Nueva York, Estados Unidos y las grandes capitales del mundo consumidor de las drogas colombianas. Una negociación sobre drogas de uso ilícito con las FARC tiene muy limitados alcances más allá de acuerdos sobre sustitución de cultivos, en últimas, un subcapítulo del tema de desarrollo agrario integral, que es el primero de la agenda. El mejor policía del mundo podría quedarse dormido en esa mesa de diálogo.
Los otros dos negociadores por el gobierno, son los que expresan de manera precisa la estrategia gubernamental de ganar tiempo, y en lugar de hacer acuerdos ad-referendum de militares y empresarios, como en los anteriores procesos, llevarlos a la mesa para que “en caliente” puedan objetar las propuestas que les sean adversas.
Luis Carlos Villegas Echeverri, presidente de la ANDI desde 1996 y del Consejo Nacional Gremial, fue nombrado en tanto vocero indiscutido de los gremios del capital. Aunque ha desempeñado en gobiernos anteriores cargos públicos de primer nivel, su medio natural ha sido el liderazgo de la empresa privada colombiana.
El problema no es que un dirigente del empresariado pueda representar las políticas de un gobierno, pues de hecho Santos se desempeña a la medida del capital y sus corporaciones nacionales y transnacionales. El señor Villegas u otro cacao cualquiera, de suyo puede representar con eficiencia los intereses de un estado guardián del statu quo social y económico. Lo que es muy diciente, es que el gobierno ceda un puesto de representación pública tan importante a un agente directo de grandes intereses particulares como los del empresariado. De esta manera, el presidente no solo dejó ver sus cartas –aunque tiene fama de buen jugador–, sino que además abrió un boquete inmenso para el reclamo de todos los demás sectores de la sociedad que se sienten víctimas o tienen algo qué decir sobre el conflicto. La sociedad civil, las mujeres, los indígenas, las confederaciones sindicales, los campesinos, los afrocolombianos, los jóvenes; todos los que habitamos este territorio y somos víctimas de la guerra, podríamos entonces reclamar puestos en la mesa de negociación; pero en el corazoncito del presidente solo tuvieron cupo los cacaos de la ANDI y los generales.
Igual lógica tiene la participación del general retirado Jorge Enrique Mora Rangel. Todo el país sabe que la vocería de los militares activos, debido a que la Constitución les prohíbe deliberar, es asumida por los retirados y sus agremiaciones. Precisamente la Asociación Colombiana de Oficiales en retiro, ACORE, expidió un comunicado a principios de septiembre reclamando la participación en la mesa principal de tres oficiales, uno por cada fuerza, y haciendo un conjunto de consideraciones hostiles a la negociación, a organizaciones de Izquierda y a la postura presidencial sobre el tema.
Desde el anuncio oficial del diálogo, los miembros de las fuerzas militares en coro con el uribismo, no paran de hacer ruido para deslegitimar el proceso. Exigen derrota militar previa, cese al fuego unilateral, sometimiento a la justicia, liquidación del movimiento político Marcha Patriótica y todo lo que sea contrario a una negociación real entre adversarios políticos. (Ver http://www.semana.com/nacion/militares-retirados-piden-asiento-mesa-dialogo/183963-3.aspx). Al presidente Santos sin embargo, se le debe abonar su sentido realista de la política. Ha decidido sentar a los generales frente a frente con los comandantes guerrilleros y reducir riesgos de que por fuera de la mesa se le disparen ráfagas a la paz, igual que en la década de los ochentas, cuando miembros del ejército se aliaron con las mafias para desbaratar los acuerdos de la administración Betancur con los grupos insurgentes.
Uno de los rasgos del régimen político en Colombia es el militarismo. Con menor visibilidad que en el resto de América Latina, las fuerzas armadas han sido factor decisivo en el sostenimiento de los gobiernos nacionales. Han significado entre otras cosas, un factor de enlace con el poderío imperialista de las administraciones estadounidenses, de las cuales obtienen su formación técnica, su doctrina y la mayor parte de sus dotaciones materiales. Todos los gobiernos colombianos han reservado a los generales, las cuotas de influencia política y los privilegios corporativos necesarios que les eviten la tentación del poder presidencial. Luego de catorce años de Plan Colombia, la modernización del ejército nacional es innegable, y poco menos que imposible para un mandatario civil soslayar el peso político de sus representantes. Su solicitud de participar directamente en la negociación del conflicto armado, se convirtió así en imperativa para el presidente Santos.
Más allá de los empresarios y los militares, las representaciones del resto de la sociedad son inciertas en la mesa de negociación del conflicto armado. No pocos colombianos andan hoy pregutándose, con toda razón, quién diablos los representa en la mesa de diálogo. El carácter excluyente de la comisión, empieza ya a abrir un frente a las movilizaciones sociales de todas aquellas fuerzas que en relación con un proceso de paz, reclaman el mismo status de los dirigentes gremiales del capital y los miembros de la fuerza pública. De manera que del lado de la sociedad, a la mesa de diálogo le quedan faltando varias patas que la pueden desestabilizar.
El realismo político de Juan Manuel Santos tiene todo el fundamento, pero no podrá negar a su vez, que la comisión negociadora es un híbrido con la participación estelar de los dos máximos factores de poder nacional, pero donde brillan por su ausencia las mayorías civiles y populares. Es un mal mensaje si a lo que aspiramos es a una paz incluyente y democrática, que en lugar de dividir a la sociedad, la integre en forma duradera. El presidente ha insistido en que tiene premura para lograr los acuerdos, pero si retrocede un paso para reformular el tema de la representación del estado en la mesa de diálogo, avanzará dos o más en la legitimidad del proceso.

1 comentario:

  1. Interesantes,amplios y claros elementos de análisis para aproximarnos a una discusión académica sobre estos nuevas negociaciones con las FARC.

    Gracias por estos aportes.

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