5 dic. 2011

Del uribismo al uribismo sin Uribe -Un balance a propósito-


Sí. Es a propósito de la actual coyuntura electoral que nos permitirá a los colombianos elegir nuevo presidente para el período 2010-14.
Lo más significativo del certamen que se está desarrollando es indudablemente la posibilidad que hoy tiene el país de dejar atrás un régimen político de ocho años que imprimió  marcas profundas en el funcionamiento de la sociedad y el estado. Es tal el significado de ese paso que ya algunos analistas han visto en él, el verdadero ingreso, tardío como todo en Colombia, al siglo XXI. Y no les falta razones, si recordamos que el siglo pasado estuvo marcado por los temores propios de la guerra fría, las doctrinas de seguridad nacional, dictaduras tenebrosas, muros, espionajes infames y como música de fondo, los discursos desarrollistas que aplazaron para siempre las tareas de la equidad social.
Entender el significado del “Uribato” en la historia reciente de Colombia es fundamental para aproximarnos a la comprensión de las propuestas continuistas y las de ruptura que afloran en esta campaña.
Desde inicios de la década de los ochentas, cuando irrumpen en la escena nacional los carteles urbanos del narcotráfico, sus actores más importantes rápidamente captaron la necesidad de organizarse políticamente para enfrentar en sus propios terrenos a los sectores dominantes de la sociedad que intentaron, aunque tardíamente, salirles al paso. El inmenso poderío económico y el naciente poder político de los narcotraficantes de entonces, empezó a sentirse en el ambiente social con sus ostentaciones, sus nuevos ricos y las cuotas de sangre que implacables cobraban a sus adversarios. Es en ese ambiente que empieza a popularizarse una expresión que aunque se usaba antes, ahora su significado aparecía a los ojos de todos: Las “clases emergentes”. En ese contexto el término clases emergentes aludía básicamente a unos grupos de personas de las clases medias de nuestras ciudades, que sin vínculos de sangre ni económicos con las élites tradicionales, en forma más o menos súbita, estaban accediendo a altos niveles de riqueza cuya procedencia era misteriosa para la mayoría de las personas.
Aunque la historia de los carteles colombianos de la droga se ha venido escribiendo ante todo desde el periodismo y por fragmentos que más adelante habría que integrar, no es esa historia, la de los carteles con sus capos, sus dólares y sus rutas, la más importante. Es más bien la historia de esas clases emergentes, con sus expresiones políticas, militares y sociales, la que más luces nos puede aportar al entendimiento del mundo colombiano actual.
La búsqueda del poder político emprendida por el Cartel de Medellín, que llevó a Pablo Escobar hasta el Congreso de la República, no fue una “necedad” o una “travesura” que le haya costado a ese grupo el rechazo social generalizado; fue por el contrario, el destino inevitable de un sector de la sociedad que en su proceso de consolidación necesitó instalarse en las instituciones del estado a través de un largo proceso que solo ahora está coronando. Así, desde hace tres décadas, más que unos carteles, lo que aparece en la escena es un nuevo sector de clase con actividad y expresiones económicas, políticas y militares propias; ellas se resumen en el cultivo, procesamiento y tráfico de narcóticos; captura y/o cooptación del estado local y regional; conformación de estructuras sicariales y paramilitares para hacer control territorial y proteger sus actividades ilegales.
Entre el inicio de la década del ochenta y nuestros días, ese sector de clase narcotraficante emprendió un periplo político extenso que lo llevó al cubrimiento de casi todos los poderes locales e importantes instituciones del estado-nación entre las que se destaca el Congreso de la República. El objetivo estratégico claro del narcotráfico nunca ha sido la toma del poder del estado en el sentido de someter a los demás sectores del bloque dominante, monopolizar en sus manos el ejercicio de la violencia y asumir la representación internacional del país. Su proyecto de “refundar la patria” consistía en instalarse como un sujeto más del bloque de clases dominantes, que a través de la convivencia con los sectores tradicionales le permitiera proteger sus actividades económicas y sus riquezas, ahora representadas en millones de hectáreas de las tierras más fértiles del país.
La lucha del narcotráfico como sector de clase por lograr su ciudadanía dentro del bloque dominante, ha pasado por dolorosos avatares para la sociedad colombiana donde los actores políticos más tradicionales y retrógrados han sido cooptados mientras que los actores más democráticos han sido sus víctimas privilegiadas. Esa captura del estado local y el acomodo en el bloque dominante, ha pasado por miles de episodios de sangre, pero también se probaron la estrategia económica y la de la negociación, cuyos ejemplos más notables fueron:
1. La estrategia económica fue avanzada por los narcotraficantes Caleños cuando quisieron entrar directamente a la Casa de Nariño en 1994 financiando la recta final de la campaña a la presidencia de Ernesto Samper. El dinero efectivamente entró a la campaña Samperista; el candidato derrotado hizo la denuncia, se abrió el proceso 8000, los capos del cartel de Cali fueron extraditados, el embajador de EE.UU. se convirtió en opositor de primera línea al gobierno y lo demás, está bien conocido: la Cámara de Representantes absolvió al presidente ante el estupor de la opinión pública nacional e internacional.
2. La estrategia de la negociación, más conocida por más reciente, fue adelantada por el presidente Uribe fuertemente apoyado por un congreso que como más tarde se descubrió, albergaba una numerosa bancada de legisladores aliados del narcotráfico y el paramilitarismo. Producto de la negociación, el congreso expidió la Ley de justicia y paz (975 de 2005) que debió ser rectificada por la Corte Constitucional para atenuar las impunidades y garantizar a las víctimas algo de verdad, de justicia y de reparación. La negociación, llevada a cabo en Santafé de Ralito entre el gobierno y jefes militares y narcotraficantes, intentó resolver la situación penal de aquellos jefes que habían cometido delitos atroces, mientras sus dirigentes políticos tomaban posesión definitiva en los altos cargos administrativos y de elección popular dentro del estado. Esto explica en gran medida que en ninguno de los lados de la mesa jugara propuesta política alguna, y en cambio todo se hubiera reducido a un lánguido sometimiento a la justicia de unas decenas de criminales.
La participación política del narcotráfico al interior del estado, más allá de lo que ha ejecutado por mano propia en los territorios que controla, ha reforzado los componentes autoritarios y antidemocráticos de las políticas públicas en Colombia. Su ideología se acerca a la de una clase neoterrateniente y comerciante lumpenizada, que se ha arraigado con relativa facilidad en el proyecto de la antioqueñidad decadente de la segunda mitad del siglo pasado con sus expresiones de “cultura del atajo” y enriquecimiento súbito como premio a la “viveza” y a la trampa disfrazadas de emprendimiento.
El enemigo natural de esa fuerza social ha sido y será la democracia y principalmente la democracia social que politicamente expresa la Izquierda en Colombia. Izquierda Democrática y narcotráfico han sido agua y aceite desde que este último hizo su aparición treinta años atrás y empezó a “arañar” pedazo a pedazo instituciones del estado empezando por las municipales, las regionales y las de la fuerza pública.
Pero la relación entre “los emergentes” y el establecimiento ha sido bien distinta. Antes del “Uribato” todas las fuerzas del bloque dominante exhibieron diferentes grados de beligerancia frente a las actividades económicas ilegales de los narcos y contra sus prácticas militares, de las cuales han sido víctimas también cuando les ha tocado; pero en cambio nunca lograron unidad de cuerpo a la hora de rechazar sus expresiones políticas, culturales y sociales. Muchos no entendieron y otros no quisieron entender, o entendieron pero no convenía decirlo, que lo que había de fondo era el acceso al estado mismo de un nuevo sector de clase delincuencial cuya raiz económica estaba en el tráfico de narcóticos. Al fin y al cabo son los marxistas los que siempre han explicado la artificialidad de la separación entre economía y política. Y todo se les podía exigir a esos dirigentes menos que leyeran al intelectual alemán.
Fue así como muchos dirigentes políticos y gran parte de la sociedad tuvieron qué esperar el escándalo de la “Parapolítica”, no solo para entender el fenómeno narco en su real dimensión, sino también para empezar a comprender el significado social y político del uribismo y la obra política de su máximo líder.
Después del fracaso del cartel de Cali con Samper en 1994, los narcos tendrían su segunda oportunidad: sería ocho años después, cabalgando sobre la ola autoritaria que se desató a partir de la también fracasada negociación  con las Farc en el Caguán; fue el mismo estado de ánimo nacional que sustentó el triunfo electoral arrasador del presidente Uribe. El embrujo autoritario y la coronación de su héroe fueron a la postre, la oportunidad de oro que el narco necesitaba para realizar su aplazado proyecto de reacomodarse definitivamente como un actor más del bloque dominante del estado colombiano. Ya su riqueza acumulada era más que suficiente y su aparato militar había sido puesto a discreción; todo era cuestión entonces de vencer algunas resistencias, hacer algunas cooptaciones, y adecuar su discurso de tal forma que fuera políticamente presentable, que bien fácil le quedaba en un contexto de beligerancia guerrerista de derecha.
El ingreso del narco a posiciones clave dentro del estado central se hizo principalmente por dos puertas: la del legislativo y la del ejecutivo. Por la primera, se introdujo en las elecciones parlamentarias de 2002, 2006 y 2010; por la segunda, se ha introducido en todos los certámenes electorales desde ese año hasta hoy, pero principalmente con la llegada a la jefatura del estado hace ocho años de Alvaro Uribe, hombre de sus simpatías que a su vez, ha entregado a la nueva fuerza sociopolítica importantes posiciones de gobierno en el sector agropecuario, en la fuerza pública y en otros.
El ingreso y permanencia del narcotráfico dentro del estado en estos dos períodos de gobierno, ha tenido sus propios sobresaltos. Se trataba de un plan debidamente orquestado por dentro y por fuera que contemplaba además del acomodo de su brazo político en instituciones clave, una negociación con su brazo militar para desmovilizar a sus jefes quienes luego de unas condenas pírricas, podrían disfrutar de las grandes fortunas acumuladas en su accionar delictivo. No eran compatibles la legalización de unos con la criminalización de otros, por lo tanto la reinserción de quienes hicieron el trabajo sucio era indispensable para el éxito de quienes entonces accedían a la vida política y administrativa. Pero las jugadas maestras de tal estrategia empezaron a fallar cuando la Corte Constitucional corrigió la versión de la Ley de justicia y paz que salió aprobada del congreso, obligando a que las confesiones de los narcoparamilitares que se quisieran someter fueran completas y no a cuentagotas, y a reponer a sus víctimas no solo  con sus riquezas mal habidas sino también con su patrimonio legalizado. Esta determinación del alto tribunal que no tuvo la merecida importancia en los medios de comunicación, era un ataque directo a las pretensiones de impunidad que agenciaban Uribe y el congreso; y su mayor trascendencia fue que el presidente y su círculo inmediato empezaron a perder la iniciativa y el control en ese proceso de sometimiento a la justicia que hoy, mayo de 2010, es un completo fracaso.
Casi inmediatamente después, vino el decomiso del computador de Jorge 40 y con él, el escándalo de la Parapolítica, para que ahora sí, una parte de la sociedad empezara a entender lo que la Izquierda dentro del parlamento venía denunciando una, y otra y otra vez: que los narcos estaban en el congreso, que estaban en el DAS y en la Fiscalía, que también estaban en las fuerzas armadas y que también nos estaban gobernando.
La “trasquilada” drástica de la Corte a la Ley de justicia y paz y el descontento que ella produjo entre las jefaturas narcoparamilitares y el propio gobierno, sumados a los escándalos mediáticos propios de la parapolítica con sus confesiones, capturas y delaciones, todo en un marco de denuncia y expectativa internacional, generaron un sinnúmero de desconfianzas cruzadas entre el presidente, los criminales sometidos a la ley y los que no lo habían hecho, los hombres del narco dentro del congreso y del ejecutivo, los partidos políticos uribistas y todo ese entorno amorfo que dominaba la vida colombiana de entonces. El escrutinio público empezó a activarse ante el fenómeno y en esa medida tuvieron lugar algunos episodios de “sálvese quien pueda”; los jefes anunciaron verdades “dolorosas” y fueron extraditados a EE.UU.; el presidente conspiraba contra la Corte Suprema de Justicia; los partidos uribistas hacían depuraciones internas; el congreso también anunciaba depuración pero Uribe la impedía; se legalizó el transfuguismo; el DAS se limitó a cumplir órdenes… y el presidente se posesionó para un segundo período aprovechando un cohecho ejecutado por sus íntimos. Atrás quedaban pisoteadas las promesas contra la corrupción y la politiquería que sedujeron a la opinión pública cuatro años antes.
De tal manera que la instalación y permanencia del narco dentro del estado ha tenido sus avatares, y ante todo oposiciones, más desde afuera que desde dentro de este gobierno, el más proclive de todos a venderle su alma al nuevo diablo. La obra no está aún acabada porque un sector de  la sociedad, algunas instituciones del propio estado como las altas cortes del poder judicial y la Izquierda, su enemigo natural, se le han atravesado a su proyecto. Un balance de los dos períodos del presidente Uribe arrojan el saldo de la mayor injerencia política nunca antes alcanzada por la narcoeconomía y el paramilitarismo en la sociedad colombiana. Ese es el significado y el legado básico de estos dos períodos presidenciales.
Los analistas que ya han empezado los balances están coincidiendo en que la era Uribe le deja al país importantes logros en materia de seguridad, pero a renglón seguido hacen otro paradójico reconocimiento: que el saldo en respeto a los derechos humanos es claramente negativo. No pretendo extenderme en la discusión de ambas constataciones por separado, pero sí subrayar que esa paradoja necesita un estudio detenido, y que ese estudio obliga a abordar el tema de la seguridad “democrática” en el contexto del ingreso al bloque dominante y a las instituciones estatales de la fuerza sociopolítica del narcotráfico con todas sus implicaciones sociales, económicas y militares. Es pertinente el análisis de las tendencias de los indicadores de seguridad en relación con las coyunturas y vicisitudes del proceso de negociación con los militares narcos. Alguna lógica debe haber oculta que haga compatibles la reducción de los secuestros, retenes ilegales y tomas de poblaciones, con los incrementos de desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y violaciones a la intimidad de los opositores.
Entendido así el significado del “Uribato”, podemos avanzar a la pregunta por las campañas presidenciales hoy en marcha en relación con ese legado.
No es complicado trazar una primera línea divisoria entre los continuistas y los críticos. El grupo de campañas de la continuación, integrado por Santos, Vargas y Sanín, está ya jugado en ese terreno, representa la posibilidad más real para que el bloque dominante se estabilice definitivamente y los emergentes cosechen el fruto preferido de sus ocho años de actividad política dentro del estado. Las campañas alternativas al uribismo en cambio, tienen la posibilidad de ofrecer reformas profundas al estado o convertirse en un fiasco de proporciones mayores, a lo que estamos abocados si tales agrupaciones siguen careciendo de propuestas audaces en materia política, de justicia y de régimen electoral.
La primera concesión al uribismo en que pueden caer las campañas alternativas, es la de agenda, que consiste en dejar de lado temas como los de la paz y los de la democratización de la propiedad agraria y urbana. En contravía a las estrategias de colaboración y convivencia con las mafias políticas, los candidatos ajenos al uribismo deben plantear agendas integrales que abran paso hacia soluciones de política económica y social para todos los grupos de colombianos que han sido expropiados o desplazados, o participan en los diferentes eslabones de la producción y comercialización de narcóticos. Una economía productiva y formalizada que genere oportunidades es también una forma de quitarle aire a las actividades ilegales que sustentan el delito.
Diferenciarse del uribismo es primero que todo, plantearse la recuperación del estado para la sociedad, desalojando de sus instituciones a los representantes, agentes y beneficiarios de todas las modalidades delictivas propias del ascenso narco a la cúspide del poder político. De otra manera no habrá moralización posible en Colombia. En esa línea de pensamiento, salta a la vista que la gran reforma política que el país necesita, es la que reestablezca el equilibrio de poderes, perdido hace décadas y profundizado en esta a favor del ejecutivo y el legislativo. Una “guerra política” como la llaman en el DAS, direccionada desde la casa presidencial contra los magistrados de las altas cortes, por citar un solo episodio, en últimas nos indica que contrario a colaboración lo que aquí tenemos es una persecución de unos poderes a otros.
De manera que, el tema del combate a la impunidad fortaleciendo la justicia, que implica una reforma profunda que ponga al ejecutivo y al legislativo en función de colaboración con las instituciones judiciales para remover la narco-política de  las instituciones, y una reforma agraria que democratice la propiedad, golpeando la base económica de los emergentes empoderados, son apenas dos asuntos que podrían establecer diferenciaciones claras con el uribismo. Ahora la pregunta es: ¿Quién se atreve?, ¿Quién llama las cosas por su nombre?, ¿Quién se arriesga a ser tema del próximo consejo comunanitario?, ¿Quién se le apunta a bajar unos puntos en las encuestas de intención de voto?. Eso es lo que quisiera preguntarles a los doctores Antanas Mockus, Gustavo Petro y Rafael Pardo antes de depositar mi voto.
Mayo 3/10

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