27 ago. 2018

Resultado de la consulta anticorrupción en perspectiva

En un país como el nuestro, donde las élites dominantes patrimonializaron el estado desde hace tanto tiempo y utilizan las rentas públicas para reproducirse como clase social, la corrupción se hace estructural y solo la puede afectar una reforma profunda del régimen político.

Los puntos de la consulta anticorrupción que votamos los colombianos este domingo 26 de agosto, estaban lejos de ser esa reforma profunda que pusiera fin al saqueo sistemático de las rentas y patrimonios públicos por la clase política. Eran un notable retroceso programático respecto al proyecto de la Colombia Humana que recientemente defendimos, que planteaba la lucha contra el modelo de desarrollo rentista-extractivista que es la base socioeconómica de la corrupción, y reclamaba la independencia de la justicia y sus magistraturas respecto a los poderes políticos anidados en las otras dos ramas del poder público, que la mantienen maniatada.

A pesar de la cándida tibieza de dicha consulta, cuyos puntos ya habían sido rechazados por el Congreso cuando se le propusieron, su trámite extralegislativo la politizó hasta el punto que el expresidente Uribe y miembros de su círculo más íntimo salieron a expresar su voto negativo. Un llamado público a rechazar la corrupción, no podía hacerse sin que quedaran en evidencia los exmandatarios del país y quienes los han sostenido en su mediocridad y en sus impunidades. De esta manera, llegado el día de la votación, salir a las urnas era ni más ni menos salir a castigar la clase política. Porque contrario a lo que dijo el presidente Duque en su alocución luego de conocer el resultado de la consulta, “La lucha contra la corrupción no tiene tinte ni color político”, en Colombia sí que lo tiene. Así lo entendieron Uribe y las dirigencias de los partidos del establecimiento, que confiaron su suerte a la dificultad que la consulta tenía de alcanzar el umbral que hiciera vinculantes sus resultados. La carta que se jugaron estaba marcada: poner en “off” todas sus maquinarias, no instalar un solo pasacalle, no imprimir un solo volante ni gastar un solo peso para que ese domingo fuera un domingo normal, con transmisiones de fútbol, eventos y paseos de fin de semana. El susto entonces, debió haber sido mayúsculo con los 11.675.000 votos, o sea menos de medio millón de los necesarios.

Con el triunfo de la consulta o sin él, pocas cosas iban a cambiar en materia de corrupción propiamente. La fiebre no está en las sábanas de los sueldos altos, o las reelecciones indefinidas en cuerpos colegiados, o los pliegos de contratación amañados, o las casas por cárcel para los delincuentes, mucho menos cuando esos asuntos como en este caso, pasan inevitablemente por el Congreso de la República. Donde sí están cambiando las cosas, así lo demuestran estos resultados, es en el empoderamiento de un sector joven de la sociedad colombiana que se está decidiendo a participar en política y se ha vuelto “hueso duro de roer” para el establecimiento y la clase política corrupta. Se está dibujando un proceso  que va desde las movilizaciones por rescatar los acuerdos de paz después del plebiscito, pasa por las luchas electorales del primer semestre de este año, y ahora por esta campaña anticorrupción cuyo único recurso fue la voluntad y la generosidad de muchos ciudadanos que por primera vez se asoman a la política.

Esta consulta es un episodio importantísimo en la emergencia de lo que llamamos las Ciudadanías Libres. Lo que  evidencian las cifras es que  más de ocho millones que en junio votaron por Petro a la presidencia, son ahora más de once millones dispuestos a hacerse oir en las calles y en las plazas. Colombia no podía seguir postrada a los designios de un caballista que logró filar a toda la clase política y ahora quiere manejar el país desde su hacienda. Ya la Corte Suprema lo llamó a indagatoria y se acerca el día en que no cabalgará más sobre la justicia.

No es que los resultados de una consulta se puedan comparar mecánicamente con los de una elección presidencial, pero en los términos de la política colombiana hoy, donde predominan los electorados cautivos y la abstención, la irrupción de grupos ciudadanos que solo se atienen a sus propias experiencias y percepciones sobre la sociedad, constituyen un potencial de cambio que termina amenazando el orden establecido de injusticia y corrupción. A propósito del caballista, nadie ha aprendido mejor que la clase dominante colombiana a cabalgar sobre la ignorancia popular. Igual que en el plebiscito por la paz de octubre de 2016, siempre logran “que la gente salga a votar verraca” como ellos quieren, o que se quede en casa como este domingo porque no había transporte gratuito ni feria de tamales o camisetas. Las ciudadanías libres son esas de la consulta, las que no se mueven detrás de empleos, contratos ni prebendas de nadie. Salen a participar en política porque se sienten ciudadanos o ciudadanas; es cuestión de política pero también de ética.

El presidente Duque queda notificado. Aunque sorteó con habilidad el trámite de la consulta de tal forma que quedó a salvo ante su hundimiento, debe entender que más allá de una oposición parlamentaria, confinada al recinto del capitolio, lo que puede ocurrir en la calles tiene otro precio. En el Congreso habrá, es apenas normal, una bancada de parlamentarios apegada al tibio estatuto de la oposición recientemente aprobado, pero más de once millones de ciudadanos, que son suficientes hoy para poner presidente y sobran, estarán dispuestos a actuar en una amplia geografía para hacer respetar sus derechos. El futuro del gobierno que apenas da sus primeros pasos, tendrá que jugarse prioritariamente en la negociación con la sociedad, pero representada esta vez por un amplio movimiento en proceso de cualificación política, que viene reclamando paz, democracia y transparencia en el manejo de los recursos públicos.

El pacto nacional que anunció el presidente Duque cuando se posesionó, tiene ahora un dato inesperado en el crecimiento de las ciudadanías libres. Él tampoco se la creyó, pero hoy tiene un sector activo de la sociedad que le reprueba el tutelaje del expresidente Uribe, y que podría además movilizarse contra su paquete económico, abiertamente regresivo y antipopular.

Aún sin alcanzar el umbral que la hubiera validado jurídicamente como mandato popular, la consulta anticorrupción tendrá un impacto fuerte en la vida política próxima. Es el empoderamiento de unas fuerzas sociales heterogéneas, pero que pueden alcanzar cohesión reactiva frente a las imposiciones que concertadamente adelantan el uribismo “purasangre” y la aristocracia neoliberal del ministro Carrasquilla. El presidente no sabe para donde coger y luce confundido, como confundidos deben estar tantos jóvenes bien informados que estudian sobre otros países, y no se explican por qué aquí tenemos que votar unas veces por la paz y otras contra la corrupción.

20 jun. 2018

Duque, Petro y voto en blanco en la balanza


Acaba de terminar una de las batallas electorales más importantes de nuestra historia. Con la excepción del certamen de 2006 en que participó Carlos Gaviria, lo que siempre ha ocurrido es que a los colombianos nos han puesto a elegir entre el más y el menos malo para nuestros intereses. Pero el cambio está llegando y se aproximan otros. El pasado 17 de junio se enfrentaron en segunda vuelta dos opciones presidenciales realmente opuestas: la del retroceso a la violencia y la negación de los derechos, representada por Iván Duque, y la modernizante que buscaba poner en vigencia la Constitución de 1991 y el Estado Social de Derecho, encabezada por Gustavo Petro.
En una primera vuelta apasionante, se decantaron los dos agrupamientos: era el pasado contra el futuro, país viejo contra país joven y emergente, la Constitución de 1886 contra la de 1991, contrapunto que equívocamente vienen llamando “polarización” quienes aspiran a una política sin sobresaltos, que no desordene nada porque otra Colombia no es posible, porque caeríamos en el caos y la anarquía, o porque buscaban abrirle espacio al futuro voto en blanco que favoreció a Duque. Las cifras llamaban al optimismo. En efecto, los votos por Petro después de haber llenado muchas plazas públicas, más los de Fajardo y De la Calle constituían unas ciudadanías libres mayoritarias sobre las votaciones de Duque, Vargas y otras insignificantes. Pero las cifras no son la política; aquí solo empieza la trama.
El agrupamiento minoritario rápidamente se unificó alrededor de Duque y se fortaleció con todos los partidos tradicionales y corruptos, los expresidentes, los gremios del capital (mal llamados “de la producción”), sus medios de comunicación al mando de militantes políticos disfrazados de periodistas, los militares mostrando sus dientes, las iglesias oficiales, todo el poderío político y económico del establecimiento cerró filas y quedó trazada una línea divisoria nítida que hasta ese día las élites siempre lograron ocultar, una línea divisoria de intereses de clases sociales muy peligrosa para las que dominan la sociedad. Un instinto de conservación los arropó ya que por primera vez después de setenta años un plebeyo estaba cerca de ocupar la silla presidencial. Las estrategias que utilizaron para atajarlo son una tragicomedia que puede enseñar a sus propios sucesores cómo aprovechar el embrutecimiento colectivo de los colombianos para que nunca levanten la cabeza.
Mientras tanto, en el bando mayoritario de las ciudadanías libres, las cosas eran diferentes. Fajardo, De la Calle y Jorge Robledo anunciaron voto en blanco, malogrando así la única oportunidad en décadas de golpear la corrupción y asegurar una era de paz para Colombia; es decir, las que eran mayorías en el papel, se disolvían en las incoherencias y en la pequeñez de sus líderes más reconocidos. De esa manera, las fuerzas del centro político, que habían matado al tigre de la corrupción en la primera vuelta, se asustaron con el cuero en la segunda, y le fallaron a la sociedad cuando les dio la cita para pasar la página y cambiar la historia del país.
De los casi cinco millones de votos que sumaron Fajardo y De la Calle, solo llegaron algo más de tres millones a la Colombia Humana para la segunda vuelta; los otros se repartieron entre Duque y en blanco, lo cual permitió el triunfo de la coalición de derechas sobre la de izquierdas por 2.338.000 votos de diferencia (12%).
Tres votos en blanco:
Fajardo. La mejor representación del significado del voto en blanco la hizo su defensor más importante, pero no a través de discurso alguno ni de un sesudo escrito público. Fue a través de un trino del 8 de junio, doce días después de su triunfo en primera vuelta (o derrota, como se quiera mirar), y cuando el Senado se disponía a votar la conveniencia de la consulta anticorrupción, así se reportó a sus seguidores divididos entre Petro, Duque y el voto en blanco: “Un sueño de muchos años que por fin realizo este fin de semana: ir a ver las ballenas en el Pacífico. Lejos del mundanal ruido. En la selva”. Twitter retrató la trivialidad de un “niño bien” que cuando se cansa de jugar a la política se va de paseo a desestresarse. Muy pocos colombianos, incluidos los propios fajardistas de alta cuna, pueden descansar viendo las ballenas en el Pacífico; pero ese no es el asunto. Lo que habla de ese excandidato no es ya su tibieza ni su liviandad conceptual, sino su distancia de la política como compromiso social, como lucha empeñada contra la injusticia en un país hecho de inequidades.
Para cambiar a Colombia, derrotar la corrupción y las violencias, no necesitamos héroes ni santos, simplemente hacen falta hombres y mujeres comunes y corrientes, colombianos incansables como hay millones, que luchan toda su vida y lo siguen haciendo por alcanzar lo que creen merecer.
El voto en blanco de Fajardo como el de cualquier ciudadano es respetable. Lo que nadie puede sostener es que esa postura haya sido “blanca”, o imparcial, equidistante, o una especie de justo medio salomónico. Los que así predican, buscan aunque lo nieguen, no ser confrontados y  por lo tanto, no responder por las consecuencias de sus actos, arropados en un discurso sobre la “polarización” que al reivindicar la estabilidad como valor supremo de la vida en sociedad, se asustan con las perspectivas de cambio y en toda propuesta ven saltos al vacío. Terminan por lo tanto, en la defensa del statu quo, al desoír la sentencia del Nóbel de paz sudafricano Desmond Tutu según la cual “Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”.
A ningún político colombiano le pesa tanto su condición de clase como a Fajardo. Son casi dos décadas en las lides electorales y nunca aprendió a hablarle a los campesinos, a los trabajadores, a los excluidos del poder y la riqueza. Su informalidad irreverente se agota en su indumentaria, y así, mal puede simpatizar con las bases de la Colombia profunda, con los pueblos indígenas, afrodescendientes y víctimas de la violencia y la injusticia que se filan cuando habla Petro. El voto en blanco de Fajardo, disfrazado de coherencia y de independencia, fue objetivamente una talanquera a la Colombia Humana y su proyecto de torcer el brazo a los corruptos y expropiadores.
Robledo. El senador Robledo es, al lado de Gustavo Petro, el parlamentario más brillante del país en su historia reciente. De manera imprevista para muchos observadores, involucró a su partido (Polo Democrático Alternativo) en una coalición con la Alianza Verde (Claudia López–Navarro) y Compromiso Ciudadano de Fajardo. No fueron pocas las fisuras que provocaron dentro del Polo las decisiones robledistas, y sectores varios de ese colectivo se deslizaron hacia la coalición Colombia Humana, liderada por Petro, exdirigente del Polo. No obstante, el senador se mantuvo leal a sus aliados, aunque lo relegaron a una posición secundaria en la lucha presidencial, pues un acuerdo interno lanzó a Fajardo y a López como candidatos a la presidencia y vicepresidencia respectivamente. Dos problemas llevaron a Robledo a su decisión de voto en blanco:
El primero es que el Senador ha casado una disputa con todos los sectores y dirigentes adversarios suyos que han pasado en diferentes momentos por el Polo. El apoyo de esas fuerzas al proceso de negociación de la paz entre el gobierno y las FARC, le ha servido de ocasión para tildarlos de “santistas”. Robledo se considera con su grupo, lo único no santista que hay dentro de la Izquierda colombiana.
El otro problema, enmarcado en el anterior, ha sido una satanización a Petro desde que este, derrotado por Santos y relegado a un cuarto lugar en la disputa presidencial de hace ocho años, buscó un acuerdo con el recién elegido, lo que calificó Robledo como un intento de entregarle el Polo al nuevo presidente electo.
Cada quién es dueño de sus propios fantasmas, y el santismo se le aparece al brillante senador cuando menos se espera. El neoliberalismo que encarna Santos, es real y diariamente hace estragos entre los sectores vulnerables de la sociedad, pero también es un espanto que persigue a Robledo. Huyendo de ese espanto, quedó atrapado en él, primero, cuando privilegió una coalición con Fajardo y Claudia López, y después, cuando el voto por la Colombia Humana para dar un timonazo a la historia del país, se le convirtió a Robledo en un voto por la continuidad de Santos.
De la Calle. Humberto de la Calle realizó una notable campaña electoral que giró alrededor de la paz y la defensa de los acuerdos con las FARC que llevaron al desarme de esa guerrilla. Su votación escasa fue el castigo de la ciudadanía, no a quien supo negociar con paciencia y sapiencia los acuerdos de La Habana y el Teatro Colón, sino al partido neoliberal del expresidente César Gaviria, una de las “colectividades históricas” que aún pervive detrás de los presupuestos y las burocracias del estado colombiano.
Sus afinidades programáticas con la campaña de Petro fueron inocultables, hasta el punto que el liberalismo de base y de inspiración plebeya, casi en bloque terminó adhiriendo a la Colombia Humana. Esos, los liberales que se respetan, denunciaron la traición de César Gaviria, que adhirió con su grupo de “enmermelados” a la campaña de Duque.
De la Calle quedó en el peor de los mundos, con el jefe de su partido en una campaña adversaria y las bases liberales transitando hacia las toldas de Petro. Para la segunda vuelta, presionado por las fuerzas que habían dicho “sí” en el plebiscito por la paz de 2016, solo alcanzó a ratificar su fervor por los acuerdos de paz y la búsqueda de un acuerdo sobre lo fundamental, pero sin comprometer en forma explícita su voto y quedándose por lo tanto, en el voto en blanco de su anuncio inicial.
El exnegociador de los acuerdos con las FARC es un gladiador de la paz, pero su karma fue la política tradicional clientelizada de su partido de procedencia, en el cual se hizo y ascendió como hombre público. La Colombia Humana se quedó esperando su voto afirmativo.
......
No era la primera vez que en la política colombiana se articulaban vertientes de izquierda con vertientes de centro, pero nunca antes una coalición de esas había estado tan cerca de ganar la presidencia. El panorama político que se abre con los resultados, ofrece una situación inédita en este país. La izquierda democrática, que viene de sufrir su perfil más bajo durante los cuatro cuatrenios de Uribe y Santos, donde ambos monopolizaron la política nacional, se convierte hoy en oposición legítima al gobierno de las derechas unificadas que preside Duque, con una base social amplia y mayoritariamente joven.
Las dos vertientes oligárquicas que a través de la historia se han disputado tácticamente las representaciones dentro del estado, la una fundamentalmente ligada a la propiedad territorial y la otra al mundo industrial y financiero, luego de superar sus contradicciones principales en torno a la negociación de la paz, se han integrado de nuevo y gobernarán rodeando a Duque. Sus fuentes de riqueza se han articulado de tal manera, que solo necesitaban una cara joven y amable que hiciera de pretexto para volver a abrazarse. Del lado contrario, crecen las ciudadanías libres pero su proceso organizativo es arduo, dada su diversidad y la complejidad de sus aspiraciones sociales y políticas.
Colombia será en virtud de los actuales cambios, un país más real. La corrupción y la injusticia se pueden retratar cuando se quiera con sus caras y sus nombres propios. La otra  Colombia, la profunda, ha adquirido por su parte, una cartografía e identidad propias. Va quedando poco espacio a las mimetizaciones en una sociedad que ha sido controlada con base en miedos y mentiras. Millones de colombianos que hoy siguen votando por sus propios expropiadores, podrán ahora entender en qué ha consistido tanto el juego como su derrota: en hacerles creer que viven en el mejor de los mundos, que su situación solo puede cambiar para peor, y que deben agradecer las migajas que les han tirado, o las que no, como quienes eligieron al que dijo Uribe para que no les expropiaran su tugurio, su chaza o sus empleos y remuneraciones indignas.
La “polarización” política es una ficción colombiana. La verdadera polarización es la social y económica; los procesos de enriquecimiento y empobrecimiento ocurren en simultáneo aumentando la desigualdad y agrandando la brecha donde cada vez quedan menos. Las clases medias son sectores minoritarios urbanos amenazados por la delincuencia callejera y por sus deudas al sistema financiero, cuya representación política no pueden seguir delegando en los corruptos hoy agrupados alrededor de Duque. Es en la Colombia Humana donde cabe la representación de esas clases medias empobrecidas, que aspiran a educación superior, créditos, cultura, seguridad social y a una economía que premie el talento y el conocimiento. Esos sectores de clase, por su dinamismo político, juegan en la Colombia actual un papel altamente influyente en la toma de decisiones. La experiencia electoral reciente demostró su capacidad organizativa y su entusiasmo cuando aciertan en materia programática, cuando contribuyen a inclinar la balanza del lado de la democracia y están dispuestos a empujar el país hacia adelante.
Otra lección que nos deja esta campaña electoral, es la volatilidad política del centro como opción organizativa. En una de las sociedades más inequitativas del mundo, compuesta de una minoría que acapara la renta nacional y unas mayorías abrumadoras al borde de la subsistencia, el espacio propio para sustentar alternativas centristas en política es minúsculo. Si no hay clases medias extendidas que desarrollen capacidad de independencia, el centro político se vuelve una ficción. Esa volatilidad, lo disolvió este 17 de junio en las opciones, esas sí estructuradas, de la derecha uribista y la izquierda liderada por Petro, a no ser que quiera convertir en capital político los 808.000 votos en blanco que hoy no sabemos si los reclama Fajardo, Robledo o De la Calle.
Ha concluido un capítulo de la lucha política en Colombia. Fue una campaña rica en pedagogía, podría decirse que peligrosamente pedagógica para los dueños del poder y de la riqueza nacional. La Constitución de 1886 volvió a quedar en pie pero sus defensores no lograron salirse con la suya, es decir, no pudieron matar la esperanza.

1 mar. 2018

“Polarizaciones”, miedos y odios en debate


Dos personas han monopolizado el ejercicio de la política en Colombia en los últimos ocho años. El asunto empezó cuando el hoy presidente entró en desacato a su antecesor respecto a la política internacional y principalmente respecto al grueso tema de la negociación de la paz con la insurgencia armada. Desde que Uribe y Santos partieron cobijas cuando iniciaba el mandato del segundo, el país político ha entrado en una confusión generalizada de la que no sale aún, y está marcando la campaña electoral en curso. Analistas y opinadores de todas las orillas se fueron bajando uno tras otro del paradigma interpretativo clásico Izquierda vs. Derecha, a lo que siguió la graduación del uribismo como oposición y a la desaparición necesaria de la Izquierda colombiana como contraparte histórica del Estado oligárquico.
Al mejor estilo del Frente Nacional (1958-1974), en estos dos cuatrenios tanto gobierno como oposición han correspondido a facciones de derecha. A la Izquierda se ha reservado un limbo que apenas ahora parece abandonar, cuando los partidos tradicionales y de las mafias están quedando desnudos ante una ciudadanía que este año no quiere más de lo mismo. Desde hace varios meses, las encuestas de intención de voto tienen relegados a los representantes de las derechas a posiciones secundarias. Hay pues, un viraje de la opinión pública nacional hacia posturas democráticas y menos oscurantistas que las adoptadas en estos dieciséis años de “uribesantismo”, los mismos que duró el Frente Nacional.
El contrapunto Uribe vs. Santos se ha instalado de tal manera en el cerebro de tantos colombianos, que dejaron de entender la política más allá de lo que ocurriera con esos dos personajes. La palabra “polarización” es la que mejor expresa esa alienación mental reduccionista que no deja ver los diferentes planos de la sociedad donde se está jugando el futuro del país. Esa expresión es desafortunada para señalar una agudización de contradicciones entre una derecha cruda y una derecha refinada, o una izquierda extrema y una izquierda moderada. El término “polarización” se aplica a un escenario en el cual los dos elementos del espectro político (izquierda y derecha) entran en un proceso mutuo de radicalización, de desplazamiento hacia sus respectivos polos o extremos. Es muy distinto lo que viene ocurriendo en Colombia en esta segunda década del siglo.
Cualquiera medianamente informado ha podido presenciar que la Izquierda armada entró en un proceso de negociación que logró ya, incorporar al sistema político, al orden establecido, a la organización armada más importante de las existentes en el país a través de un proceso de diálogo, a cambio de algunas reformas rurales mínimas y unas garantías de participación política que hoy están en gran parte desconocidas. También resulta inocultable al observador desprevenido que lejos de cumplir los compromisos adquiridos con la firma de los acuerdos, el Estado ha sido incapaz de controlar los territorios “pacificados”, y garantizar el derecho a la vida de los desmovilizados y los líderes sociales que han quedado a merced de neoparamilitares y mafias de todo tipo. Nadie sensato puede decir que haya una radicalización de las formaciones armadas antisistémicas, sino al contrario, una integración de ellas al orden político dominante.
La Izquierda democrática, llamando así a la que se orienta por los métodos pacíficos, persiste en el juego que le ofrecen las instituciones y cree más que antes en la lucha electoral y parlamentaria. La mayoría de ella, abraza hoy un pragmatismo que la ha llevado a votar por opciones de derecha no extrema, a cambio simplemente de no dejarse aislar del juego político o “arañar” pequeñas cuotas de participación.
No hay pues, radicalización de las Izquierdas en Colombia, y al no haberla, la palabra “polarización” carece de toda referencia a la realidad del país. Lo que se está viviendo desde hace ocho años, no es otra cosa que una radicalización de las derechas. Un proceso de endurecimiento de las fuerzas más retrógradas de la sociedad nacional, que no solo rechazan la reconciliación sino que parecen dispuestas a desencadenar nuevos ciclos de violencia. De la mano con esa beligerancia política, han desatado una campaña contra las maneras de pensar, vivir y compartir en el mundo y en la época que nos han correspondido. Han descendido así, a los planos de la moral individual y familiar para avanzar desde allí su lucha contra la libertad en todas sus formas; de manera que las derechas ya no se conforman con la política sino que pretenden abarcar también los dominios de nuestra vida privada.
Lo que se denomina “derecha” desde la Revolución Francesa, es la defensa del autoritarismo y del “statu quo”, del establecimiento político y socioeconómico. Tanto en esa lejana época como en la actual, la estrategia más efectiva de esas fuerzas para mantener todo como está, es generar, inventar y difundir miedos. En Colombia los hay para cada público. Para los más atrasados el “castrochavismo”, para otros las supuestas expropiaciones que anuncia el candidato de la Izquierda, y no faltan los que hacen campañas contra la “polarización”, que a la vez asocian con la lucha de clases. Desde luego, para que haya miedo se necesita ignorancia, y ella en nuestro país es rampante.
En Colombia la historia política ha transcurrido de la mano de los miedos. Siempre una masa de ignorantes ha sido manipulada con temores prefabricados: a los ateos, a los comunistas, a los narcoguerrilleros, a la “ideología de género”, al “castrochavismo”, al “populismo”, a la “polarización”, y a todo lo que sea conveniente en cada coyuntura para mantener blindado el monopolio del poder económico y político. Cada miedo se diseña para cada situación, para cada tiempo y cada espacio; los actuales son tan ridículos como los de épocas pasadas, pero igualmente efectivos para que la gente de a pie, que sufre los rigores del orden establecido, termine volteando la mejilla para pedir la otra bofetada.
Las multitudes colombianas han sido consumidoras de los miedos más terribles, que se transmiten entre generaciones y desencadenan guerras a las que se acostumbran tanto, que luego les da miedo terminarlas. Así viene ocurriendo en este país que tenemos bajo los pies.
Vivimos en un país violento y una sociedad injusta, donde los ciudadanos se consideran a sí mismos condenados en vida, y cada vez que alguien da la cara o alza la voz contra los poderosos, el miedo se convierte en pánico, a tal punto que los asesinatos terminan siendo aceptados como males necesarios para mantener la estabilidad amenazada. Ocurrió con varios candidatos presidenciales y un partido entero físicamente aniquilado: la Unión Patriótica.
Del sentimiento del miedo se transita en línea recta al del odio. En pocas sociedades se ha vuelto tan peligroso hablar de política como en Colombia; a propósito de ningún otro tema salen a flote los odios como cuando abordamos asuntos electorales, gubernamentales o de debate público. Los colombianos evitan hablar de política porque sienten que al hacerlo, profanan sus círculos familiares, sus lugares de trabajo o de estudio. Solamente poner los temas sobre la mesa, parece causal de mala conducta. Pero lo anterior no es gratuito. Es la consecuencia compleja y cultural de una historia de violencia política que ha destruido los tejidos sociales, las solidaridades y las confianzas mutuas entre las personas. Detrás de cada contradictor, vemos un guerrillero o un paramilitar al acecho que solo existe para ofendernos, de tal suerte que lo menos peligroso es callar.
Esta campaña electoral a la que asistimos para designar congresistas y presidente de la República, aunque está trayendo gratas sorpresas, ha sido también como la del plebiscito por la paz de octubre de 2016, un escenario amplificado donde se cruzan como espadas, los miedos y los odios enfilados contra la esperanza de la justicia y la paz. Ese escenario amplificado, vale reiterarlo, no es el de ninguna polarización sino el de una radicalización de las derechas, que a diferencia de situaciones pasadas, están sintiendo un miedo propio que ya no logran transferir fácilmente a la ciudadanía, y se van quedando con él sin que puedan disimularlo. Anticipadamente han empezado a rodar las tulas cargadas de billetes (verbigracia Tunja), los bancos adelantan un bloqueo financiero, y se señala a Petro de azuzar la lucha de clases, como si ese no fuera el oficio de quienes nos gobiernan y nos han gobernado. Si no hubiera existido una intensa lucha de clases en Colombia, si solo ahora la estuviera inventando un candidato presidencial, no sería este uno de los países con mayor desigualdad social del planeta y con 8 millones de campesinos despojados de sus tierras, para no hablar de masacres y asesinatos.
Radicalización de las derechas, miedos y odios, constituyen una de las caras de la moneda nacional. La otra, es la de las resistencias y de la esperanza, porque sectores de la sociedad antes indiferentes o cerebralmente lavados por la prédica del uribismo, han empezado a trazar sus propios caminos y a entender que su “no futuro” tiene los nombres propios de quienes han gobernado el país. Las élites dominantes están quedando al desnudo después de una cadena de escándalos de corrupción que siguen impunes, su probada incapacidad para acabar definitivamente el largo ciclo de violencia política, llevar el Estado a los territorios donde antes se libró la guerra, redistribuir el ingreso nacional para reducir la desigualdad, ampliar la democracia y garantizar los derechos sociales consagrados en la Constitución. La clase política está “rajada” en todas estas materias y pocas veces en la historia su autoridad moral e intelectual se había resquebrajado tanto. Sus candidatos a presidencia y congreso no generan entusiasmo ni alcanzan a ocultar que sus programas son simples maquillajes al injusto orden reinante.
Si las tendencias generales en la intención de voto se mantienen, los partidos que giran alrededor del uribismo y el vargasllerismo, en muy poca medida podrán acceder en esta oportunidad al voto de opinión. Sus votantes mayoritarios serán los que puedan seducir con ofertas de empleos, dinero y las tradicionales prebendas de tamales y cachivaches. El volumen de su votación lo determinará el tamaño de las tulas, a no ser, que atajen a su adversario de turno como repetidas veces lo han hecho: la lista empieza con Jorge Eliécer Gaitán…
Sea cual fuere el resultado de la campaña electoral en curso, las oligarquías tendrán de ella un mal recuerdo. Los partidos y grupos políticos que las representan, lucen desorientados, poco tienen para decir, ya no asustan ni transmiten sus propios miedos. Los odios, por otro lado, siguen ahí, latentes. Hasta ahora se expresan ante todo en los bloqueos a la campaña de “Colombia humana” y en la avalancha de noticias falsas sobre su candidato que ruedan veloces por las redes sociales. Frente a todo lo descrito, un amplio sector político no tradicional pero confundido, en nombre de la necesaria reconciliación que es indispensable para consolidar la paz, clama angustiado contra una polarización que no sabe definir, o que identifica con la exigencia de cambios de fondo en la situación del país, sin advertir que los cambios superficiales y cosméticos, los “no polarizantes”, son precisamente los que hoy enarbolan las opciones del continuismo, expertas en proponer cada cuatro años los cambios a su propia medida, que les permitan crecer y reproducirse vegetalmente mientras las mayorías los soportan resignadas.
Las que están radicalizadas son las élites y sus vocerías políticas. Es a ellas, y no a los ciudadanos comunes, a quienes se debe predicar tolerancia, civilidad, paz y democracia.

18 oct. 2017

Otra vez Venezuela… Otra vez elecciones… Otra vez el chavismo!

Desde que Hugo Chávez se instaló en la presidencia en 1999, 23 veces los venezolanos han ido a las urnas a expresar su voluntad, en promedio más de una anualmente, de las cuales el chavismo solo perdió en 2007 y en 2015. Su último triunfo acaba de sellarse este domingo 15 de octubre con la obtención de 18 de 23 gobernaciones estadales que estaban en juego.
Ha sido a través de certámenes electorales y de movilizaciones callejeras que el chavismo se ha mantenido vigente desde fines del siglo pasado. Así ha logrado sobrevivir a dos ofensivas concertadas: una interna de carácter violento y apátrida, y otra externa que combina la ofensiva comunicacional con la asfixia económica y las sanciones al gobierno y al pueblo chavista.
Los dos triunfos de este año: la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio y el del domingo pasado, son especialmente significativos por el decidido empeño de Washington y sus aliados en Europa y América Latina por poner fin, a cualquier costo, al proceso político chavista y con él, a la primavera de rebeliones latinoamericanas contra la dominación imperial que ya se acerca a sus primeros 20 años. La centralidad de la Revolución Bolivariana en la vida política de la región es incuestionable y en ninguna parte es tan bien sabido como en la Casa Blanca. Esto hace a los triunfos del chavismo cada vez más trascendentes, cada vez más internacionales.
La fórmula chavista empleada para derrotar la violencia y salir de la crisis política, se llama democracia. La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente sirvió para frenar en seco la ofensiva violenta y sediciosa que dejó cerca de 120 muertos entre abril y julio; a la vez está propiciando nuevas tentativas de diálogo con sectores de la oposición que después de tanta sangre, cada vez creen menos en una dirigencia que anda por EE.UU. y Europa pidiendo sanciones para su propio país. Las elecciones últimas del domingo 15 y sus resultados, con una participación récord de 61.14% para las regionales, realizadas sin incidentes que lamentar y escrutadas  con una inmediatez sin precedentes, consolidan la recuperación del sistema político y dan un baño de legitimidad a la Asamblea Nacional Constituyente y al propio gobierno del presidente Maduro.
La oposición se dividió entre un sector radical sedicioso, que sigue añorando la “guarimba”, el vandalismo y la sangre, y otro, que sí acogió el llamado al certamen democrático, aunque repitiendo el libreto de participaciones pasadas, que consiste en llamar a votar, participar en las auditorías de la plataforma tecnológica, avalarla, y antes de que el Consejo Nacional Electoral publique el primer boletín del escrutinio, anunciar fraude a los cuatro vientos y convocar ruedas de prensa para que el escándalo sea recogido por los medios de comunicación internacionales y obviamente, por el Departamento de Estado, quien ya expidió comunicado diciendo que las elecciones no fueron “ni libres ni justas”, que “la voz del pueblo venezolano no fue escuchada” y otras perlas que sus asesores tenían ya preparadas mucho antes del domingo 15.
Así, la Mesa de Unidad Democrática –MUD– que agrupa a la oposición, anunció su desconocimiento de los resultados y está pidiendo auditorías totales, pero nada dice sobre la validez de las 5 gobernaciones que obtuvo, 2 más de las que venía ocupando desde 2012.
Igual que el 30 de julio, lo que hubo el pasado domingo, fue un castigo popular a la violencia y a quienes han aplaudido todas las injerencias extranjeras en los asuntos internos del país. En particular, ha salido golpeado el proyecto de instalar un gobierno paralelo desde EE.UU., que con el apoyo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha dado su primer paso al posesionar en la sede de ese organismo, a un Tribunal Supremo de Justicia espurio, que pretende armar expedientes contra el gobierno de Caracas y sus funcionarios, para acusarlos ante organismos internacionales como la Corte Penal Internacional.
La estrategia de un gobierno en el exilio, es la última carta que le queda a la burguesía internacional después de haberlas quemado todas en el juego dentro de fronteras que protagoniza con la MUD y sus “guarimberos”. Trump y sus halcones seguirán insistiendo en el proyecto de no dejar terminar el gobierno de Maduro. Pero cada vez es menos viable que ello lo puedan lograr a través de una oposición interna repetidamente vapuleada en las urnas. La opción del empleo directo de la fuerza también parece esfumado, ante las dificultades para una legitimación dentro de la OEA (aplicación de la “Carta Democrática”), y la opinión negativa del presidente colombiano, dispuesto según parece, a no ensuciar su Premio Nóbel de la paz con un apoyo a semejante aventura.
La derecha venezolana no solo muerde el polvo de sus propias derrotas. Enfrenta igualmente una dura crítica de sus pares internacionales y de los republicanos estadounidenses; su ineptitud quedó ampliamente probada. Su panorama de corto plazo se ha oscurecido para la recta final del período de Maduro. Ha pasado a depender cada vez más del oxígeno que le manden del norte empaquetado en denuncias internacionales contra el gobierno, en descertificaciones y sanciones de todo tipo. Por lo tanto, la injerencia externa en los asuntos venezolanos crecerá. La oposición la pedirá a diario, y gritará que está siendo torturada y exterminada impunemente. Las derechas internacionales entonces se concertarán para la intervención “humanitaria” y para defender los derechos humanos de los indefensos, asuntos en los cuales han acumulado una larga experiencia.
El escenario próximo de la defensa de la Revolución Bolivariana es el de una internacionalización mayor. La confrontación entre el chavismo y la oposición interna se desnudará y quedará al descubierto lo que muchos han querido ocultar: que de lo que se trata es, de los intereses imperiales de los EE.UU. sobre unos recursos naturales venezolanos y latinoamericanos, esenciales para mantener su economía predatoria y consumista; que lo que está de por medio es el petróleo de quien tiene los mayores yacimientos del planeta. Otros países del mundo han sufrido en carne propia la desgracia que significa ser ricos en hidrocarburos.
Después de la segunda derrota de la derecha venezolana e internacional el pasado 15 de octubre, grandes medios de comunicación abren sus páginas a dirigentes, periodistas y analistas liberales para que “expliquen” los resultados que arrojó la jornada. Muchos dejan a un lado el análisis concreto de las situaciones concretas para hablar sobre encuestas, predicciones y sondeos, pensando que en Venezuela como en sus países, son los encuestadores y quienes los contratan, los que protagonizan la política nacional. Casi todos se cuidan de mencionar la Revolución Bolivariana y sus logros, el legado ideológico de Chávez o las organizaciones de base popular que constituyen la sólida retaguardia del régimen político; mucho menos se refieren al rechazo social que han provocado tres meses consecutivos de muerte y destrucción. Los analistas de cabecera que nos ponen a leer, son “políticamente correctos”. Más confundidos que nunca, la han emprendido ahora contra los electores, a quienes consideran descerebrados que no votan teniendo en cuenta sus cifras de favorabilidad y desfavorabilidad. Así son nuestros liberales: cuando pierden en democracia, se proclaman ganadores echando mano de las encuestas. Esta es la manera como andan “argumentando” el supuesto fraude del domingo, pues todo lo que no haya sido previsto y proyectado por ellos mismos, es un robo de los chavistas o del gobierno de Maduro.

No es que “La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida” como canta Rubén Blades. Lo que sucede es que una cosa son las realidades políticas y otras muy distintas las proyecciones estadísticas. Si no fueran distintas, el SÍ a la paz hubiera sido el triunfante el 2 de octubre del año pasado en Colombia; pero no fue así, y quienes perdimos, tuvimos que aceptar una renegociación de los acuerdos de La Habana. Los demócratas de verdad, no pueden pretender ganar con cara y con sello al mismo tiempo, al mismo tiempo en las urnas y en las encuestas de opinión.

3 ago. 2017

Venezuela: Rebelde y constituyente

Se realizó este domingo 30 de julio la jornada de elección de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana. La sola realización de ella, es por sí misma una derrota de la “posverdad” según la cual, el chavismo es un cadáver y su gobierno está encabezado por un tirano carente de apoyo ciudadano que solo se apoya en la fuerza. La oposición se había jugado todo para impedir que las elecciones se realizaran. Su proyecto inocultable contemplaba boicotear ese evento convirtiendo a Venezuela, y principalmente a Caracas, en un campo de batalla para impedir a los ciudadanos acercarse a los puestos de votación, levantando barricadas, provocando trancones, incendios y asesinatos de chavistas que obligaran a la gente a quedarse en casa.
La oposición pronorteamericana efectivamente tiñó de sangre la jornada, pero perdió la batalla. Sus únicos trofeos fueron los 15 muertos, principalmente en Táchira y Mérida, entre ellos un candidato a la Constituyente y un policía, los heridos, la destrucción de algunos materiales y el asedio de 200 puestos de votación, que no alcanzaron a impedir el ejercicio del derecho fundamental a participar en política, a elegir y ser elegido. En cinco municipios no fue posible realizar la votación, además hubo algunas perturbaciones y retrasos principalmente en los barrios caraqueños de estratos altos de la población. Fueron así, unas elecciones bajo el asedio de la violencia, que los ciudadanos, la fuerza pública y el poder electoral supieron sortear de muchas maneras.
Este triunfo de la democracia no obstante, no cierra el ciclo que se ha denominado como un golpe de estado “suave” o “blando”, iniciado  desde el momento en que Nicolás Maduro ganó la presidencia frente a Henrique Capriles en abril de 2013. La oposición interna ha anunciado que mantendrá sus actividades insurreccionales, al tiempo que los poderes imperiales externos se disponen a aplicar nuevas sanciones contra el país y sus dirigentes. Vendrán pues, nuevas batallas entre el chavismo y los opositores que guiados desde Washington, insistirán en derrocar el gobierno constitucional venezolano. Muchos de sus miembros se harán más violentos y van a derivar en formaciones terroristas, solo que practicarán un terrorismo del “bueno”, es decir, del que patrocina EE.UU.
La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente fue la apuesta estratégica más importante y más generosa del chavismo hasta hoy. Fue su propio proyecto político lo que puso en juego, hasta el punto que muchos de sus líderes fueron reticentes a jugarse en un debate público lo que en franca lid han ganado y mantenido durante 18 años. La oposición no entendió o no quiso entender la magnitud del reto que se le estaba haciendo. Con la mentalidad del “todo o nada” prefirió mantenerse en su apuesta violenta de derrocar al gobierno legítimo con base en sus apoyos externos.
La Mesa de Unidad Democrática –MUD– y el empresariado que se agrupa en Fedecámaras, se negaron a participar y a presentar candidatos. Hasta pocos días antes del 30 de julio, emisarios del presidente Maduro sostuvieron reuniones con la dirigencia opositora, se les ofreció incluso un aplazamiento de las votaciones para que tuvieran tiempo de adelantar una campaña electoral amplia con todas las garantías, pero todo fue inútil. Pudieron más los odios y la intransigencia vengativa de esa cúpula. No es inmoral ni es un delito que una agrupación política busque el poder del estado y luche con denuedo por convertirse en gobierno, pero no tiene presentación que renuncie al diálogo, a la negociación, a la movilización civilista, es decir, a la política, para transitar los caminos de la violencia.
La oposición venezolana demostró por enésima vez, que no es ni democrática ni civilista. En 2002 dio un golpe de estado; dos veces en 18 años ha triunfado electoralmente y sus resultados han sido acatados sin vacilaciones, a cambio, ha considerado “espurias” todas las victorias ajenas, una cada año en promedio. El pasado 16 de julio realizó una consulta extralegal y nadie los obstruyó con trancones, incendios, asesinatos, ni destrucción de su material electoral. Hoy como siempre lo ha hecho, patea la mesa y además advierte de peores días para Venezuela.

Las frías cifras
Oficialmente los votantes fueron 8.089.320 que equivalen al 41.53% del censo electoral, faltando solo pocos sufragios que son los indígenas. Los resultados del evento eleccionario fueron sorpresivos, no tanto porque la matriz de opinión impuesta por los medios subestimó la fuerza del chavismo, sino porque la oposición mandó todas las semanas anteriores un mensaje intimidatorio que buscó reducir la participación a un mínimo histórico.
La abstención fue por lo tanto del 58.47%, que corresponde en parte a la oposición y en parte a grupos de ciudadanos apáticos o que fueron víctimas del saboteo programado por los violentos. De hecho, los analistas políticos de ese país han identificado desde fechas recientes un amplio sector de ciudadanos que desencantados de la violencia, han terminado por marginarse de la política misma.
Dos semanas antes, la oposición había cantado victoria con la realización de una consulta anticonstituyente, manual y sin ninguna auditoría, cuyo material fue incinerado dos días después, que según sus organizadores obtuvo 7.6 millones de votos. Sobra  decir que esa consulta no tenía ningún efecto interior tangible, pero le dio aire a la algarabía mediática internacional, y sobre todo, fue aprovechada para abrir expectativas sobre un eventual gobierno paralelo que empiece a obtener reconocimientos y apoyos económicos internacionales, y termine con los actuales dirigentes chavistas exiliados o compareciendo ante tribunales de justicia.
La votación del antichavismo perdió el 30 de julio las potencialidades que le habían colgado, lo que no significa que desde Washington y otras capitales latinoamericanas, se eche al cesto de la basura el proyecto de un gobierno paralelo que restituya el Palacio de Miraflores a la derecha venezolana.
Mientras tanto, la cifra de los 7.6 millones se le vino en contra a la MUD, porque en ausencia de ella, estaría festejando y reclamando que el 58.47 de abstención, le pertenece. Estaría cantando victoria sobre el 41.53% constituyentista, que de todas maneras, es minoritario respecto al censo electoral. Deben sus dirigentes estar analizando hasta dónde se equivocaron al dejarse contar, así la cifra de 7.6 millones no haya sido certificada por nadie. La fotografía al desnudo de las fuerzas electorales hoy, muestra un gobierno fortalecido frente a la oposición y frente a la masa abstencionista.
Esta derrota tiene muchas lecturas dentro de la oposición; agudizará la división entre quienes tímidamente se inclinan por un diálogo con el régimen y quienes persisten en el proyecto de triunfar por la fuerza. Parte de ese debate se reflejará en la próxima semana, cuando se abran las inscripciones de candidatos a las elecciones regionales de diciembre, pues algunos persistirán en los derramamientos de sangre y los menos obtusos, querrán participar en unos comicios organizados por los mismos funcionarios, las mismas instituciones y las mismas máquinas que supuestamente les han robado todas las elecciones desde 1998. Su mundo no puede ser peor.

Los medios, o el sol que alumbra de noche
Las grandes empresas comunicacionales que tienen cubrimiento latinoamericano, han sido las puntas de lanza del golpe de estado blando contra el gobierno venezolano. Su proyecto es desarrollar la matriz de opinión internacional necesaria para el derrocamiento de Maduro, que le otorgue legitimidad a una suplantación por la fuerza, o mejor aún, a través del poder legislativo y judicial como se hizo exitosamente con Zelaya en Honduras (2009), Lugo en Paraguay (2012) y Dilma Rousseff en Brasil (2016). Imposible olvidar además, que el pasado 9 de enero, la mayoría de la Asamblea Nacional declaró el “abandono del cargo” del presidente Maduro, en un intento fallido por sacarlo del poder por la puerta de atrás.
Esos grandes medios, principalmente radiales y televisivos, han conformado un coro apabullante que fabricó una opinión pública no solo antichavista, sino además antivenezolana, que llenó a países como Colombia de “venezolanólogos” de ocasión, que ignoran lo que ocurre debajo de sus propios pies, pero hablan con desparpajo contra Maduro y contra la Constituyente, lloran los muertos que, según les han dicho, todos son opositores, y hasta acusan de “castrochavista” al pobre Juan Manuel Santos, que fue el primer presidente latinoamericano en obedecer a Trump cuando declaró desconocer las elecciones del domingo pasado.
Los mensajes de la “canalla mediática” buscan que el enemigo de la burguesía sea el enemigo de todos, como Estados Unidos lo ha hecho con otros países, grupos o líderes, incluidos viejos amigos que caen en desgracia. Se trata de un matoneo organizado para movilizar fuerzas contra un tirano, mafioso, narcotraficante, dictador monstruoso que viola derechos humanos y debe ser eliminado antes que elimine él nuestro paraíso. Lo particular es que esos monstruos crecen siempre en las regiones del mundo que son ricas en petróleo. ¡Qué raro!...
Un día después de depositados los ocho millones noventa mil sufragios por la Constituyente, una de las votaciones históricamente más altas del chavismo, muchas mentiras se han derrumbado, pero no los intereses de los conglomerados empresariales que gerencian los medios. En pleno día siguen diciendo que es de noche, hablando de fraudes y dictaduras, y anunciando los apocalipsis que vendrán si ellos no pueden volver a gobernar. El periódico de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el magnate más rico de Colombia, y de la familia Santos, con la moral periodística que tanto se aplica en este país, tituló en primera página “A sangre y fuego Nicolás Maduro impone su constituyente” y la fotografía que ilustra la “noticia”, es precisamente una avenida desierta, una romántica pareja en trance de heroísmo, dos llamas y una humareda, que maliciosamente, ilustran la sangre y el fuego que según el periódico, la impusieron. Ese diario es el decano de la prensa centralista bogotana y adalid de la libertad de prensa que se practica en este país.
Esa prensa, con toda razón, se siente perdedora frente al resultado de las elecciones para la Constituyente, y reacciona igual que las “barras bravas” futboleras cuando pierden el partido. Saltarán más y su algarabía será mayor; van a crear más “Venezuelas sin fronteras” y más programas para transmitir en vivo y en directo todas las hazañas de la oposición. Nos darán muchas lecciones de prensa libre, pero libre allá.

Los hilos se mueven desde Washington
Estados Unidos es el centro de poder que mueve los hilos del antichavismo interno y externo a Venezuela. Desde la enfermedad de Chávez reacomodó fichas para regresar al Palacio de Miraflores y cuando fracasó, inició todo un proceso de desestabilización que ha combinado todas las formas de lucha contra el gobierno de Maduro, unas veces en forma directa y otras, a través de la MUD. Es evidente que los acercamientos de Obama hacia Cuba, a finales de 2014, tenían la contracara de una reformulación de la política imperial frente a Venezuela. Significaban un cambio de frente porque entendió la Casa Blanca que más que Cuba, era el chavismo quien tenía mejor proyección sobre la América Latina rebelde.
Tanto Obama como Trump, han acompañado y mantenido el oxígeno al antichavismo, pero han hecho lo posible para no dar la cara y no entrar de lleno en una confrontación abierta que pueda involucrar a una parte importante de América Latina. Lo anterior explica en parte, la prioridad de la guerra comunicacional y, las actuaciones directas sobre dirigentes individuales, antes que sanciones colectivas que puedan conducir a una radicalización generalizada. Quizá estén aprendiendo de su amarga experiencia cubana.
Pero los resultados electorales del 30 de julio fueron inesperados para los norteamericanos también. Esa fecha fue anunciada por la oposición como la hora cero, la de las acciones más intrépidas y la derrota estratégica del chavismo. Como el resultado fue distinto, a esta hora se encuentran reunidos recomponiendo la agenda del golpe.
En la consumación del golpe de estado, Washington ha tenido contratiempos que insistirá en resolver. Uno de ellos es con la OEA, que no ha logrado después de largos intentos, producir una resolución contundente y definitiva que expulse a Venezuela del sistema interamericano, como fue expulsada Cuba en 1962, no por casualidad, ante proposición presentada por la delegación colombiana. Y es precisamente el estado colombiano, la otra pieza del ajedrez que EE.UU. debe alinear para la derrota del chavismo. El imperio necesita que Colombia reasuma su papel tradicional de peón de brega para la política latinoamericana de los EE.UU., papel que ha embolatado en los últimos años, con Álvaro Uribe porque no tuvo la total confianza del demócrata Obama, y con Santos, porque un activismo proestadounidense lo hubiera inhabilitado para negociar la paz con organizaciones de la Izquierda armada. En la medida que las negociaciones con las insurgencias vayan quedando resueltas, el Estado colombiano volverá a su tradicional condición de “Caín” de América Latina.
Además de reasumir su papel en la geopolítica de Washington, Colombia está llamada a hacer valer su extensa y porosa frontera venezolana, la posesión de una amplia base social contrainsurgente y de siete bases militares norteamericanas dispuestas para cualquier eventualidad. Sin el concurso de la OEA y del estado colombiano, es poco probable que la agresión militar se desate contra Venezuela; mientras tanto las principales cartas a jugar seguirán siendo la de un gobierno paralelo y la ruptura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que desate una guerra civil, quizá el mejor pretexto para una intervención a gran escala.

Todo lo del pobre es robado
Hay un abundante material periodístico tanto analítico como audiovisual, del que pueden deducirse conclusiones sobre aspectos sustanciales de la división social que volvió a expresarse en la jornada constituyente del domingo. Está latente en los electorados del chavismo y la oposición, una condición de clase social que guste o no, ayuda a entender los proyectos políticos que se juegan en Venezuela. El asunto empieza a visibilizarse cuando las cámaras enfocan a corta distancia los rostros de los manifestantes, sus conductas y sus gestos. Hay un inocultable contraste en los colores de piel, las sutilezas del vestuario, el habla y las maneras de referirse a sus entornos.
Está suficientemente documentado que las expresiones colectivas de los chavistas, radicalismos aparte, son festejos donde a menudo se canta, se baila y se disfruta del encuentro, siendo normal en ellos la presencia de mujeres y niños. En el bando del frente, en cambio, sobresalen las capuchas, el brazo amenazante y la predisposición al asalto. Se trata de jóvenes principalmente de las clases medias altas, resentidas con un gobierno que no les está garantizando sus viejos privilegios.
Pero las divisiones de clase, que son objetivas y se definen ante todo en el mundo de la economía, no se trasladan mecánicamente como si fueran fotocopias, al mundo de la política. Así, en la oposición venezolana militan también ciudadanos de los estratos sociales más bajos, algunos de los cuales hacen parte de los grupos de choque que arman los dirigentes de la MUD para provocar caos selectivos en las grandes ciudades, sin mencionar los que son contratados para esos fines en las entrañas mismas de las barriadas caraqueñas. Del otro lado, tampoco todo es chavismo ni mucho menos “clase obrera” consciente dispuesta a acabar con el capitalismo. Un número importante de votantes por la Constituyente fueron ciudadanos ajenos al gobierno y sus políticas, pero cansados de la violencia y jugados por las soluciones políticas a la crisis, de tal manera que sus votos fueron ante todo por el valor supremo de la paz.
En toda esta confrontación, que tiene tanto de simbólica, el antichavismo no ha podido ocultar un sentimiento aristocrático, que pone en duda, cuando no niega abiertamente, la posibilidad de que los pobres, o los negros, o los marginados en ese país sean sujetos de derechos. Es recurrente el señalamiento de las supuestas “dádivas” que reciben del gobierno los grupos sociales más vulnerables de Venezuela, que cargan el estigma de “aprovechados” que Maduro se ha echado al bolsillo para mantenerse en el poder. Es decir, hay un resentimiento social que en el fondo, condena las políticas públicas redistributivas que reconocen derechos a los que no los han tenido; considera que estos, son para la parte superior de la pirámide social pues como suele decirse “todo lo del pobre es robado”.
Prevalece allá como en el resto de América Latina, un vocablo que inunda el relato político dominante para llenar de carga negativa el reconocimiento de derechos a los desposeídos, ese vocablo es “populismo”, y señala una suerte de pecado político consistente en integrar a los marginados, en extender la ciudadanía social o garantizar la subsistencia a los más vulnerables. Es un lenguaje fácil, de uso generalizado incluso dentro del liberalismo, para el cual lo políticamente correcto es mantener la pobreza dentro de los límites adecuados que no constituya una amenaza al statu quo.
En nuestro medio entonces, se han tildado de “populistas” todos los proyectos redistributivos de riquezas o de ingresos, que han ido más allá de lo convenido entre las oligarquías para mantener el orden establecido. No por casualidad, ese discurso aristocrático, en Venezuela como en todos los países, se esfuerza por unificar el significado de “populista” con los de “dictador” y “tirano”.

¿Socialismo petrolero?
La economía venezolana está levantada desde las primeras décadas del siglo XX sobre una sola columna que son sus inmensos yacimientos de petróleo. Esa economía monoexportadora, rentista y extractivista, marca todos los aspectos de su vida nacional: la sociedad, la política, la cultura y el territorio. Durante el siglo pasado ese país fue gobernado por oligarquías petroleras voraces que solo en las mayores bonanzas exportadoras dejaban gotear algo hacia los estratos bajos de la población. Ese modelo de desarrollo era funcional a las clases dominantes y al mismo tiempo estas, defendían y hacían lo posible por mantenerlo. El modelo generaba dependencia de los mercados internacionales del crudo e inestabilidad económica interior, pero esos nunca fueron problemas para los magnates que quitaban y ponían los gobiernos porque finalmente, como ocurre en todas partes, los que pagan las crisis son los pobres.
Cuando el chavismo accedió al poder en 1999 se echó encima esa carga inmensa de transformar la sociedad venezolana  desde sus cimientos, lo que implicaba cambiar un modelo de desarrollo enraizado en lo más profundo de la historia pasada. No se puede sin faltar a la verdad, negar los esfuerzos del gobierno por incentivar la producción agraria e industrial, pero la otra cara de esa verdad es la del fracaso, porque al día de hoy, esa economía sigue siendo esencialmente rentista y vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales, con graves consecuencias tanto para el conjunto de las políticas económicas, amarradas de mil maneras a las cotizaciones externas del crudo, como también para la sociedad y la política.
La transición Chávez-Maduro en 2013 fue particularmente problemática para el chavismo en lo social y en lo político. La oposición estuvo cerca de ganar el palacio de Miraflores y rechazó los resultados a su manera: con muertos y heridos. Ese mismo año sobrevino la crisis de los precios internacionales del petróleo que apenas en estos días, muestran una mejoría muy leve. Como consecuencia de esta baja, el ímpetu de las políticas sociales gubernamentales se ha frenado, aunque manteniendo en lo fundamental los triunfos alcanzados con rapidez en años anteriores, tanto en subsidios a alimentos como en salud, educación y vivienda.
La debilidad de la macroeconomía venezolana con sus altos índices de inflación y su inestabilidad monetaria son el “coco” que el chavismo no ha podido espantar. Un experimento socialista es insostenible sin una base social productiva que rompa la dependencia alimentaria y energética, y ponga el país a salvo del desabastecimiento y los saboteos, tanto internos como externos. Ese talón de Aquiles es bien conocido por quienes buscan el golpe de estado en el país vecino y no han dudado en martillar duro sobre ese punto.
Una de las formas de lucha predilectas del antichavismo, con la música de fondo de los medios sobre la “crisis humanitaria” ha sido la guerra económica, bajo la forma del acaparamiento, la manipulación de precios y el ocultamiento de productos básicos para la población. Esas estrategias delictivas obligan al gobierno a imponer controles y racionamientos que, bien lo saben los opositores, le generan desgaste y mala imagen pública. Es un juego sutil que hábilmente Maduro y sus asesores, en parte han aprovechado para construir poder popular a través de organizaciones comunitarias carnetizadas que vigilan y controlan la distribución de bienes básicos.
Un modelo de desarrollo, más aún si es extractivista, no se puede cambiar como si fuera un traje. Pero el chavismo no podrá garantizar su subsistencia, si por lo menos en el mediano plazo no avanza en la diversificación de su economía y en agregar valor a sus materias primas exportables, que son muchas más que petróleo crudo.

El escenario inmediato: el agrio y el dulce
La Constituyente elegida el 30 de julio, fracasó en su objetivo de convertirse en la gran mesa de negociación multisectorial que aisle definitivamente a los violentos y reconduzca la vida institucional de Venezuela. Otra cosa es su legitimidad jurídica y política, su carácter popular y territorial indiscutibles. Sesionará hasta que el nuevo texto constitucional esté redactado. La oposición continuará convocando movilizaciones que toda la opinión pública sabe, son violentas o degeneran en vandalismos. Violencias y vandalismos que no serán condenados por los antichavistas de ningún lugar del mundo y al contrario, serán mostrados como actos heroicos de una juventud libertaria y generosa dispuesta a sacrificar la vida por su pueblo.
Si no fuera por el aire que reciben desde fuera, las formaciones opositoras violentas por sí solas, estarían condenadas a apagarse en sus propias llamas, debido al aislamiento progresivo y el desgaste que vienen sufriendo desde semanas atrás. No todos los sectores que agrupa la MUD ven con simpatía esa estrategia de destrucción y muerte que tanto afecta bienes y personas ajenas al gobierno, por eso hay en su interior una división latente que cuando pase este temporal, seguramente se va a expresar en forma abierta.
Pero el sector más duro de esa coalición, que mantiene abierta la convocatoria a la lucha callejera, mejor sintonizado con el antichavismo exterior, mantiene la lógica del golpe por golpe y del “es ahora o nunca”. No se van a dar pausa y buscarán afectar a la propia Asamblea ya instalada.
Luego de abstenerse de participar en este proceso, en el corto plazo solo aparece el escenario de la lucha electoral por representaciones regionales, que de no ser asumido, va a marginar políticamente a la MUD por largo tiempo y de contera, a estimular su proyecto de tumbar el gobierno a través de la fuerza. Hasta ahora, los mensajes no son claros, pero están llamando ya a tomarse las calles contra un supuesto fraude, igual que siempre lo han hecho en todas las elecciones pasadas para mantener el ambiente insurreccional. Es la única bandera que pueden desempolvar hoy para mantener el orden público bajo amenaza.
En este contexto de sesión bajo asedio, la Constituyente ofrecerá también oportunidades al chavismo para una recomposición política y  organizativa, que bien podría empezar por evaluarse y someter a crítica sus propias omisiones y realizaciones, tanto en el plano tan delicado de la economía como en aspectos de la dirección, los métodos y los sistemas de representación internos y hacia afuera, que tanto se polemizan entre las Izquierdas latinoamericanas.
De conjunto, la oposición interna se ve cada vez más desorientada, lo que no significa una mengua de su capacidad de daño. Incapaz de deslindarse de la violencia y de condenarla, tiende a convertirse en marginal frente a un proceso constituyente que al concentrar un poder legitimado en las urnas, va a ser protagonista de la toma de decisiones en el futuro inmediato. El futuro de la oposición entonces, depende en lo fundamental de los apoyos que le lleguen de fuera, del oxígeno que le den las injurias, las calumnias y las sanciones contra el chavismo provenientes de los poderes imperiales, como se observa a las claras con la película tantas veces repetida del fraude electoral.
Si bien la Constituyente es un fracaso como escenario de reconciliación, es una dura derrota para el proyecto de tumbar al presidente Maduro e impedirle que gobierne hasta el último día de su mandato en 2019. Es ahora el chavismo el que ha quedado con la iniciativa, así tenga que seguirse defendiendo como gato patas arriba, principalmente de una andanada mediática externa que no tiene precedentes en el mundo.
La fuerza de la Asamblea Nacional Constituyente y sus primeros resultados deben ser tan significativos, que logren atraer a sectores de oposición a un ejercicio de diálogo, o a desistir por lo menos del proyecto violento que los ha animado. Será fundamental para el chavismo, en esa perspectiva, romper el cerco mediático, logrando que no solo su voz sea escuchada, sino también la de la América Latina rebelde que en todos los países se está expresando en defensa de Venezuela, pero es inexistente para las burguesías que monopolizan el ciberespacio y han convertido la información en parte intocable de su patrimonio privado.

16 jun. 2017

Las barras bravas de la política en Colombia

Colombia está tomada por fuerzas internas que la estrujan cotidianamente de un lado para otro. Un ataque de nervios permanente provoca una opinión pública vociferante, espoleada por mediocridades institucionalizadas sin proyecto diferente que promover intereses privados propios o de terceros. El país se llena de falsos dirigentes que a punta de “posverdades” o verdades a medias, arman cada uno su propia barra brava, y al igual que en el mundo sórdido del fútbol rentado, dan la espalda al campo de juego para saltar, insultar y amenazar a sus adversarios, sin otro argumento que su número, su bandera o su poder de intimidación.
1.
La más reciente de esas formaciones energúmenas, es la del gobernador Luis Pérez Gutiérrez, para desconocer el veredicto adoptado en derecho según el cual Belén de Bajirá, no es un corregimiento antioqueño sino chocoano. La barra brava de Pérez, está encabezada por la Asamblea Departamental, la misma que quiso condecorar y adoptar como hijo de Antioquia al corrupto exprocurador Alejandro Ordóñez. Esa corporación se trasladó al corregimiento disputado para celebrar una sesión “descentralizada”, cantar el himno e izar la bandera antioqueños; un acto de provocación y desafío a las autoridades nacionales que está siendo aplaudido por el resto de la barra, en la cual se han filado el expresidente Uribe, el alcalde Fico y las élites empresariales que desde la década de los ochentas lanzaron la consigna colonialista de “la conquista del trópico antioqueño”.
La manipulación ha sido burda. Ya hasta “Los del sur”, la gran barra futbolera del Atlético Nacional, exhibió una gigantesca pancarta en el estadio con la leyenda “Belén de Bajirá es de Antioquia”, que según el periódico El Colombiano “fue iniciativa de la barra y no de la gobernación de Antioquia”. No han faltado los pronunciamientos de los exgobernadores y de todas las llamadas “fuerzas vivas” de la antioqueñidad decadente, tan bien representada por sus actuales mandatarios.
Una de las perlas del gobernador Pérez, es su campaña de recolección de un millón de firmas para respaldar su rebeldía con el gobierno de Bogotá. De manera que la barra va a crecer y hasta puede volverse más brava. Para Pérez no importa que Chocó tenga medio millón de habitantes y Antioquia más de cinco millones y medio; dirá Él que la ley de las mayorías es la ley de dios, igual que la ley del más fuerte que anda invocando para quitarle al pueblo de Bajirá la salud, la educación y demás derechos como retaliación si ese territorio no es anexado a Antioquia.
En este país, así como todo mundo amenaza, todo mundo recoge firmas. Antes lo hacían las minorías como una estrategia para hacerse reconocer, y ahora, todos los oportunistas que quieren posar de independientes o de demócratas, para arrebatar derechos a los más débiles. Pero la ridiculez no encuentra aún su límite, y la Asamblea de Antioquia, a iniciativa de la bancada uribista, declaró persona no grata al Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, un funcionario técnico que simplemente cumplió su deber de actualizar y publicar el mapa del Chocó tal como ha sido.
Como era de esperarse, el lío Belén de Bajirá alborotó el avispero de la antioqueñidad rancia, anticentralista frente a Bogotá y centralista en su relación con las subregiones no andinas y periféricas del departamento, donde habitan los antioqueños de tercera categoría que siempre han despreciado las élites. La bandera federalista fue desempolvada como cada vez que los intereses estratégicos de las élites verdiblancas son cuestionados por cualquier política pública. Se trata de un anticentralismo contestatario que invoca valores culturales regionales del siglo XIX hoy venidos a menos, de una supuesta superioridad de raza, que no deja de semejar la doctrina del “destino manifiesto” en que basa el imperialismo gringo su agresividad con las naciones y pueblos indefensos de todo el mundo.
Es de la mano de la gobernación de Antioquia y sus élites agroindustriales, que los depredadores ambientales de gruesa chequera buscan seguir su penetración hacia el Darién y el corredor del Pacífico. Por lo tanto el “pataleo” será largo y la dirigencia paisa buscará dirimirla en el Congreso de la República, donde las consideraciones técnicas pueden hacerse a un lado, y además cuentan con la bancada del Centro Democrático y demás “padres de la patria” que querrán dejar precedentes para resolver a su favor decenas de litigios similares que están en la carpeta legislativa.
2.
La otra barra, cada vez más brava, es la del expresidente Álvaro Uribe. En materia de paz principalmente, le tira a todo lo que se mueva. Mantiene un proceso de radicalización hacia la derecha del espectro político, que no parece tener límite hasta que se haga con el poder presidencial. La capacidad de vociferación del uribismo asciende en la misma medida que el proceso de paz va alcanzando objetivos y uno tras otro van quedando regados en el camino sus argumentos y sus anuncios apocalípticos.
Al expresidente y su Centro Democrático no le satisfacen las cifras de muertes evitadas desde que se acordó el cese bilateral del fuego; tampoco la soledad del hospital militar; no cree en el desarme total de las FARC, pues alguna vez soñó con ser el receptor personal de esas armas. Todos esos hechos constatables y constatados por las autoridades, los medios de comunicación y la ciudadanía, son despreciables frente a su aspiración de ver tras las rejas a los dirigentes de la exguerrilla y en total impunidad a los suyos, los despojadores de tierras y financiadores del paramilitarismo como su hermano Santiago, llamado a juicio por su presunta implicación con el grupo “Los doce apóstoles”.
Como las barras bravas del mundo del fútbol, el uribismo se fortalece sumando fanáticos y apabullando con su ruido. Cuando en el Congreso van a ser derrotados en las votaciones, se retiran para ganar el partido fuera del campo de juego con su gritería. El expresidente senador, igual que el gobernador paisa, consideran que las mayorías están inventadas para derrotar verdades; pretenden que sus intereses se conviertan en legítimos, y sus “tesis” en verdaderas en tanto ellas sean coreadas por muchedumbres prefabricadas.
Al paso de esas muchedumbres, Uribe quiere aplastar (“volver trizas”, es el lenguaje de uno de sus alfiles) la implementación de los acuerdos de paz con la insurgencia y el movimiento por la reconciliación que lleva aparejado. Su marcha hacia el Congreso y la presidencia de la República en 2018, tiene ya las mismas características de su campaña para que los colombianos votaran NO a los acuerdos de paz el pasado 2 de octubre. Ya las mentiras de campaña están siendo fabricadas y sus cerebros trabajan activamente instigando a las iglesias cristianas y sus pastores adinerados; los defensores de la tradición, la familia y la propiedad ya están en guardia para gritar que viene la violación masiva y el despojo de lo mal habido. Todos saldrán de casa para derrotar al impío y defender las buenas costumbres ante la arremetida del terrorismo que se ha disfrazado con la paz y la reconciliación.
Es delirante de igual manera, la campaña internacional que adelanta el exmandatario contra el país y el Estado que gobernó durante ocho años. La visita que realizó a La Florida el pasado 14 de abril en compañía de Pastrana, buscando “dañarle el oído” al señor Trump, era solo el inicio de un periplo que pretende desbaratar el apoyo alcanzado por el proceso de paz más allá de las fronteras, donde repite todas las mentiras que ya se cansó de decir aquí. En todos los escenarios internacionales donde encuentra la oportunidad, el expresidente senador sigue siendo, no el dirigente de un partido político que existe para proponerle nortes a un país necesitado de orientaciones y proyectos, sino el patrón de una barra brava.
3.
Pero hay barras de todos los tamaños. La de Luis Pérez y la de Álvaro Uribe son lánguidas frente a la muchedumbre enardecida que ponen a delirar los “actores”, en el sentido teatral del término, de los monopolios mediáticos establecidos en Colombia, que mañana y tarde destilan su odio contra el régimen político venezolano. En este caso, la congregación fanática es más variada, más “bipartidista” y más “nacional”.
Por obra y gracia de los medios de comunicación “oficiales”, es decir no alternativos, o sea los monopolios adscritos a los Sarmiento, Ardila y Santo Domingo, el colombiano del común sabe tanto de la situación política de Venezuela como el antioqueño corriente sobre Belén de Bajirá. Pero eso es lo de menos. Las barras bravas poco miran hacia la cancha o lo hacen bajo los efectos de sus propios humos. Ellas no requieren que el juego sea analizado porque de antemano saben que todo revés proviene de un mal arbitraje  comprado por el contrincante.
El cubrimiento de la crisis venezolana para el público de este lado de la frontera común, se ha convertido en un monólogo, cuyo protagonista tiene puesta la camiseta y la máscara antigases de los vándalos que en ese país destruyen y provocan el derramamiento de sangre cotidiano, sabedores que mientras más caos y más violencia, más inminente puede ser la intervención militar externa que derrote al chavismo. En efecto, la matriz mediática que se ha impuesto conjuga de maravilla dos ignorancias: una sobre Venezuela y la otra sobre Colombia. La primera afirma y reafirma que en el país hermano, unos héroes llenos de generosidad, patriotismo y amor por su pueblo, le ponen el pecho a las balas de un dictador espurio que los oprime y los aniquila en las propias calles. La otra, sostiene que a este lado, la paz no le cuesta la vida a los dirigentes campesinos y comunitarios, por eso no hay primeras páginas ni grandes titulares para esa tragedia propia que según las altas autoridades, carece de sistematicidad y obedece a casos aislados. La matriz también sostiene que a diferencia de allá, aquí sí hay democracia, justicia social y prosperidad para toda la población; pero si algún paro cívico o protesta nacional aparece, o una olla podrida se destapa, no importa, la barra brava mantiene su gritería señalando para el país de al lado.
No todo sería de reprochar, si la atención de los colombianos hacia Venezuela significara una actitud internacionalista o solidaria con el pueblo hermano. Pero no es este el caso. Estamos ante un fenómeno de manipulación burdo, que ha desatado el poder imperial estadounidense contra ese régimen político después de que no pudo obtener la silla presidencial que dejó Hugo Chávez tras su muerte. La derrota de la oposición pronorteamericana, sin Chávez al frente, no ha sido aceptada ni asimilada hasta hoy. Un golpe de estado continuado se desató desde entonces, combinando todas las formas de lucha contra el gobierno de Maduro y aprovechando la caída drástica de los precios internacionales del petróleo.
A la barra brava antivenezolana se sumó hace pocos meses el presidente Santos. Su actitud conciliadora con Maduro terminó en vísperas de su visita a la Casa Blanca el 17 de mayo, ya desembarazado del acompañamiento del vecino al proceso de negociación con las FARC. De esta manera, el Estado colombiano podrá liderar el bloque antichavista latinoamericano y reasumir su papel de peón de brega de EE.UU. para la política regional. Crece pues la audiencia, y no faltará el aspirante a la presidencia de Colombia que para tranquilidad de Trump y de la OEA, haga caudal electoral prometiendo que se encargará del problema del vecino.

21 abr. 2017

Uribe y Pastrana: La ropa sucia se lava en casa… en la Casa Blanca

Santo y antipatriótico fue el viernes 14 de abril que celebraron los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, al buscar un encuentro con el presidente Donald Trump en su mansión de descanso de La Florida. El par de visitantes no podía pasar desapercibido ni para Colombia ni para América Latina; no eran dos intrusos cualesquiera, y el anfitrión, ni se diga: en el lapso de escasas dos semanas ordenó el primer ataque directo con misiles en la guerra que desangra a Siria, bombardeó posiciones del Estado Islámico en Afganistán y movilizó portaviones hacia la península de Corea.
Nada bueno para nuestros países podía salir de semejante encuentro. Se daban cita el magnate con más poder en el mundo, jefe de la primera potencia militar del planeta, con los dos enemigos más notables que tiene el proceso de paz en Colombia, animadores frecuentes del proceso de restauración de gobiernos neoliberales en América Latina.
El contexto internacional no puede ser más problemático, con el grito de guerra que el magnate ha lanzado a tres meses de instalado en la Casa Blanca. Sin desconocer la importancia del subcontinente para los intereses estratégicos de Washington, ni sus sistemáticas políticas injerencistas, hasta ahora Latinoamérica ha estado a salvo de los arrebatos guerreristas de Trump. En un momento en que su nueva política latinoamericana no ha sido completamente formulada, la visita de Uribe y Pastrana no tenía otra intencionalidad que presionarla, y en ese contexto, convertir a Colombia y a Venezuela en prioridades de las actuaciones más inmediatas del Departamento de Estado.
Durante la administración Obama, Estados Unidos evitó el uso directo de la fuerza frente a unos países latinoamericanos relativamente insubordinados, que en diferentes contextos levantaron críticas y desbarataron los proyectos con que el hegemón quiso amarrar, en forma monopólica, las economías del área a la suya propia. Las estrategias de la dominación se “ablandaron” durante ese período. La única actuación propiamente militar fue la reactivación de la Cuarta Flota en 2008, que había sido disuelta en 1950, después de haber cumplido su misión en la lucha contra los alemanes en la segunda guerra mundial. La Cuarta Flota es un emporio militar múltiple bajo la dirección del Comando Sur, que vigila desde aguas de La Florida a toda Latinoamérica y el mar Caribe.
Las armas predilectas del imperio hasta la llegada de Trump han sido las políticas, las económicas, y de una manera muy destacada, las mediáticas. La combinación de ese arsenal le permitió remover algunos gobiernos adversos de base popular, unas veces mediante elecciones generales y otras, mediante golpes parlamentarios, como en Honduras, Paraguay y Brasil. Por lo anterior se ha dicho que estamos en la era de los golpes de estado “blandos”, es decir, sin derramamientos de sangre ni despliegues de la brutalidad militar, donde unos legisladores y unos jueces empoderados, vía “fast track” destituyen a unos presidentes supuestamente corruptos o extralimitados en sus funciones.
La guerra que hoy desarrolla “el policía del mundo” contra los gobiernos insumisos latinoamericanos, es una combinación de desinformación, o sea verdades a medias y mentiras calculadas a través de potentes medios de amplio cubrimiento, con presiones económicas y financiación de grupos y fuerzas opositores, todo lo cual hace posible a los Estados Unidos mantener su retórica democrática y  hasta simular que dejó de intervenir en los asuntos internos de América Latina.
Esta política para la región, está siendo exitosa, y viene dando como fruto más importante, la paulatina caída de los gobiernos progresistas que se instalaron en la primera década de este siglo. Es muy poco probable que el nuevo mandatario estadounidense, por más impredecible que sea, descarte una estrategia que ha sido bondadosa para el imperio, y preste oídos a los cuentos de terror que le llevan algunos emisarios del sur. Uribe y Pastrana son miembros destacados de la conexión republicana con las extremas derechas de América Latina; no por casualidad lograron acceso al exclusivo “Mar-a- lago Club” donde cenaba Trump; pero no lograrán que a su “Gran hermano” se le ericen los nervios y también lance bombas contra el “castrochavismo” de sus alucinaciones.
Hay una buena razón además, para que el mandatario norteamericano se mantenga en su línea de conducta frente al Estado colombiano. Colombia sigue siendo el peón de brega para la política norteamericana en la región, incluso en manos del “castrochavista” Santos, quien recientemente apoyó el ataque gringo con misiles contra Siria, y por si fuera poco, anda buscando convenios de cooperación con la OTAN. Mejor resguardados que con Santos, no podrían estar los intereses estratégicos de EE.UU. en Colombia.
El encuentro de los expresidentes con Trump fue planificado con un mes de anticipación, como lo reconocen dirigentes del Centro Democrático. Todo a instancias de importantes dirigentes del Partido Republicano. Hay una poderosa razón para que CNN en Español y la dirigencia del partido de Uribe, hayan querido ocultar primero, y desestimar después ese encuentro, que desde luego, y  sobra decirlo, tuvo carácter informal. Esa visita aunque breve, busca lavar la ropa sucia de los expresidentes en la Casa Blanca y pretende que la polarización colombiana sea arbitrada por Washington. Una jugada tan antipatriótica no había sido ejecutada por ninguno de los mandatarios más proimperialistas ni más pro-norteamericanos que han gobernado a  Colombia. Buscaban así mismo los visitantes, establecer una diplomacia paralela, desleal y violatoria de las normas más elementales que rigen las relaciones entre los estados.
Pero más allá de las pretensiones de Uribe y Pastrana, e independientemente de lo descabelladas que son, queda en el aire la pregunta sobre el por qué: ¿Por qué ahora? y ¿Para qué metérsele en la sopa al magnate?
Esas respuestas pueden deducirse de la carta que dos días después Álvaro Uribe envió al Congreso de los Estados Unidos, y que puede leerse sin duda como una consecuencia de la conversación con Trump, pues caben dos posibilidades: este aconsejó a aquel dirigirse al Congreso o, Uribe no se sintió debidamente escuchado por el anfitrión y encontró conveniente dirigirse a otro interlocutor. El contenido de la misiva, agrupado en ocho puntos con mentiras y verdades a medias, expresa el desespero de quien necesita quitarse algo de encima, algo que lo asfixia y en efecto, le roba la tranquilidad y el sosiego. Es un escrito de urgencia. Unas quejas por la problemática de los cultivos ilícitos, de la justicia transicional, los resultados del plebiscito por la paz, la supuesta sustitución de la Constitución y el Estado de Derecho, el armamento de las FARC y otros asuntos que en general, implican al gobierno de Santos en una trinca con el régimen chavista y las FARC.
La mayor urgencia del uribismo y sus aliados hoy, se llama Jurisdicción Especial para la paz. La ofensiva contra esa herramienta jurídica es integral, y contempla giras por Europa, visitas a la embajada de EE.UU. y un activismo febril que ya se combina con el propiamente electoral. Desde que los acuerdos de La Habana fueron conocidos, la extrema derecha nacional enfiló sus armas contra dos puntos básicos: las tímidas medidas redistributivas de la tierra, que ponen en cuestión las propiedades mal habidas tras el despojo y desplazamiento en extensas áreas del territorio, y contra la Jurisdicción Especial para la paz, establecida como justicia transicional independiente, organizada alrededor del conocimiento de la verdad, que bien saben los uribistas, pondrá en la palestra pública su participación sistemática en graves crímenes hasta hoy en la impunidad.
La Jurisdicción Especial para la paz ya fue aprobada por el Congreso de la República, y al mismo tiempo avanzan la revisión por la Corte Constitucional y la elección de sus magistrados por el Comité de alto nivel que fue conformado para hacerlo. Apenas en su conformación, ya fue impactada por el primer misil que le lanzó el expresidente Uribe. En su carta al Congreso estadounidense se atrevió a afirmar que “Las FARC han diseñado su propia justicia: los jueces serán designados por personas permisivas con el terrorismo y afines a la seudo ideología de las FARC”.
Uribe se siente acosado al ver que sus otrora incondicionales, quienes fueron sus ministros y generales consentidos, son los primeros que están cogiendo cola para someterse a una jurisdicción que solo otorga beneficios a quienes confiesen verdades, las verdades que saben los miembros más íntimos de su círculo y que pueden llegar a ser reveladas a cambio de beneficios judiciales. Ese es el temor a la justicia transicional; esos son los pasos de animal grande que se sienten venir y desesperadamente se quieren atajar.
Ahora bien; los tribunales de la Jurisdicción no pueden dictar fallos contra presidentes o expresidentes de la república por delitos cometidos en ejercicio del cargo; en tales casos solo pueden reunir evidencias y ponerlas en conocimiento de la Cámara de Representantes. Así quedó acordado en La Habana. Pero en todas sus actuaciones por fuera de ese desempeño, que tengan relación con el conflicto armado, sí tienen competencia los tribunales de la JEP. Cualquier “mala andanza” de un presidente, antes o después de serlo, lo puede poner directamente en la mira de los jueces especiales. Un revés cualquiera del expresidente Uribe ante esa jurisdicción, a más de los que puedan sobrevenir para los suyos, significaría más allá de lo jurídico, una derrota política mayúscula que él ve venir y  se esfuerza por bloquear. Ya se resiente de que sus ministros “yidispolíticos” y algunos generales declaren su intención de acogerse a la Jurisdicción Especial de paz.
Hasta el momento de publicar este escrito, ninguno de los expresidentes ha ofrecido declaraciones públicas sobre los contenidos de su conversación con Trump. El presidente Santos, que fue invitado oficialmente a la Casa Blanca dentro de pocas semanas, se prepara desde ahora para ese viaje endureciendo sus posiciones frente al gobierno de Maduro en el seno de la OEA y de la ONU, donde está poniendo el tema de la “militarización de la sociedad venezolana” y animando un frente de estados antichavistas aliados de EE.UU. en el sistema interamericano. Santos querrá llegar “limpio” a su cita oficial con Trump, y en esa línea, son previsibles también otros endurecimientos, en el frente de los cultivos ilícitos y en sus relaciones con las FARC. En particular, su nueva beligerancia frente al régimen del vecino país, además de oportunista, es desleal porque Chávez-Maduro han sido claves en los logros de la paz y del Nobel que exhibe por todo el mundo. Todo apunta a que, desmintiendo a Uribe, quiere entrar a la Casa Blanca como un gran líder del antichavismo latinoamericano.
Ante el calculado silencio de los expresidentes, lo concreto que queda de todo el asunto es la carta de Uribe al Congreso norteamericano. A través de ella, lo que sí está logrando el expresidente es imponer la agenda de corto plazo en las relaciones entre los dos países. Así lo indican los comportamientos de Santos previos a su visita a Washington, en un esfuerzo quizá, por quitarse de encima el agua sucia que le ha lanzado su antecesor. El presidente quedó capturado en los ocho puntos (léase quejas) que contiene esa misiva y  buscará afanoso zafarse de ellos, para lograr que sus propios temas, como el del apoyo a la paz, sean abordados en la reunión de la Casa Blanca.
El encuentro de Uribe y Pastrana con Trump fue tragicómico. Un evento característico de la política colombiana que la lleva al límite de su mezquindad; es una mezquindad que rebasa fronteras, en una coyuntura social marcada por la desorientación de la sociedad y la crisis de legitimidad de sus liderazgos tradicionales. Los grandes problemas colombianos siempre se han resuelto consultando los intereses de Estados Unidos, solo que ahora, ni siquiera se guardan las apariencias.