2 jul. 2012

Reforma a la justicia: tragedia y comedia


El trámite, aprobación y posterior hundimiento del acto legislativo que reformaba la justicia colombiana, tuvo todos los visos de espectáculo barato al que le pueden estar faltando algunos actos. Pocas veces la clase política se había dejado retratar de cuerpo entero como en estos días de crisis, cuando la indignación ciudadana la puso contra la pared y quedó en evidencia toda su mediocridad y su fragilidad moral. Lo trágico y lo cómico se conjugaron en una propuesta de texto reformatorio donde lo único que se fortalecía era la privatización del derecho a la justicia, los propios fueros de quienes la discutían y hasta de los militares, que también en principio quisieron sacar su tajada de impunidad.
El establecimiento colombiano nunca se ha comprometido a fondo con un poder judicial fuerte y legítimo, que a su vez legitime el poder del estado y convoque la confianza de los ciudadanos en las instituciones; siempre ha diseñado una justicia a la medida de sus intereses, “para los de ruana” como suele decirse, drástica con las expresiones políticas de los de abajo y con la protesta ciudadana, inerme y paquidérmica frente al delito de cuello blanco, garantista con los poderosos e inoperante cuando los corruptos se amparan en el poder político.
Solo la Constituyente de 1991 tuvo la voluntad política y el compromiso necesarios con la sociedad, para formular una normatividad que reconociera al poder judicial el estatus de pilar del estado de derecho al lado del ejecutivo y el legislativo. Es posible que el diseño institucional que recogió la Constitución tenga errores –los constitucionalistas tienen la palabra– pero de conjunto recuperó para el país unas instituciones judiciales capaces de jugar en el sistema de frenos y contrapesos en que se basa el funcionamiento de los poderes públicos.
Un poder judicial con capacidad de interlocución, significó para las élites tradicionales que monopolizaban los poderes legislativo y ejecutivo, algo más que una piedra en el zapato. Significó, especialmente cuando ellas acudían a la cooptación de la narcopolítica, un adversario a derrotar, vale decir, a devolver a su condición intrascendente de antes de 1991. Dos han sido las instituciones que en diferentes momentos, han recibido todo el impacto de las élites dominantes en su propósito de saltarse los controles legales:
La Corte Constitucional, organismo que ha alcanzado gran protagonismo en la política nacional a partir de sus sentencias en defensa de los derechos  fundamentales y de los derechos de las minorías. Esta Corte ha desarrollado una importante jurisprudencia en estas materias y en su propósito de salvaguardar la integridad de la Carta Política ha debido enfrentar las concepciones premodernas y los intereses más retrógrados de sectores oligárquicos del país. En materia de derechos socioeconómicos y culturales tampoco se ha quedado atrás; de tal manera que su accionar ha significado un permanente conflicto con lo más rancio del establecimiento colombiano, cuyos voceros han propuesto repetidas veces recortarle funciones con el señalamiento de que usurpa funciones del legislativo.
El otro organismo que recibe los más duros embates de la clase política es la Corte Suprema de Justicia. Y no es para menos. Unas élites políticas permeadas por el narcoparamilitarismo y que han emparentado la política con el delito, se habituaron a caminar al borde del código penal. La Corte Suprema sacó la cara por la sociedad y la democracia frente al Uribismo y sus aliados en armas, cuando investigó y juzgó a decenas de congresistas que pactaban sus caudas electorales con los criminales más despreciables. El expediente de la “parapolítica” en particular, tramitado principalmente por esa Corte, desató definitivamente la hostilidad de los corruptos contra ella. Por eso el tema del juzgamiento de los congresistas, se convirtió a la larga en el asunto central y la motivación más poderosa del proyecto de reforma constitucional que todavía tiene hablando a todo el país.
Bajo el señuelo de acabar con dos órganos desprestigiados como el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (llamada popularmente “de absoluciones”) y resolver los problemas estructurales de la administración de justicia, el congreso y el ejecutivo prepararon una celada contra la Constitución que incluyó el otorgamiento de prebendas a magistrados de las altas cortes que en principio estaban reacios a participar de la manguala.
Obviamente que se trataba de legislar en beneficio propio. Por ello el contenido del proyecto de acto legislativo y su tramitación no se entienden si se ignora otro acto legislativo previo: el 01 del 31 de mayo de 2011, cuya disposición única es suprimir de la Constitución de 1991 el conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura de los congresistas cuando tramiten actos legislativos. En otras palabras: ellos mismos se desataron las manos para poder tramitar en impunidad la reforma que aprobaron en conciliación el pasado 20 de junio. El acto legislativo 01 de 2011, tuvo como todos sus ocho debates, y esa vez el presidente Juan Manuel Santos no hizo objeción alguna, y al contrario lo promulgó, aplauso incluído, con su ministro del Interior Germán Vargas Lleras. El beneplácito del gobierno fue expreso porque en adelante sus proyectos de reformas a la Constitución pasarían por el Congreso sin el peligro de las recusaciones a quienes tuvieran intereses particulares en cada materia. Nada menos que una manguala entre ejecutivo y legislativo.
El acto legislativo 01/11, era un plato servido a los congresistas, un blindaje que ellos mismos se construyeron con el aval de la presidencia; de manera que no cabe ahora rasgarse las vestiduras ni hacer la cacería de “micos” que algunos empezaron a ver por todas partes. La teoría de los “micos” no pretende otra cosa que lanzar el agua sucia sobre los doce congresistas que adelantaron la conciliación del texto definitivo, lavando la imagen del presidente Santos, el conjunto del congreso y los magistrados que al final declinaron sus críticas a cambio de alargar hasta doce años sus períodos en las cortes. En las sesiones extraordinarias que citó el presidente Santos para hundir su propio engendro, esos mismos conciliadores fueron extensos en demostrar que técnicamente cumplieron su tarea como la ley manda: unificando un texto que recogiera el espíritu de lo aprobado separadamente por el Senado y por la Cámara, sin alteraciones sustanciales, sin asuntos que no hubieran sido tratados, sin subjetivismos. Los supuestos “micos” no eran tales. Simplemente la clase política quizo consumar su proyecto de una institucionalidad judicial a la medida exacta de sus intereses, mediante una estrategia que inició con el acto legislativo 01 de 2011; lo mismo que quizo Alvaro Uribe por otros medios: suprimiendo el ministerio de Justicia, destruyendo moralmente a los magistrados y lanzando contra ellos al tenebroso aparato de inteligencia del estado, el DAS.
Fue tan evidente el abuso de poder por los congresistas, que la indignación ciudadana brotó por todo el país de inmediato. El ministro de Justicia, hasta hoy el único funcionario que ha asumido objetivamente su responsabilidad, presentó renuncia irrevocable y se inició un juego de señalamientos mutuos entre los principales actores de la reforma, del que tampoco pudo salir bien librado el propio presidente Santos. El primer mandatario, utilizando todo su poder mediático, dio la cara pero no para ofrecer excusas a los ciudadanos sino para rasgarse las vestiduras, lavarse las manos, hacer poses de defensor de la Constitución de 1991, soltar la teoría de los “micos” y presionar a los congresistas tratándolos como subalternos suyos: “Yo respondo”, les repetía para que obedecieran su llamado a las sesiones extras que había decretado.
Los “padres de la patria” acataron el llamado presidencial no solo a sesionar sino además a votar contra la reforma que una semana antes habían aprobado. El tiempo apremiaba, pues las protestas crecían con el paso de las horas y empezaban a activarse los mecanismos constitucionales de la democracia participativa como el referendo revocatorio, a que tanto le temen los partidos de la Unidad Nacional. Fue digno de una filmación en directo el espectáculo de unas mayorías parlamentarias rectificándose en bloque temerosas de la opinión ciudadana, sumisas al poder presidencial, jugando al “yo no fuí”, descubriendo en la última hora que su engendro de todo un año era “inconveniente” para el país, enumerando sus hazañas legislativas pasadas y ante todo, convenciéndonos de que no eran unos mediocres ni unos “avivatos” y por lo tanto merecían la confianza renovada de quienes los eligieron. Una de las estrellas del “culebrón” no fue otro que Simón Gaviria, hijo de exmandatario, flamante presidente de la Cámara de Representantes y del partido Liberal, quien confesó no haber leído con juicio la reforma constitucional que lideró y aprobó. El papel de este novel dirigente de treinta y un años pasaría desapercibido, si no fuera porque algunos lo ven como representante de la renovación de la clase política colombiana.
De momento, y más allá de las encuestas de opinión, las élites gobernantes parecen haber sorteado la crisis de credibilidad que ellas mismas desataron. El hundimiento que hicieron de la reforma a la justicia es bastante frágil jurídicamente y no es de descartar que vía demandas pueda ser revivida. El golpe de mano que le dio el presidente Santos convocando al congreso para desaprobarla, tuvo como objetivo prioritario atajar el referendo revocatorio que al abrirse paso, amenazaba su propio proyecto de reelección para 2014-2018. Lo que no pueden evitar ahora el Jefe de estado y su Unidad Nacional, son los daños colaterales que ha sufrido su legitimidad y las reparaciones forzadas a que están obligados si quieren mantener su hegemonía sobre las fuerzas de la oposición y la democracia.
La aprobación inicial de la reforma por el congreso dio lugar nuevamente a la expresión de un actor de vida reciente en la democracia colombiana: el poder ciudadano en las redes digitales de la información, espontáneo y alejado de la manipulación de los políticos profesionales. Este poder tiene como característica su sensibilidad a los problemas de la ética en el desempeño público, por lo cual juega un papel de veeduría muy necesario en la sociedad colombiana, y como funciona en tiempo real, pone a la defensiva a los actores tradicionales, obligados a actuar dentro de la presencialidad y sometidos a los protocolos y formalismos propios del estado de derecho. Así fue que a los “padres de la patria” en cuestión de horas se les vino de frente el “tsunami” de recriminaciones y descontento popular, sin el tiempo suficiente para una reacción organizada, y cuando se pudieron juntar en el recinto congresional no tenían ya cartas propias para jugar. Ese tipo de reacción de la gente demostró también su capacidad de generar situaciones políticas, especialmente cuando se sintonizan con minorías parlamentarias, interactuando en un movimiento de doble vía que renueve los ambientes cerrados de la política tradicional.
La derrota política de la reforma a la justicia, recae a su vez sobre los hombros de la Unidad Nacional y su máximo jefe, el presidente Santos. Esa entidad que reúne a todos los partidos del país excepto al Polo Democrático, ha garantizado el unanimismo del ejecutivo y el legislativo para sacar adelante una agenda social demagógica, una política económica de entrega de recursos al capital transnacional y una repartición burocrática que los mantenga cooptados a todos. Las fisuras que ha dejado en la Unidad Nacional el entierro de la reforma, obligarán al presidente a jugar un nuevo póquer donde ofrezca más y más a sus compañeros de partida; el juego de tenerlos de su lado le será cada día más costoso y para ello deberá mover la fronda burocrática. Algunos integrantes de la coalición con proyectos más propios como el Uribismo, que aspira a volver a la presidencia en 2014, a pesar de que igualmente promovió y votó afirmativamente la reforma, ha renovado sus viejas cuentas de cobro con el Santismo.
La legislatura que se iniciará el próximo 20 de julio, verá instalar un congreso debilitado por sus bajos niveles de aceptación ciudadana. Su implicación con la reforma a la justicia lo seguirá como una sombra de desprestigio que en primer lugar, lo alejará de la tramitación de otras iniciativas sobre ese tema, y la desconfianza de los ciudadanos se extenderá hacia el tratamiento que los congresistas le den a cualquier asunto que sea importante. Está todavía lejos el réquiem por la Unidad Nacional, pero sus dolientes tendrán que nadar contra la corriente y deberán incurrir en gastos considerables, antes de volver a la luna de miel unanimista de las semanas pasadas. Por lo menos el proyecto de un poder judicial hecho a la medida de la Unidad Nacional y la corrupción de sus congresistas, tendrá que esperar mejores días; mientras tanto la oposición, las fuerzas democráticas, la Izquierda, la ciudadanía y todos los que nos resistimos a la cooptación por la indignidad, tendremos también mucho qué hacer en este cuarto de hora para que esa clase política corrupta no se vuelva a atrever.   

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