26 ago. 2012

Traiciones e infiltraciones, Santoyos y Ritoalejos


"Esta importante acusación responsabiliza a un individuo malhechor que abandonó su deber de proteger a los colombianos para servir a sus propios intereses y a los de los traficantes de drogas y terroristas", dijo el Fiscal del Tribunal Federal, Neil H. MacBride.
La tragedia colombiana está retratada de cuerpo entero en las palabras del Fiscal estadounidense: son las autoridades de otro país las que están investigando y castigando a los criminales de aquí. Para las más graves violaciones de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, estamos en manos de las instituciones de un país extranjero. Somos un estado fallido. Hemos llegado a tal grado de crisis institucional y descomposición moral interior, que un criminal como Mauricio Santoyo pudo haber muerto como un héroe, de no haber sido por la intervención de la justicia gringa.
Se está hablando más de la cuenta sobre la traición a la patria cometida por el general. No puede pasar desapercibido que tanto la presidencia de la república, como el ministerio de la defensa, el congreso, el consejo de estado, la fiscalía y la policía nacional, es decir, todas las ramas del poder público, le tendieron el tapete a Santoyo para que adelantara su carrera delictiva desde 1996 hasta que buenamente decidió gozar de buen retiro. El coronel, luego general, trasegó por el mundo de los silencios complacientes  de una clase política definitivamente cooptada por la narcoderecha que lo adoptó, lo protegió, lo promovió y lo condecoró. Más que de la traición de un individuo, de lo que se trata es de la convivencia dentro del establecimiento entre políticos, funcionarios y militares con las mafias. Hablar ahora de traición de un individuo o repetir la fábula gastada de las manzanas podridas, es trivializar el hecho de que el uribismo se convirtió en una plataforma que desde la misma Casa de Nariño (de Nari, como decía alias “Job”) brindó acogida y protección a una tenebrosa asociación para delinquir.
Igual de mendaz es la teoría, también traída de los cabellos, de la infiltración: que se trata de un coronel que subrepticiamente “se coló” en la institución policial, escaló allí altos peldaños y logró llegar hasta la campaña presidencial de Uribe y convertirse en su jefe de seguridad como presidente. No. Las implicaciones de Santoyo con el delito venían desde su paso por la dirección del Gaula de Medellín, donde ordenó interceptar ilegalmente 1449 líneas telefónicas, la gran mayoría de activistas de izquierda y organizaciones defensoras de derechos humanos, siendo una de sus víctimas la Asociación de familiares de detenidos desaparecidos –ASFADES–, dos de cuyos miembros fueron a su vez desaparecidos en pleno centro de Medellín. El expediente temprano del coronel también incluye operaciones de encubrimiento a favor de la banda “La Terraza” y la “Oficina de Envigado”. Pero desde sus primeras andanzas delictivas, un manto de impunidad le fue tendido por sus protectores, siendo el primero el de Luis Camilo Osorio, fiscal general de la nación entre 2001 y 2005, célebre por archivar y precluir todo cuanto tuviera relación con las mafias del uribismo, no siendo la excepción las investigaciones contra Santoyo en 2003.
¡Ni traición ni infiltración!
El círculo delictivo que tuvo como centro al presidente Uribe, quedó definitivamente cerrado con las confesiones de Santoyo a la Corte federal estadounidense. Aunque una parte de la opinión pública se resista a creerlo, la entrada de Alvaro Uribe a la Casa de Nariño en 2002, significó el triunfo de un nuevo sector dominante en la sociedad colombiana, el narco, empeñado desde los tiempos de Pablo Escobar en acomodarse debidamente dentro del aparato estatal. El mandatario procedió a entregar parte importante de las instituciones, entre ellas las de la seguridad, a sus hombres de confianza en el propósito de posicionar los intereses del sector social que lo llevó a la presidencia, una mixtura de terratenientes con narcotraficantes y políticos de extrema derecha con brazo armado. De su círculo íntimo, pocos quedan sin cuentas por resolver ante la justicia; la esencia mafiosa de su entorno empieza con su propia familia y se prolonga con los Santoyos, Ritoalejos, Nogueras, Hurtados, Narváez, Morenos, Restrepos, etc, sin olvidar que tales “próceres” tuvieron mandato de ocho años debido a que mediante los delitos de la “Yidispolítica”, nos modificaron la carta constitucional en beneficio personal del “Gran Hermano”.
De cada uno de los ascensos de nuestro personaje, se podría escribir un capítulo de impunidad y horror. Después que la fiscalía Osorio le precluyó las investigaciones, la Procuraduría de Edgardo Maya las continuó y en 2004 lo destituyó estando ya en la Casa de Nariño, pero mediante marrullas dilatorias de la defensa de Santoyo, habían logrado que la mayor parte de las “chuzadas” prescribieran y respecto a las que seguían vigentes como objeto del juicio, la notificación de la sanción se dilatara extrañamente para que se hiciera por fuera de los términos de ley. Las dilaciones permitieron a una Sala del Consejo de Estado, con Alejandro Ordóñez a bordo antes de ser Procurador, suspender la sanción y restituirlo a sus funciones en 2006.
De manera que así la sanción no se hubiera ejecutado, las pruebas nunca fueron rebatidas y con ellas a cuestas, más las graves acusaciones que hacían sus subalternos y grupos de ciudadanos, siempre desestimadas por sus superiores, el coronel continuó su ascenso triunfal. Ya de nuevo al lado de su Jefe y protector, fueron otros los empeñados en estrujarlo hacia arriba: el ministro de la defensa Juan Manuel Santos, el director nacional de la policía Oscar Naranjo, los generales Campo y Castro, quienes lo presentaron al Senado de la República para que recibiera su ascenso a general, donde las bancadas uribistas tanto en la comisión segunda como en la plenaria hicieron lo que correspondía a una corporación dominada por la “parabancada”: acatar el guiño de la presidencia, proceder con esmero y desoir la oposición. Tan solo ahora, en las páginas interiores y con letra menuda en los periódicos, se reconoce que el Polo Democrático y un puñado de congresistas de otras fuerzas, tuvieron la moral suficiente para votar contra esa burla.
Ya suspendida la sanción y ascendido a general en diciembre de 2007, Santoyo recibe otro premio al ser nombrado agregado policial en la embajada colombiana en Italia. Cuando regresa recibe condecoración del presidente de la república Alvaro Uribe como “protector de todas las horas con toda su lealtad y toda su eficacia”. Se retira en 2009 cargado de medallas y tapado en pergaminos. Antes de viajar a Estados Unidos a entregarse en la Corte Federal de Virginia, fue cuidadoso de demandar del estado colombiano una indemnización de 207 millones de pesos por los perjuicios morales y económicos causados por los once meses que estuvo por fuera del “servicio” mientras la Procuraduría lo destituyó y el Consejo de Estado lo rehabilitó. En el texto de la demanda el General argumenta haber sido un policía excepcional con 135 felicitaciones, 19 condecoraciones (incluída la de su gran Jefe) y 10 menciones honoríficas.
No puede soslayarse ahora, la función protectora del expresidente Uribe en la trayectoria de Santoyo. Trabajaron juntos desde los tiempos del primero como Gobernador de Antioquia (1995-97) y el segundo como Comandante del Gaula Medellín (1996-99). En esa administración departamental el mandatario trabajó con dos “buenos muchachos” que promovió y más adelante presentó al país en sendos actos solemnes como ejemplos de patriotismo, solo que hoy están tras las rejas por delitos parecidos si no idénticos. El delito es involucrarse con las mafias de la narcoderecha y los sujetos, Santoyo y Rito Alejo del Río, comandante de la brigada 17 del Ejército con sede en Carepa (1995-97). Los tres fueron puntales del desarrollo de las célebres cooperativas de seguridad, Convivir, que se desarrollaron desde Antioquia como la plataforma del paramilitarismo a nivel nacional.
Rito Alejo del Río recibió condena de 26 años de prisión este 24 de agosto por aliarse con los paramilitares para “pacificar” a Urabá hacia 1997 mediante un baño de sangre que afectó principalmente a la población civil de esa región. “Dios los cría y ellos se juntan”, dice el adagio popular: también en las investigaciones contra Del Río ha sido determinante la presión gringa, pues el reconocimiento internacional de sus violaciones a los derechos humanos era tal, que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa en 1999 y solo de esa manera fue posible que ese general fuera retirado del “servicio” por el presidente Andrés Pastrana. También como Santoyo, fue homenajeado por Uribe Vélez, a través de un acto de desagravio que los “purasangre” montaron en el Hotel Tequendama, donde el candidato presidencial Uribe sostuvo que "fue un general extraordinario y lo han tratado de la manera más atroz en que se puede tratar a un héroe nacional".
También como Santoyo, su hoja de vida había pasado la prueba de la fiscalía de Luis Camilo Osorio en total impunidad, quien le precluyó en el año 2000 la investigación que se le abrió por sus actuaciones de finales de la década de los ochentas cuando fue comandante de los batallones Rafael Reyes en Santander y Atanasio Girardot en Medellín. En 2002, envalentonado con los desagravios del uribismo, se lanzó al Senado apoyando a su adulador, pero fracasó y debió conformarse con que este lo impulsara ya como presidente electo, como asesor del tenebroso DAS donde permaneció poco tiempo, al lado del otro “buen muchacho” Jorge Noguera.
Las declaraciones de los grandes jefes paramilitares antes y después de ser extraditados, terminaron con la apacible calma del general y en septiembre de 2008 fue capturado y en condición de tal, recibió en estos días la notificación de su sentencia a los 22 años que le quedan faltando.
Las de Santoyo y Ritoalejo son dos vidas paralelas, no unidas por el destino sino por la mano y la oscura sombra de Alvaro Uribe; fueron hombres de toda su confianza, sus manos derechas, para el Area Metropolitana la una y para Urabá la otra. Así era el equipo de trabajo del gobernador de Antioquia y así fue el del presidente de la República. No solo sus congresistas debían votar sus proyectos mientras llegaban las órdenes de captura, pues sus funcionarios tenían las mismas afugias. El conjunto de su entorno más inmediato padecía de interinidad judicial, estaba sub júdice.
El círculo se cerró y Alvaro Uribe quedó en el “puro centro”, no “democrático” sino narcofascista. No ha habido traiciones (¿de quién a quién?), tampoco infiltraciones ni “manzanas podridas”. Nada ha ocurrido a espaldas del exgobernador hoy expresidente. La candidez de sus reacciones ante la evidencia, rayan en el cinismo. Cada vez los colombianos le creen menos a un exmandatario que quizo convertirnos en república bananera en pleno siglo XXI. Todo indica que serán sus hombres de confianza, desde las cárceles extranjeras, los que nos dirán lo que Uribe no ha sido capaz de reconocer: que la criminalidad se hizo gobierno en Colombia entre 2002 y 2010. Esa verdad asoma ya la cabeza, no en boca de los capos de la ilegalidad como había ocurrido hasta ahora, sino en la de un exfuncionario público de la misma entraña presidencial. Pero obtener la verdad judicial no depende hoy de nosotros sino fundamentalmente de la justicia externa. El presidente Santos demostraría su compromiso con ella, si garantiza la seguridad de las familias de todos los victimarios y testigos que declaren desde dentro o desde fuera del país.
El presidencialismo colombiano está diseñado para la impunidad de los primeros mandatarios. Las instituciones del estado nunca llevarán a Uribe ante un tribunal, pero la sanción moral y social son aún más importantes para la salud del conjunto de la sociedad nacional. Esa sanción unicamente puede provenir de la palabra y la crítica de los ciudadanos libres, de los que nos valoramos y valoramos nuestro país, sin importar cuántos seamos. 

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