27 dic. 2018

No hay otro personaje del año: ¡Son las Ciudadanías Libres!


Desde hace décadas, el mundo periodístico nos acostumbró a cerrar los años con balances y al lado de ellos, a destacar a personas y hechos que supuestamente marcaron el transcurrir de la sociedad y merecen pasar por lo menos, a la historia del país. Ese ejercicio por más sesudamente que se haga, nunca deja de ser injusto o por lo menos antipático, porque desconoce que los liderazgos son una producción social y eminentemente colectiva, que son síntesis de procesos y de luchas organizadas desde la base de la sociedad.
Sucede principalmente en el mundo de la política y la gestión pública que los “personajes del año”, siempre previsibles, son presentados como autosuficientes, genéticamente superiores y predestinados a reinar sobre el resto de los mortales. Preparémonos para los susodichos de 2018, entre los cuales no faltarán los políticos del “establishment”, algún ministro o hasta el intrascendente habitante de la Casa de Nariño.
Nunca, después del gaitanismo, había sido tan evidente en Colombia la emergencia de un sujeto colectivo que hubiera marcado la vida nacional como lo hicieron las llamadas Ciudadanías Libres durante el año que termina. Han protagonizado un proceso acumulativo de movilizaciones, primero electorales y luego reivindicativas, que abarcaron casi toda la geografía nacional, y se han mostrado dispuestas a mantenerse a lo largo del tiempo. No es extraño por lo anterior, que la dirigencia tradicional, siempre tan “higiénica” y sofisticada, se muestre desorientada y esté prefiriendo regresar a las modalidades criollas del fascismo que practicó Alvaro Uribe y que muchos creyeron ya superadas.
Después de siete décadas, nunca un torrente de descontento como el de las Ciudadanías Libres había causado la desazón que hoy expresan las huestes del orden establecido. El miedo los invadió en la década de los ochentas y ordenaron el aniquilamiento de la izquierda legal. Pero hoy no saben cómo proceder con ella, y lo que se observa es un desconcierto que en el corto plazo puede devenir en un retroceso a los ochentas, una marcha atrás hacia la “seguridad democrática” de 2002-2010, o menos probable desafortunadamente, la consolidación de una derecha civilista que le apueste a la democracia y al estado de derecho.
Los últimos meses del año fueron eso, el momento del desconcierto ofensivo, que se desarrolló en dos direcciones articuladas: de un lado, mantener a raya a Colombia Humana, negándole su personería jurídica y con ello la posibilidad de financiarse y tener candidatos propios a cargos de elección popular. Y del otro, la persecución política, mediática, judicial y económica contra su máximo dirigente, firme aspirante a la Casa de Nariño en 2022.
Todo lo anterior, sumado a la ofensiva tributaria del gobierno Duque contra los sectores más desprotegidos, y a su desidia para cumplir los acuerdos de paz y atajar la ofensiva mortífera contra los líderes sociales comunitarios del país, le ha dado a las Ciudadanías Libres el carácter de movimiento de resistencia, que protagonizó a lo largo de 2018 un despliegue de voluntad política contra la barbarie y las ambiciones de las castas que nos gobiernan.
Las Ciudanías Libres, agrupadas en diversas toldas políticas y movimientos sociales, o por fuera de ellos, empezaron a dar campanazos de alerta desde las elecciones legislativas de marzo, alcanzando una bancada de oposición significativa que le ha dificultado a Duque hacer aprobar su paquete regresivo de reformas económicas y políticas. En las dos vueltas de las presidenciales siguió creciendo la marea popular. Después de décadas, volvió a haber en Colombia plazas llenas, fervor y esperanza en un futuro de dignidad para todos. Los adversarios necesitaban ofrecer comilonas, transportes  y prebendas para llevar gente a que los escuchara; las Ciudadanías Libres en cambio, se convirtieron en un voluntariado que aumentaba en número y en disciplina.
Un fenómeno que raras veces ha ocurrido en la política colombiana, tuvo lugar entonces. Se enfrentaron en las urnas dos opciones contrarias: la popular y la oligárquica, la moderna y la retrógrada, la democrática y la autoritaria. Los eventos de plaza pública y los debates televisados se transformaron en pedagogía política, donde los ciudadanos aprendieron a diferenciar y muchos entendieron las estrategias que estaban en juego. Esa pedagogía se está profundizando luego de la posesión presidencial el 7 de agosto, en la medida que Duque de manera cínica avanza en un gobierno totalmente contrario al que prometió. Cada vez más colombianos han podido entender después de esa fecha, que la mentira es la herramienta más recurrente de la clase política para perpetuarse en el poder y saquear el erario público.
Solo la pedagogía política permitió que más de ocho millones de ciudadanos se volcaran a las urnas el 17 de junio a elegir su propia dignidad y su propia esperanza. No se alcanzó la presidencia, pero el mismo 7 de agosto ya las Ciudadanías Libres marchaban en las grandes ciudades diciéndole al establecimiento que no estaban derrotadas, que se abría la resistencia, que la oposición y la rebeldía tan solo estaban empezando.
Unas semanas después, la ruta de la rebeldía pasó por la consulta popular anticorrupción, en la que once y medio millones de ciudadanos indignados con el robo sistemático de los recursos públicos, rechazaron en forma terminante a la clase política y  le dieron siete mandatos que hasta hoy no ha cumplido. Ha sido el recurrente tema de la corrupción, uno de los que más ha aglutinado a las Ciudadanías Libres. El saqueo sistemático a los patrimonios públicos se ha convertido en la estrategia principal de la privatización; toda la riqueza nacional está hoy en peligro, en manos de una clase política voraz, estrechamente vinculada con las grandes corporaciones multinacionales que tras bambalinas mueven las fichas claves dentro del Estado, incidiendo en la designación de presidentes, fiscales y otros altos funcionarios que terminan en sus nóminas. Odebrecht no es solo un conglomerado empresarial brasileño; es también el nombre del momento para designar la alta corrupción transnacional que financia campañas presidenciales en Colombia y se asocia con los capitales nacionales para chuparse los recursos públicos.
La corrupción rampante, que se mide en Colombia en decenas de billones de pesos al año, es lo que desmiente a gobiernos como el de Duque, cuando sostienen que no hay recursos suficientes para cumplir sus obligaciones constitucionales en materia de educación, salud u otras reivindicaciones sociales. Esta fue la base de la indignación generalizada de los jóvenes, cuando en octubre y noviembre se tomaron las calles para arrancarle al Estado un compromiso mínimo con la educación superior.
Las movilizaciones estudiantiles de esos meses, acompañadas por otros sectores de la sociedad, están en continuidad con el proceso de politización de la juventud que viene desde años atrás, y particularmente con la emergencia de las Ciudadanías Libres, cuya alma son precisamente los jóvenes que se están asomando a la política y no están dispuestos a dejarse cooptar por la corrupción ni por la violencia. De esta manera, el estudiantado logró un empoderamiento que más allá de los 4.5 billones de pesos que alcanzó para las finanzas universitarias en los próximos años, lo sitúa como una fuerza social de primer orden, con capacidad para exigir y para movilizar a la opinión pública frente a los proyectos del gobierno. Seguirá siendo ese sector de la sociedad, un brazo fundamental de las Ciudadanías Libres, una de las vanguardias del cambio político, social y económico que reclama la sociedad colombiana.
Esas movilizaciones ciudadanas electorales y reivindicativas, además posicionaron en el debate público una serie de temas que son incómodos o han sido secundarios en las agendas del poder establecido. Además de la educación, quizá el tema más relevante fue el de la corrupción, pero también fueron de gran importancia los relativos al modelo de desarrollo extractivista y predador, confrontado por numerosas comunidades locales de todo el país que saben que al hacerlo, defienden así sus propias vidas. De la mano de las Ciudadanías Libres, la sociedad colombiana es hoy más crítica que en años anteriores y más sensible a los abusos y a la arbitrariedad de las élites que gobiernan. Pocas veces en la historia del país ha sido tan marcada la contravía en que hoy marchan la sociedad, en una dirección, y en la contraria la clase política, desorientada y aferrada a lo viejo.
En el ámbito de la política y de las luchas sociales, no hay en Colombia otro personaje del año distinto a las Ciudadanías Libres, como tampoco en el deporte lo hay distinto a Caterine Ibargüen. En el año 2018, se asomó la esperanza de una sociedad vigorosa, que tiene agenda propia y es capaz de imponerla al viejo país corrupto y violento. El año que se aproxima deja ver sus propios nubarrones; la paz definitivamente le quedó grande a la dirigencia del país; su mezquindad no le ha permitido cumplir los acuerdos y un sector de ella encuentra grandes ventajas cuando los pobres se matan entre ellos. Ya están posicionando a los militares más uribistas en los cargos de dirección de las fuerzas armadas, y caminan hacia un conflicto armado externo, en el que esperan ganar a dos manos, pues en lugar de Odebrecht, de las jugarretas del Fiscal Martínez y de la baja favorabilidad de Duque, en Colombia solo se hablaría de un Satanás vecino que es necesario aniquilar.
Los planes de violencia y muerte que se preparan para distraer la crisis, tienen sin embargo un obstáculo que buscarán remover definitivamente. Son las Ciudadanías Libres, a las que no podrán engañar, las que con personería jurídica o sin ella, seguirán en la resistencia a las modalidades criollas del fascismo que ya se impuso en Brasil y están añorando los “cacaos” que gobiernan a través de Iván Duque.
Hace 100 y hace 50 años, respectivamente a través del Manifiesto de Córdoba (Argentina), y de las rebeliones estudiantiles y populares de París (el mayo francés), México (Tlatelolco) y muchos otros países, otros jóvenes y otras ciudadanías libres de otras geografías, lanzaron sus rebeldías contra el oscurantismo y la corrupción. 1918 y 1968 por ello, son años estelares en las historia de la juventud mundial, latinoamericana y europea que este 2018 hemos conmemorado en Colombia. Muchos no lo supieron, pero fue en nuestro país con las gestas de las Ciudadanías Libres, donde mejor hemos honrado la memoria de tantos héroes de la juventud que se han sacrificado en el mundo entero por defender la justicia y la libertad de sus pueblos.

18 oct. 2018

Octubre: marchas, universidades y presupuestos


El efecto más importante de las manifestaciones estudiantiles sin precedentes en el país, que se cumplieron el 10 y el 17 de octubre, es político. Consiste en que el sector más importante de la juventud, el estudiantado, descubrió que tenía un poder capaz de impactar a la sociedad colombiana entera. La pregunta pertinente es ahora, si esa capacidad de movilización será bien administrada, fortaleciendo organizaciones que sumen fuerza ciudadana y popular, o será dilapidada como en otras ocasiones.
La educación superior es hoy, una necesidad del conjunto de la sociedad, y no como antes, de un sector ilustrado de ella. Por lo tanto, el movimiento universitario que hoy sacude al país, tiene inmensas posibilidades de crecer y articularse con otros sectores sociales, para dar batallas más estratégicas contra la política social regresiva que está llevando a cabo el presidente Duque.
A pesar de la postración moral e intelectual de la clase dirigente colombiana, la sociedad nacional se moderniza, busca dejar atrás la violencia política y reconoce la educación como uno de sus grandes valores. La creciente demanda de educación superior es una consecuencia apenas normal de esa modernización. Cada vez más jóvenes de la base de la pirámide social, aspiran desde temprano a cupos en las universidades, y cada vez un mayor número de ellos son devueltos de sus puertas, lanzados a la informalidad, al desempleo y a otras opciones educativas precarias, cuando no a la delincuencia.
A partir de la ley 30 de 1992, que estableció el aporte anual del estado a las universidades públicas, estas no han dejado de crecer porcentualmente muy por encima de los aportes establecidos, dejando hasta la fecha un déficit acumulado de m18 billones de pesos. Desde 1990 todos los gobiernos han sido indiferentes ante la desfinanciación de las universidades públicas. Los proyectos de país que impulsan, y los planes de desarrollo que aprueban, no pasan por la educación de alta calidad para la mayoría de los colombianos.
Tal como ocurre con la salud y otras obligaciones constitucionales del Estado, los gobiernos disfrazan sus incumplimientos con subsidios direccionados a los más pobres entre los pobres. Es lo que se denomina “subsidios a la demanda”, y que en el caso de la educación superior, se expresa en el programa “Ser pilo paga”, una estrategia audaz para beneficiar a individuos y desviar recursos hacia las universidades privadas, mientras las públicas se caen a pedazos.
Las élites dominantes del país resuelven la educación de sus hijos de dos maneras: mediante la matrícula en universidades extranjeras y, a través de unas cuantas de carácter privado en las grandes ciudades del país, en las cuales forman a sus hombres de confianza, tanto para los altos cargos del Estado como para la empresa privada. Por lo tanto, el mundo de la educación superior pública, le es ajeno a la dirigencia del país; sus intereses no se juegan en las universidades estatales, y al contrario, ellas representan un bando contestatario que es mejor no tener en cuenta, una especie de mal necesario que toca soportar.
La educación de alta calidad se hizo indispensable para acceder a empleos dignos y a niveles aceptables de reconocimiento social. En una sociedad donde las oportunidades para los jóvenes son escasas, y la ilegalidad invade todos los ámbitos de la economía, la educación y el conocimiento se han vuelto el único factor de ascenso social lícito en Colombia. Por eso es tan grave en términos sociales la crisis educativa que está viviendo el país.
En una competencia desigual con los sectores adinerados, cada vez más estudiantes de los estratos inferiores acceden a las universidades, principalmente las públicas. Además de la asfixia financiera, la mala calidad de la educación primaria y secundaria funcionan como un peso de cola que mantiene la mala calidad del sistema educativo superior en Colombia.
Sacrificando calidad, la masa estudiantil en Colombia crece merced al esfuerzo propio de las universidades públicas, y al aprovechamiento de la extendida demanda que hacen las privadas. En conjunto, la masa estudiantil, ha entrado en un proceso de crecimiento y de “proletarización” simultáneos, que la habilitan para hacer valer sus derechos y retar políticamente a cualquier gobierno. Ese fue el mansaje unísono que lanzaron centenares de miles de jóvenes, tanto de universidades estatales como de las privadas en la reciente marcha nacional por la educación.
Las marchas estudiantiles del 10 y el 17 de octubre, no aparecieron sin embargo de manera súbita. Viene caminando desde 2011 un proceso de politización de la juventud, cuando los universitarios agrupados en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil –MANE– obligaron al gobierno Santos a retirar un proyecto de reforma de la ley 30/92, que profundizaba la privatización de la educación superior. En 2016 volvió a despertar la muchachada, cuando el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC fue derrotado pasajeramente en las urnas y fueron los jóvenes los que le lanzaron el salvavidas de la movilización callejera en las grandes ciudades, forzando así una renegociación con los líderes del “no”. En las jornadas electorales de 2018, fueron de nuevo esas fuerzas las protagonistas de primera línea, compitiendo de tú a tú en la campaña presidencial particularmente, con las opciones más tradicionales y retrógradas de la política nacional. Estamos viviendo un nuevo capítulo de esa rebeldía, que se distingue de otras por su creatividad, su colorido y su lúdica.
Hay en las marchas estudiantiles, una renovación de métodos y estilos que paulatinamente están rompiendo con el estereotipo del tropel callejero de pedreas, vidrieras rotas y agresión generalizada, para ofrecer el festejo y la expresión artística, mucho más sintonizados con una sociedad cansada de la violencia, pero que necesita pedagogía política y mucho entendimiento de las causas propias y ajenas. Una alianza del estudiantado con el conjunto de la sociedad es imperativa, para que sea esta la que tome la bandera de la educación; no de otra manera la política del gobierno puede quedar desnuda y aislados sus defensores.
Por su carácter masivo y abrumador, la masa estudiantil que se ha levantado es difícilmente manipulable por grupos políticos constituidos. Cualquiera de ellos que intente canalizarla, resultará castigado o señalado como elemento de perturbación. Este atributo, a la vez, “inmuniza” al movimiento contra los señalamientos habituales de los gobiernos y la prensa del establecimiento, que no han podido ahora hablar de infiltraciones o de manos invisibles direccionando a los jóvenes.
La otra cara de la moneda, aparece cuando se examina la organización y su fragilidad estructural. Está fuera de duda que el movimiento necesita una dirección propia, surgida del interior de la protesta, que se legitime en las tareas propias de la movilización. Sobre esa base, es necesario consolidar una estructura que organice la toma de decisiones, donde las redes sociales informáticas sean herramientas cotidianas de trabajo pero sin reemplazar la estructura misma. Las organizaciones políticas constituidas que están animando el movimiento, mostrarán su madurez solamente apoyando las tareas acordadas, promoviendo sus liderazgos y la democratización más extendida que permita sumar ciudadanía a la causa de la educación. Además deben aportar en la neutralización de grupos violentos que no faltan en los eventos de protesta masiva, generalmente encapuchados, que terminan deslegitimando las marchas ante la opinión pública, y por lo tanto, haciéndole un mandado al gobierno, como ya algunos lo intentaron el día 17.
Es una carta fuerte la que se está jugando el movimiento universitario. Las respuestas del gobierno y quienes lo rodean han sido las previsibles, las de hace 25 años, las de siempre, el reiterativo “no hay recursos” o “no hay presupuesto”, que en realidad es un “no hay para la educación pública”. Como cualquier otro, el presupuesto nacional se diseña con base en prioridades, en este caso definidas por el gobierno de Duque. Este nuevo capítulo de la lucha por la financiación de las universidades oficiales está ocurriendo precisamente, cuando el proyecto de presupuesto para 2019 que ha presentado el gobierno al Congreso, contempla un incremento de 3 billones de pesos para el Ministerio de Defensa, en un país que está entrando a una era de paz negociada con las insurgencias y hasta con las bandas de delincuencia común.
Nunca antes pues, ha quedado tan evidente que la negativa del gobierno a elevar los recursos para la educación superior, es un asunto de prioridades, de sus prioridades, y más allá de ellas, de un programa de gobierno continuista, que igual que los anteriores, reduce graciosamente las cargas tributarias al gran empresariado y las castas adineradas, mientras empobrece a las clases medias y a los pobres mismos, al negar la educación pública y convertirla en un privilegio de minorías. Pocas veces un gobierno había marchado tan abiertamente en contra de los intereses de las mayorías ciudadanas.
El conflicto queda planteado. El presidente Duque no atenderá las exigencias de la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior –UNEES– y vendrán nuevas confrontaciones. Intenta aplacar la movilización con un aumento del presupuesto de educación superior de 1.5 billones que solo en mínimo porcentaje irá a la base presupuestal de las universidades. El asunto es que además de estas, el SENA y Colciencias participan de la misma crisis, y son todos los estudiantes, también los de instituciones privadas, los que reclaman hoy más Estado que los proteja del mercado de la educación superior. Como decía una de las consignas cantadas el 10 y el 17 en las marchas estudiantiles, somos “un pueblo que camina para adelante y un gobierno que camina para atrás”.

27 sept. 2018

Venezuela en la Geopolítica de los Estados Unidos: Duque acatará las órdenes

Aspectos de la doctrina estadounidense
La primera estrategia geopolítica de los Estados Unidos en su larga historia de potencia mundial fue la doctrina Monroe de 1823, por medio de la cual se abrogó la condición de hegemón frente a las naciones Latinoamericanas.
Terminando el siglo XIX, el almirante Alfred Mahan (1840-1914) formuló las otras teorías que le dieron forma definitiva al intervencionismo norteamericano sobre nuestros países. Según ese estratega el mar Caribe y el golfo de México son estratégicos para la seguridad de los EE.UU. y asegurar su control sería una condición para la construcción del imperio que ya estaba en la mente de la dirigencia de ese país.
Al margen de la geopolítica propiamente, ya estaba formulada desde mediados de ese siglo la concepción del “Destino Manifiesto”, una fina formulación del supuesto derecho imperial de la élite nororiental americana tanto hacia su interior como hacia afuera de su territorio, que ya proclamaba el racismo, la intolerancia, y una disposición a arrasar toda interpelación cultural y política, interna o externa.
La geopolítica de los EE.UU. tuvo fuertes desarrollos a lo largo del siglo XX. Se apropió de las teorías sobre “la isla del mundo” y “el corazón del mundo” formuladas por Halford Mackinder (1861-1947) en 1904 y 1919 para Gran Bretaña, para recibir en 1943 las enseñanzas de Nicolás Spykman (1893-1943), quien trazó en sus rasgos básicos la política de dominación imperial hacia el este y el oeste, diseñó las estrategias de la guerra fría y avanzó una división geopolítica de América Latina.
Tanto en la doctrina Monroe, como en las estrategias teorizadas por Mahan y Spykman, América Latina tiene asignado un papel de primer orden, representando unos territorios contiguos que es necesario asegurar en cualquier confrontación con otras potencias y que además significan la mejor despensa de materias primas para el desarrollo económico de Norteamérica. En esta perspectiva, es indispensable que el subcontinente aporte tres seguridades a la potencia del norte:
Una. Que no pueda surgir hacia su interior, ningún poderío político ni militar que alcance la capacidad de desafiar al de EE.UU., ni por su propia fuerza ni en virtud de alianzas con terceros.
Dos. Que la amplia oferta de materias primas y recursos ambientales que poseen los países latinoamericanos, estén siempre a disposición del poderío industrial y comercial de la potencia americana.
Tres. Que los propios territorios latinoamericanos estén disponibles para alojar instalaciones militares y de inteligencia de EE.UU., lejos del control y la supervisión de los respectivos gobiernos, lo que ha permitido a esa potencia sembrar innumerables bases a lo largo de nuestros territorios, siete de ellas en Colombia.
Estas tres condiciones se han impuesto a América Latina desde el siglo XIX mediante la utilización de la fuerza, en una larga historia de actuaciones directas de invasión y ocupación territorial, pero cada vez más, a través de los bloqueos económicos, la financiación del terrorismo y el volcamiento del poder mediático contra gobiernos y movimientos políticos de resistencia. Como les enseñó Spykman, la guerra que el imperio desata contra los pueblos es total, se hace con armas, con dólares y con mentiras.
La dominación imperial sobre América Latina se ha fundado no solo en intervenciones directas sino también a través de oligarquías locales política y económicamente vinculadas con Washington. Esos centros de poder delegados han sido fundamentales en la construcción de una institucionalidad internacional panamericana, que orientada desde el Departamento de Estado incluye, excluye, sanciona e impone el orden norteamericano en la región pero en nombre de todos los asociados. Esa es hoy la OEA, pero también otros organismos financieros, comerciales y para el desarrollo que giran alrededor de los intereses estadounidenses.
El Caribe y el golfo de México
En el contexto histórico y territorial latinoamericano, el área de mayor sensibilidad y proyección estratégica para el desarrollo del imperio, es a todas luces el mar Caribe y el golfo de México, que forman una unidad oceánica separada por la península de Yucatán y la isla de Cuba. Sobre las islas y territorios continentales caribeños han tenido lugar casi todas las intervenciones militares de EE.UU. en los siglos XIX y XX, de tal manera que desde esos años los gobiernos de ese país llamaron a ese mar el “Mediterráneo Americano”. Principalmente Mahan, analista del poder marítimo, advirtió a Washington terminando el siglo XIX sobre la importancia del mar Caribe para la ampliación del imperio; de ahí en adelante vinieron la guerra Hispanoamericana por la posesión de Cuba y una seguidilla de invasiones a puntos neurálgicos del Caribe liderados por Teodoro Roosvelt principalmente.
El mar Caribe y el golfo de México significan para EE.UU. el acceso a las principales rutas comerciales que comunican al sur con el norte de su territorio oriental, a su territorio con Europa, y desde 1914, la movilidad de su flota entre el Atlántico y el Pacífico a través del canal de Panamá. Además significa la seguridad del delta del Misissipi, su principal arteria fluvial que divide en dos su territorio y es fundamental para el transporte y el comercio interiores. Estados Unidos no podría ser potencia militar mundial si no tuviera control absoluto sobre esa parte del océano donde están sus mayores vulnerabilidades, pero que a la vez, ha convertido en estratégicas fortalezas.
La sucesión de intervenciones del imperio sobre las naciones latinoamericanas quedaron anunciadas desde que nuestros países se sacudieron de la dominación española, que coincide grosso modo con la consolidación del orden pos-napoleónico y la consolidación de crudos autoritarismos en Europa. En ese contexto, las potencias europeas ponen sus ojos en América Latina; es cuando EE.UU. logra ponerlas a raya con la famosa formulación de Monroe “América para los americanos”, que inaugura el Panamericanismo, doctrina generalmente practicada por las oligarquías locales, hostiles a la unidad del subcontinente basada en su historia compartida y en las aspiraciones de sus pueblos. El panamericanismo sigue gravitando en muchas dirigencias nacionales, atravesándose desde siempre a todo intento de crear organismos políticos internacionales independientemente latinoamericanos, como los que promovió el presidente Chávez y hoy festivamente desbaratan los panamericanistas. Después de la doctrina Monroe, llegaron los hechos con la anexión del norte del territorio Mexicano a mediados del siglo y a su final, las intervenciones en el Caribe que se extendieron por décadas.
Venezuela, el nuevo mejor enemigo
La geopolítica venezolana de EE.UU., más allá de particularidades, está cobijada por las estrategias para América Latina y para el Caribe trazadas desde los siglos XIX y XX. Más siendo Venezuela el país continental con más kilómetros de costas sobre ese mar, situado en su extremo suroriental y con una amplia oferta de recursos naturales minerales, especialmente petróleo.
Venezuela fue durante la guerra fría uno de los estados más sumisos a los intereses del imperio norteamericano, y después de ella, su población fue una de las más duramente golpeadas por las políticas neoliberales dictadas por la banca mundial para salvar al capitalismo de la crisis. Con el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, un anunciado paquete de medidas antipopulares provocó entre febrero y marzo de 1989 un levantamiento conocido como el “Caracazo”, que es definitivo para el alineamiento de fuerzas que en adelante protagonizarán la política venezolana: los pobladores urbanos y rurales desposeídos, los estudiantes, las mujeres, los militares, etc, sectores sociales que despiertan a la política al calor de la resistencia contra el hambre y contra la corrupción, contra la arbitrariedad gubernamental, y por los derechos políticos de un joven militar rebelde llamado Hugo Chávez.
Desde aquí en adelante, la historia es bien conocida. Es el triunfo de Chávez en 1998 el que inaugura un período de gobiernos progresistas en América Latina que aún no termina, y tuvo su expresión más reciente con la victoria este año de López Obrador en México. Después de Chávez, se instalaron gobiernos alternativos en Uruguay, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Honduras, Nicaragua y El Salvador, que sumados al de Cuba, transformaron radicalmente el mapa político de América Latina. Esta nueva situación significó un fuerte desajuste en la geopolítica latinoamericana de EE.UU. que lo obligó a tomar diferentes medidas, de las cuales aquí se mencionan tres:
Una. En 2008 el gobierno de EE.UU. reactivó la Cuarta Flota de su marina de guerra, con acuartelamiento en la Florida y jurisdicción sobre el mar Caribe, Centroamérica y Suramérica. Ella fue creada de 1943 en plena guerra mundial y había sido desactivada en 1950. Cuando fue reactivada algunos presidentes suramericanos como Chávez y Morales cuestionaron las intenciones imperiales que allí se escondían, sin duda alguna disuadir a los latinoamericanos sobre el proceso de rebeldía que habían emprendido y presionarlos para que siguieran siendo su patio trasero.
Dos. En 2014 el gobierno del presidente Obama restableció las relaciones diplomáticas de EE.UU. con Cuba y flexibilizó algunas de las sanciones impuestas a la isla, aunque sin levantar el ominoso bloqueo con que la ha querido someter. De manera simultánea, Washington lanzó nuevas ofensivas contra el chavismo, decretó sanciones a altos funcionarios de Caracas y alentó abiertamente a la oposición interna de extrema derecha. Estamos así ante un giro geográfico de la política exterior norteamericana, un desplazamiento del foco de sus ataques, de La Habana a Caracas. Fidel y Chávez no estaban ya en escena, pero Venezuela por sus riquezas y por su historia tenía mejores condiciones para mantener el liderazgo político de la región, liderazgo que prioritariamente ha buscado golpear el imperio.
Tres. En marzo de 2015 el presidente Obama declaró mediante decreto que Venezuela era una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, disposición cuya vigencia se renueva periódicamente y ampara la seguidilla de sanciones contra el gobierno y el pueblo venezolano. Más allá de la retórica, ese famoso decreto constituye la pieza clave de la geopolítica imperial para atajar la influencia del chavismo en América Latina y estructurar un escenario de mayor agresividad, no solo contra Venezuela sino contra su órbita de influencia en las instituciones internacionales.
La geopolítica de EE.UU. para Venezuela hace parte además, de la geopolítica del petróleo, una de las más sensibles para los intereses estratégicos del imperio en un contexto de crisis mundial energética. Desde el siglo pasado Venezuela basó su economía en la extracción y exportación del petróleo que posee en inconmensurables yacimientos. Antes de Chávez los hidrocarburos venezolanos hicieron parte de la oferta disponible para los proyectos imperiales, pero en el siglo XXI y ante la elevación de los precios internacionales, las reservas venezolanas elevaron su carácter estratégico y le dieron al país su plus más importante para adelantar una política internacional de solidaridad con pueblos hermanos y de entendimiento comercial con otras potencias mundiales como Rusia y China.
La política internacional bolivariana, en un mundo multipolar, solo puede ser multilateral y basada en principios de soberanía, no intervención y autodeterminación de los pueblos, lo que ha desatado la hostilidad norteamericana y sus intentos continuados de quebrar esa vértebra de la rebeldía latinoamericana.
La desaparición física de Chávez en 2013, y la caída de los precios internacionales del petróleo poco después, han abierto un amplio espacio de oportunidades al imperio y a sus aliados dentro de Venezuela, para atentar contra los logros de la revolución y para buscar un regreso al neoliberalismo inhumano de la IV República. Desde esos años Washington puso en marcha un largo proceso de golpe de estado blando que ya ha practicado en otras partes del planeta. Ha sido una combinación de estrategias siendo la más letal, la económica, que aprovecha la tradicional dependencia venezolana de los precios internacionales del crudo y la escasa diversificación de su aparato productivo. Así, las sanciones financieras, el desabastecimiento inducido, el contrabando fronterizo, la emigración y la guerra monetaria, han sido los pilares básicos de un golpe de estado que puede dejar de ser blando para resolverse a la manera tradicional, la de la fuerza, según el ambiente que se ha venido creando en las últimas semanas.
Un golpe de estado de estas características, se impulsa obviamente al amparo de otras estrategias combinadas, que incluyen las diplomáticas para aislar a Venezuela del sistema interamericano, las mediáticas para desmoralizar a la población, y hasta las armadas de tipo terrorista para crear zozobra, percepción de caos e incluso cometer magnicidios que abran la puerta a la intervención extranjera.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro y el pueblo chavista han enfrentado también de múltiples maneras las agresiones de EE.UU. Reorganizaciones económicas, moneda virtual propia, estímulos a la alianza pueblo-ejército, alianzas internacionales, etc, se han desarrollado buscando sanar vulnerabilidades. Pero la estrategia maestra, la que hasta hoy ha cerrado los caminos de la invasión y el golpe de estado, ha sido una apertura democrática que repetidas veces pone los destinos de Venezuela en manos de su población. Ninguna ciudadanía va a las urnas tantas veces como la venezolana, ni utiliza las calles y plazas para expresarse públicamente cada vez que lo considera necesario. Entre el año pasado y este, en ese país se han realizado cuatro comicios electorales nacionales, cuatro veces el régimen bolivariano ha afianzado su legitimidad y ha derrotado al golpismo norteamericano. El carácter democrático del chavismo y el régimen bolivariano no van a atajar un golpe de estado imperialista; no lo atajaron en Chile, ni en Guatemala ni en ninguna parte, pero el discurso de Washington contra una supuesta “dictadura” en el país hermano, solo desnuda su ambición imperialista y su aplicación de una moral distinta para cada situación. La democracia deberá seguir siendo, la talanquera más grande que tiene el imperio para derrotar el gobierno bolivariano. Renunciar a ella o restringirla, sería retroceder y abrir la puerta al golpe duro.
La estrategia del golpe de estado blando tiene ya un lustro de aplicación y la paciencia de los anglosajones empieza a dar muestras de agotamiento. El uso de la fuerza además, suele venir cuando el victimario considera que ha derrotado política y mediáticamente a su contraparte, cuando la ha aislado y satanizado a punta de sanciones. Pero Donald Trump tiene serios problemas y no va a poder golpear como quisiera, sin aspavientos, quirúrgicamente. Tiene tres carencias que lo van a obligar al escándalo: 1. Venezuela carece de un poder judicial jugado a la oposición, que sirva de apoyo institucional para llevar a juicio a Maduro y montarle una destitución del tipo que se le hizo a Dilma Rousseff o al expresidente Lula en Brasil, Manuel Zelaya en Honduras o el obispo Lugo en Paraguay. 2. El poder legislativo está desprestigiado luego de sus desacatos y enfrentamientos con los otros poderes. 3. Los partidos políticos antichavistas, sin opinión pública a favor, se han destrozado entre ellos mismos. De tal manera que el golpismo interno en Venezuela está desarticulado y es poco probable que Washington obtenga los aliados que necesita para tirar la piedra y poder esconder la mano. Su última esperanza radica en dividir a la Fuerza Armada Bolivariana, que en efecto está buscando a través de reuniones secretas y de sanciones contra los generales más “duros” de la entraña chavista. Entre tanto, Maduro sigue reiterando como lo hizo en el propio EE.UU. su disposición a un encuentro personal con Trump, pero la estrategia de un jefe imperial no pasa por el diálogo, menos cuando tiene ya decisiones tomadas.
Duque: desenterrando una guerra y comprando otra
Recientemente se han filtrado contradicciones al interior del gobierno de Trump, entre quienes proponen precipitar acciones militares directas y quienes consideran que la dinámica actual, principalmente en el plano económico, conduce a la pronta caída del gobierno del presidente Maduro. Estos últimos juegan al bloqueo económico y los primeros, miran hacia Colombia. En cualquiera de las dos estrategias, Colombia juega un papel de primer orden por su vecindad, sus extensas fronteras marítimas y terrestres y ante todo, por su historia de peón de brega en la geopolítica latinoamericana de los EE.UU. Ya la OEA de Luis Almagro está  debidamente alineada, varios gobiernos neoliberales del vecindario igualmente, y las élites colombianas no se deciden en su totalidad pero algunas ya instigan a las fuerzas armadas.
El presidente Iván Duque tiene toda la presión de su propio partido, el Centro Democrático, para que arrecie sus posturas ofensivas contra Venezuela. Desde que se posesionó ha estado activo principalmente en el plano diplomático, pero en materia militar deberá esperar las órdenes de la jefatura americana. Para EE.UU. será indispensable comprometer al Estado colombiano en cualquier aventura armada contra el vecino país. El expresidente Santos fue reacio a un compromiso militar pero el actual mandatario, rodeado de la derecha más extrema del país, es proclive a utilizar la retórica humanitaria para hacer de puente en una intervención armada del imperio; ya se puso a disposición de este al no firmar la reciente declaración del grupo de Lima, que rechaza cualquier medida de fuerza para resolver la crisis.
La opinión pública colombiana ha vivido engañada sobre el proyecto de la revolución bolivariana y sobre cada uno de los avatares de ese proceso. Muchos colombianos desean el fracaso del chavismo y consideran que su gobierno es tiránico; han desarrollado un imaginario moldeado por los grandes medios de comunicación a través de los cuales se expresan las oligarquías nacionales. Esa opinión pública mayoritaria no entiende el significado de una guerra internacional contra un pueblo hermano, y es fácilmente manipulable, como lo fue durante décadas en el conflicto armado interno, y cuando este ya se apagaba, llegó incluso a votar mayoritariamente contra los acuerdos de paz.
Desde Uribe, pasando por Santos y ahora con Duque, el Estado colombiano ha cumplido el papel que le toca frente a la República Bolivariana de Venezuela. Uribe quiso ser “más papista que el papa” y terminó jugándole sucio al gobierno de Chávez; Santos fue respetuoso mientras negociaba la paz con las FARC y tenía al gobierno bolivariano como facilitador, pero cuando firmó los acuerdos giró 180 grados, luego se sumó al grupo de Lima y se puso del lado de la extrema derecha internacional; Duque se muestra activo y bailará al son que le toquen desde el norte; además está buscando un aumento billonario en el presupuesto militar de 2019 para financiar baterías antiaéreas. Lo que sí queda claro es que en materia de relaciones con el país hermano no ha regido la Constitución de 1991, que en su artículo 9º inciso 2º dice: “De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe”.
Colombia no puede superar un conflicto armado interno para meterse en otro de carácter internacional. Es obligación de todos los demócratas y latinoamericanistas convocar al gran movimiento por la paz que acompañó y está acompañando las negociaciones con las insurgencias internas; ese movimiento debe enrutarse en la lucha por una paz integral, que frene todos los guerrerismos y todas las xenofobias, y que aplique la declaración de la segunda cumbre de la CELAC de 2014 que define a América Latina y el Caribe como zona de paz, donde las controversias solo se dirimen mediante el diálogo. El pueblo colombiano y el venezolano forman uno solo con los demás de América Latina y el Caribe. Únicamente en las cabezas de las oligarquías y de la dirigencia estadounidense, cabe la idea de una confrontación armada entre países del subcontinente, que no busca otra cosa que desbaratar el proceso de rebeldías latinoamericanas que desató el chavismo cuando terminaba el siglo pasado y aún se mantiene, busca volver a la normalidad del orden geopolítico norteamericano en la región, a la subordinación política y económica de toda América Latina.
Se está celebrando la Asamblea General de la ONU, el máximo foro de la política internacional al cual asisten todos los países miembros. Las intervenciones de Duque allí, han sido no solo virulentas contra el régimen del presidente Maduro, sino además alucinantes, al señalarlo de financiar grupos terroristas en Colombia, al tiempo que se reúne con otras delegaciones para pedir a la Corte Penal Internacional que también intervenga. Estamos ante un mandatario peligroso por su criterio maleable y su subordinación a la extrema derecha gringa hoy en el poder. Son los mismos que le hablan al oído a Trump, los que hablan también al oído de Duque en sus giras y en sus visitas, lo cual es más que suficiente para el pesimismo.
El momento colombiano es trágico, con una extrema derecha anglosajona que nos gobierna desde el norte, y otra extrema derecha interna, que añora las guerras porque nunca las pelea y le parece lo normal que los pobres se maten entre ellos. A esta hora, siguen hablando de crisis humanitaria, crisis migratoria, hasta de hermandad con el vecino, pero a puerta cerrada alistan sus planes de muerte y desde sus medios de comunicación arman el tinglado que los hará factibles. Algo debe ser destruido y alguien debe morir, dicen, porque es quien nos roba la felicidad que no tenemos, es el culpable de nuestras desdichas colectivas. Pero eso sí… los nombres propios los ponen ellos. Estamos en plena barbarie del siglo XXI y la estamos presenciando todos, y cuando de barbarie se trata, en América Latina siempre ha ganado el extranjero, el del norte.
En el gobierno de Duque, un uribista de buenas maneras pero convencido y subordinado, Colombia se precipita hacia una guerra doble: la interna, en virtud del incumplimiento de los acuerdos de paz, y otra externa, contra un país hermano, donde los perdedores seremos los dos pueblos, y el ganador anglosajón del norte se bañará de gloria y de petróleo.

27 ago. 2018

Resultado de la consulta anticorrupción en perspectiva

En un país como el nuestro, donde las élites dominantes patrimonializaron el estado desde hace tanto tiempo y utilizan las rentas públicas para reproducirse como clase social, la corrupción se hace estructural y solo la puede afectar una reforma profunda del régimen político.

Los puntos de la consulta anticorrupción que votamos los colombianos este domingo 26 de agosto, estaban lejos de ser esa reforma profunda que pusiera fin al saqueo sistemático de las rentas y patrimonios públicos por la clase política. Eran un notable retroceso programático respecto al proyecto de la Colombia Humana que recientemente defendimos, que planteaba la lucha contra el modelo de desarrollo rentista-extractivista que es la base socioeconómica de la corrupción, y reclamaba la independencia de la justicia y sus magistraturas respecto a los poderes políticos anidados en las otras dos ramas del poder público, que la mantienen maniatada.

A pesar de la cándida tibieza de dicha consulta, cuyos puntos ya habían sido rechazados por el Congreso cuando se le propusieron, su trámite extralegislativo la politizó hasta el punto que el expresidente Uribe y miembros de su círculo más íntimo salieron a expresar su voto negativo. Un llamado público a rechazar la corrupción, no podía hacerse sin que quedaran en evidencia los exmandatarios del país y quienes los han sostenido en su mediocridad y en sus impunidades. De esta manera, llegado el día de la votación, salir a las urnas era ni más ni menos salir a castigar la clase política. Porque contrario a lo que dijo el presidente Duque en su alocución luego de conocer el resultado de la consulta, “La lucha contra la corrupción no tiene tinte ni color político”, en Colombia sí que lo tiene. Así lo entendieron Uribe y las dirigencias de los partidos del establecimiento, que confiaron su suerte a la dificultad que la consulta tenía de alcanzar el umbral que hiciera vinculantes sus resultados. La carta que se jugaron estaba marcada: poner en “off” todas sus maquinarias, no instalar un solo pasacalle, no imprimir un solo volante ni gastar un solo peso para que ese domingo fuera un domingo normal, con transmisiones de fútbol, eventos y paseos de fin de semana. El susto entonces, debió haber sido mayúsculo con los 11.675.000 votos, o sea menos de medio millón de los necesarios.

Con el triunfo de la consulta o sin él, pocas cosas iban a cambiar en materia de corrupción propiamente. La fiebre no está en las sábanas de los sueldos altos, o las reelecciones indefinidas en cuerpos colegiados, o los pliegos de contratación amañados, o las casas por cárcel para los delincuentes, mucho menos cuando esos asuntos como en este caso, pasan inevitablemente por el Congreso de la República. Donde sí están cambiando las cosas, así lo demuestran estos resultados, es en el empoderamiento de un sector joven de la sociedad colombiana que se está decidiendo a participar en política y se ha vuelto “hueso duro de roer” para el establecimiento y la clase política corrupta. Se está dibujando un proceso  que va desde las movilizaciones por rescatar los acuerdos de paz después del plebiscito, pasa por las luchas electorales del primer semestre de este año, y ahora por esta campaña anticorrupción cuyo único recurso fue la voluntad y la generosidad de muchos ciudadanos que por primera vez se asoman a la política.

Esta consulta es un episodio importantísimo en la emergencia de lo que llamamos las Ciudadanías Libres. Lo que  evidencian las cifras es que  más de ocho millones que en junio votaron por Petro a la presidencia, son ahora más de once millones dispuestos a hacerse oir en las calles y en las plazas. Colombia no podía seguir postrada a los designios de un caballista que logró filar a toda la clase política y ahora quiere manejar el país desde su hacienda. Ya la Corte Suprema lo llamó a indagatoria y se acerca el día en que no cabalgará más sobre la justicia.

No es que los resultados de una consulta se puedan comparar mecánicamente con los de una elección presidencial, pero en los términos de la política colombiana hoy, donde predominan los electorados cautivos y la abstención, la irrupción de grupos ciudadanos que solo se atienen a sus propias experiencias y percepciones sobre la sociedad, constituyen un potencial de cambio que termina amenazando el orden establecido de injusticia y corrupción. A propósito del caballista, nadie ha aprendido mejor que la clase dominante colombiana a cabalgar sobre la ignorancia popular. Igual que en el plebiscito por la paz de octubre de 2016, siempre logran “que la gente salga a votar verraca” como ellos quieren, o que se quede en casa como este domingo porque no había transporte gratuito ni feria de tamales o camisetas. Las ciudadanías libres son esas de la consulta, las que no se mueven detrás de empleos, contratos ni prebendas de nadie. Salen a participar en política porque se sienten ciudadanos o ciudadanas; es cuestión de política pero también de ética.

El presidente Duque queda notificado. Aunque sorteó con habilidad el trámite de la consulta de tal forma que quedó a salvo ante su hundimiento, debe entender que más allá de una oposición parlamentaria, confinada al recinto del capitolio, lo que puede ocurrir en la calles tiene otro precio. En el Congreso habrá, es apenas normal, una bancada de parlamentarios apegada al tibio estatuto de la oposición recientemente aprobado, pero más de once millones de ciudadanos, que son suficientes hoy para poner presidente y sobran, estarán dispuestos a actuar en una amplia geografía para hacer respetar sus derechos. El futuro del gobierno que apenas da sus primeros pasos, tendrá que jugarse prioritariamente en la negociación con la sociedad, pero representada esta vez por un amplio movimiento en proceso de cualificación política, que viene reclamando paz, democracia y transparencia en el manejo de los recursos públicos.

El pacto nacional que anunció el presidente Duque cuando se posesionó, tiene ahora un dato inesperado en el crecimiento de las ciudadanías libres. Él tampoco se la creyó, pero hoy tiene un sector activo de la sociedad que le reprueba el tutelaje del expresidente Uribe, y que podría además movilizarse contra su paquete económico, abiertamente regresivo y antipopular.

Aún sin alcanzar el umbral que la hubiera validado jurídicamente como mandato popular, la consulta anticorrupción tendrá un impacto fuerte en la vida política próxima. Es el empoderamiento de unas fuerzas sociales heterogéneas, pero que pueden alcanzar cohesión reactiva frente a las imposiciones que concertadamente adelantan el uribismo “purasangre” y la aristocracia neoliberal del ministro Carrasquilla. El presidente no sabe para donde coger y luce confundido, como confundidos deben estar tantos jóvenes bien informados que estudian sobre otros países, y no se explican por qué aquí tenemos que votar unas veces por la paz y otras contra la corrupción.

20 jun. 2018

Duque, Petro y voto en blanco en la balanza


Acaba de terminar una de las batallas electorales más importantes de nuestra historia. Con la excepción del certamen de 2006 en que participó Carlos Gaviria, lo que siempre ha ocurrido es que a los colombianos nos han puesto a elegir entre el más y el menos malo para nuestros intereses. Pero el cambio está llegando y se aproximan otros. El pasado 17 de junio se enfrentaron en segunda vuelta dos opciones presidenciales realmente opuestas: la del retroceso a la violencia y la negación de los derechos, representada por Iván Duque, y la modernizante que buscaba poner en vigencia la Constitución de 1991 y el Estado Social de Derecho, encabezada por Gustavo Petro.
En una primera vuelta apasionante, se decantaron los dos agrupamientos: era el pasado contra el futuro, país viejo contra país joven y emergente, la Constitución de 1886 contra la de 1991, contrapunto que equívocamente vienen llamando “polarización” quienes aspiran a una política sin sobresaltos, que no desordene nada porque otra Colombia no es posible, porque caeríamos en el caos y la anarquía, o porque buscaban abrirle espacio al futuro voto en blanco que favoreció a Duque. Las cifras llamaban al optimismo. En efecto, los votos por Petro después de haber llenado muchas plazas públicas, más los de Fajardo y De la Calle constituían unas ciudadanías libres mayoritarias sobre las votaciones de Duque, Vargas y otras insignificantes. Pero las cifras no son la política; aquí solo empieza la trama.
El agrupamiento minoritario rápidamente se unificó alrededor de Duque y se fortaleció con todos los partidos tradicionales y corruptos, los expresidentes, los gremios del capital (mal llamados “de la producción”), sus medios de comunicación al mando de militantes políticos disfrazados de periodistas, los militares mostrando sus dientes, las iglesias oficiales, todo el poderío político y económico del establecimiento cerró filas y quedó trazada una línea divisoria nítida que hasta ese día las élites siempre lograron ocultar, una línea divisoria de intereses de clases sociales muy peligrosa para las que dominan la sociedad. Un instinto de conservación los arropó ya que por primera vez después de setenta años un plebeyo estaba cerca de ocupar la silla presidencial. Las estrategias que utilizaron para atajarlo son una tragicomedia que puede enseñar a sus propios sucesores cómo aprovechar el embrutecimiento colectivo de los colombianos para que nunca levanten la cabeza.
Mientras tanto, en el bando mayoritario de las ciudadanías libres, las cosas eran diferentes. Fajardo, De la Calle y Jorge Robledo anunciaron voto en blanco, malogrando así la única oportunidad en décadas de golpear la corrupción y asegurar una era de paz para Colombia; es decir, las que eran mayorías en el papel, se disolvían en las incoherencias y en la pequeñez de sus líderes más reconocidos. De esa manera, las fuerzas del centro político, que habían matado al tigre de la corrupción en la primera vuelta, se asustaron con el cuero en la segunda, y le fallaron a la sociedad cuando les dio la cita para pasar la página y cambiar la historia del país.
De los casi cinco millones de votos que sumaron Fajardo y De la Calle, solo llegaron algo más de tres millones a la Colombia Humana para la segunda vuelta; los otros se repartieron entre Duque y en blanco, lo cual permitió el triunfo de la coalición de derechas sobre la de izquierdas por 2.338.000 votos de diferencia (12%).
Tres votos en blanco:
Fajardo. La mejor representación del significado del voto en blanco la hizo su defensor más importante, pero no a través de discurso alguno ni de un sesudo escrito público. Fue a través de un trino del 8 de junio, doce días después de su triunfo en primera vuelta (o derrota, como se quiera mirar), y cuando el Senado se disponía a votar la conveniencia de la consulta anticorrupción, así se reportó a sus seguidores divididos entre Petro, Duque y el voto en blanco: “Un sueño de muchos años que por fin realizo este fin de semana: ir a ver las ballenas en el Pacífico. Lejos del mundanal ruido. En la selva”. Twitter retrató la trivialidad de un “niño bien” que cuando se cansa de jugar a la política se va de paseo a desestresarse. Muy pocos colombianos, incluidos los propios fajardistas de alta cuna, pueden descansar viendo las ballenas en el Pacífico; pero ese no es el asunto. Lo que habla de ese excandidato no es ya su tibieza ni su liviandad conceptual, sino su distancia de la política como compromiso social, como lucha empeñada contra la injusticia en un país hecho de inequidades.
Para cambiar a Colombia, derrotar la corrupción y las violencias, no necesitamos héroes ni santos, simplemente hacen falta hombres y mujeres comunes y corrientes, colombianos incansables como hay millones, que luchan toda su vida y lo siguen haciendo por alcanzar lo que creen merecer.
El voto en blanco de Fajardo como el de cualquier ciudadano es respetable. Lo que nadie puede sostener es que esa postura haya sido “blanca”, o imparcial, equidistante, o una especie de justo medio salomónico. Los que así predican, buscan aunque lo nieguen, no ser confrontados y  por lo tanto, no responder por las consecuencias de sus actos, arropados en un discurso sobre la “polarización” que al reivindicar la estabilidad como valor supremo de la vida en sociedad, se asustan con las perspectivas de cambio y en toda propuesta ven saltos al vacío. Terminan por lo tanto, en la defensa del statu quo, al desoír la sentencia del Nóbel de paz sudafricano Desmond Tutu según la cual “Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”.
A ningún político colombiano le pesa tanto su condición de clase como a Fajardo. Son casi dos décadas en las lides electorales y nunca aprendió a hablarle a los campesinos, a los trabajadores, a los excluidos del poder y la riqueza. Su informalidad irreverente se agota en su indumentaria, y así, mal puede simpatizar con las bases de la Colombia profunda, con los pueblos indígenas, afrodescendientes y víctimas de la violencia y la injusticia que se filan cuando habla Petro. El voto en blanco de Fajardo, disfrazado de coherencia y de independencia, fue objetivamente una talanquera a la Colombia Humana y su proyecto de torcer el brazo a los corruptos y expropiadores.
Robledo. El senador Robledo es, al lado de Gustavo Petro, el parlamentario más brillante del país en su historia reciente. De manera imprevista para muchos observadores, involucró a su partido (Polo Democrático Alternativo) en una coalición con la Alianza Verde (Claudia López–Navarro) y Compromiso Ciudadano de Fajardo. No fueron pocas las fisuras que provocaron dentro del Polo las decisiones robledistas, y sectores varios de ese colectivo se deslizaron hacia la coalición Colombia Humana, liderada por Petro, exdirigente del Polo. No obstante, el senador se mantuvo leal a sus aliados, aunque lo relegaron a una posición secundaria en la lucha presidencial, pues un acuerdo interno lanzó a Fajardo y a López como candidatos a la presidencia y vicepresidencia respectivamente. Dos problemas llevaron a Robledo a su decisión de voto en blanco:
El primero es que el Senador ha casado una disputa con todos los sectores y dirigentes adversarios suyos que han pasado en diferentes momentos por el Polo. El apoyo de esas fuerzas al proceso de negociación de la paz entre el gobierno y las FARC, le ha servido de ocasión para tildarlos de “santistas”. Robledo se considera con su grupo, lo único no santista que hay dentro de la Izquierda colombiana.
El otro problema, enmarcado en el anterior, ha sido una satanización a Petro desde que este, derrotado por Santos y relegado a un cuarto lugar en la disputa presidencial de hace ocho años, buscó un acuerdo con el recién elegido, lo que calificó Robledo como un intento de entregarle el Polo al nuevo presidente electo.
Cada quién es dueño de sus propios fantasmas, y el santismo se le aparece al brillante senador cuando menos se espera. El neoliberalismo que encarna Santos, es real y diariamente hace estragos entre los sectores vulnerables de la sociedad, pero también es un espanto que persigue a Robledo. Huyendo de ese espanto, quedó atrapado en él, primero, cuando privilegió una coalición con Fajardo y Claudia López, y después, cuando el voto por la Colombia Humana para dar un timonazo a la historia del país, se le convirtió a Robledo en un voto por la continuidad de Santos.
De la Calle. Humberto de la Calle realizó una notable campaña electoral que giró alrededor de la paz y la defensa de los acuerdos con las FARC que llevaron al desarme de esa guerrilla. Su votación escasa fue el castigo de la ciudadanía, no a quien supo negociar con paciencia y sapiencia los acuerdos de La Habana y el Teatro Colón, sino al partido neoliberal del expresidente César Gaviria, una de las “colectividades históricas” que aún pervive detrás de los presupuestos y las burocracias del estado colombiano.
Sus afinidades programáticas con la campaña de Petro fueron inocultables, hasta el punto que el liberalismo de base y de inspiración plebeya, casi en bloque terminó adhiriendo a la Colombia Humana. Esos, los liberales que se respetan, denunciaron la traición de César Gaviria, que adhirió con su grupo de “enmermelados” a la campaña de Duque.
De la Calle quedó en el peor de los mundos, con el jefe de su partido en una campaña adversaria y las bases liberales transitando hacia las toldas de Petro. Para la segunda vuelta, presionado por las fuerzas que habían dicho “sí” en el plebiscito por la paz de 2016, solo alcanzó a ratificar su fervor por los acuerdos de paz y la búsqueda de un acuerdo sobre lo fundamental, pero sin comprometer en forma explícita su voto y quedándose por lo tanto, en el voto en blanco de su anuncio inicial.
El exnegociador de los acuerdos con las FARC es un gladiador de la paz, pero su karma fue la política tradicional clientelizada de su partido de procedencia, en el cual se hizo y ascendió como hombre público. La Colombia Humana se quedó esperando su voto afirmativo.
......
No era la primera vez que en la política colombiana se articulaban vertientes de izquierda con vertientes de centro, pero nunca antes una coalición de esas había estado tan cerca de ganar la presidencia. El panorama político que se abre con los resultados, ofrece una situación inédita en este país. La izquierda democrática, que viene de sufrir su perfil más bajo durante los cuatro cuatrenios de Uribe y Santos, donde ambos monopolizaron la política nacional, se convierte hoy en oposición legítima al gobierno de las derechas unificadas que preside Duque, con una base social amplia y mayoritariamente joven.
Las dos vertientes oligárquicas que a través de la historia se han disputado tácticamente las representaciones dentro del estado, la una fundamentalmente ligada a la propiedad territorial y la otra al mundo industrial y financiero, luego de superar sus contradicciones principales en torno a la negociación de la paz, se han integrado de nuevo y gobernarán rodeando a Duque. Sus fuentes de riqueza se han articulado de tal manera, que solo necesitaban una cara joven y amable que hiciera de pretexto para volver a abrazarse. Del lado contrario, crecen las ciudadanías libres pero su proceso organizativo es arduo, dada su diversidad y la complejidad de sus aspiraciones sociales y políticas.
Colombia será en virtud de los actuales cambios, un país más real. La corrupción y la injusticia se pueden retratar cuando se quiera con sus caras y sus nombres propios. La otra  Colombia, la profunda, ha adquirido por su parte, una cartografía e identidad propias. Va quedando poco espacio a las mimetizaciones en una sociedad que ha sido controlada con base en miedos y mentiras. Millones de colombianos que hoy siguen votando por sus propios expropiadores, podrán ahora entender en qué ha consistido tanto el juego como su derrota: en hacerles creer que viven en el mejor de los mundos, que su situación solo puede cambiar para peor, y que deben agradecer las migajas que les han tirado, o las que no, como quienes eligieron al que dijo Uribe para que no les expropiaran su tugurio, su chaza o sus empleos y remuneraciones indignas.
La “polarización” política es una ficción colombiana. La verdadera polarización es la social y económica; los procesos de enriquecimiento y empobrecimiento ocurren en simultáneo aumentando la desigualdad y agrandando la brecha donde cada vez quedan menos. Las clases medias son sectores minoritarios urbanos amenazados por la delincuencia callejera y por sus deudas al sistema financiero, cuya representación política no pueden seguir delegando en los corruptos hoy agrupados alrededor de Duque. Es en la Colombia Humana donde cabe la representación de esas clases medias empobrecidas, que aspiran a educación superior, créditos, cultura, seguridad social y a una economía que premie el talento y el conocimiento. Esos sectores de clase, por su dinamismo político, juegan en la Colombia actual un papel altamente influyente en la toma de decisiones. La experiencia electoral reciente demostró su capacidad organizativa y su entusiasmo cuando aciertan en materia programática, cuando contribuyen a inclinar la balanza del lado de la democracia y están dispuestos a empujar el país hacia adelante.
Otra lección que nos deja esta campaña electoral, es la volatilidad política del centro como opción organizativa. En una de las sociedades más inequitativas del mundo, compuesta de una minoría que acapara la renta nacional y unas mayorías abrumadoras al borde de la subsistencia, el espacio propio para sustentar alternativas centristas en política es minúsculo. Si no hay clases medias extendidas que desarrollen capacidad de independencia, el centro político se vuelve una ficción. Esa volatilidad, lo disolvió este 17 de junio en las opciones, esas sí estructuradas, de la derecha uribista y la izquierda liderada por Petro, a no ser que quiera convertir en capital político los 808.000 votos en blanco que hoy no sabemos si los reclama Fajardo, Robledo o De la Calle.
Ha concluido un capítulo de la lucha política en Colombia. Fue una campaña rica en pedagogía, podría decirse que peligrosamente pedagógica para los dueños del poder y de la riqueza nacional. La Constitución de 1886 volvió a quedar en pie pero sus defensores no lograron salirse con la suya, es decir, no pudieron matar la esperanza.

1 mar. 2018

“Polarizaciones”, miedos y odios en debate


Dos personas han monopolizado el ejercicio de la política en Colombia en los últimos ocho años. El asunto empezó cuando el hoy presidente entró en desacato a su antecesor respecto a la política internacional y principalmente respecto al grueso tema de la negociación de la paz con la insurgencia armada. Desde que Uribe y Santos partieron cobijas cuando iniciaba el mandato del segundo, el país político ha entrado en una confusión generalizada de la que no sale aún, y está marcando la campaña electoral en curso. Analistas y opinadores de todas las orillas se fueron bajando uno tras otro del paradigma interpretativo clásico Izquierda vs. Derecha, a lo que siguió la graduación del uribismo como oposición y a la desaparición necesaria de la Izquierda colombiana como contraparte histórica del Estado oligárquico.
Al mejor estilo del Frente Nacional (1958-1974), en estos dos cuatrenios tanto gobierno como oposición han correspondido a facciones de derecha. A la Izquierda se ha reservado un limbo que apenas ahora parece abandonar, cuando los partidos tradicionales y de las mafias están quedando desnudos ante una ciudadanía que este año no quiere más de lo mismo. Desde hace varios meses, las encuestas de intención de voto tienen relegados a los representantes de las derechas a posiciones secundarias. Hay pues, un viraje de la opinión pública nacional hacia posturas democráticas y menos oscurantistas que las adoptadas en estos dieciséis años de “uribesantismo”, los mismos que duró el Frente Nacional.
El contrapunto Uribe vs. Santos se ha instalado de tal manera en el cerebro de tantos colombianos, que dejaron de entender la política más allá de lo que ocurriera con esos dos personajes. La palabra “polarización” es la que mejor expresa esa alienación mental reduccionista que no deja ver los diferentes planos de la sociedad donde se está jugando el futuro del país. Esa expresión es desafortunada para señalar una agudización de contradicciones entre una derecha cruda y una derecha refinada, o una izquierda extrema y una izquierda moderada. El término “polarización” se aplica a un escenario en el cual los dos elementos del espectro político (izquierda y derecha) entran en un proceso mutuo de radicalización, de desplazamiento hacia sus respectivos polos o extremos. Es muy distinto lo que viene ocurriendo en Colombia en esta segunda década del siglo.
Cualquiera medianamente informado ha podido presenciar que la Izquierda armada entró en un proceso de negociación que logró ya, incorporar al sistema político, al orden establecido, a la organización armada más importante de las existentes en el país a través de un proceso de diálogo, a cambio de algunas reformas rurales mínimas y unas garantías de participación política que hoy están en gran parte desconocidas. También resulta inocultable al observador desprevenido que lejos de cumplir los compromisos adquiridos con la firma de los acuerdos, el Estado ha sido incapaz de controlar los territorios “pacificados”, y garantizar el derecho a la vida de los desmovilizados y los líderes sociales que han quedado a merced de neoparamilitares y mafias de todo tipo. Nadie sensato puede decir que haya una radicalización de las formaciones armadas antisistémicas, sino al contrario, una integración de ellas al orden político dominante.
La Izquierda democrática, llamando así a la que se orienta por los métodos pacíficos, persiste en el juego que le ofrecen las instituciones y cree más que antes en la lucha electoral y parlamentaria. La mayoría de ella, abraza hoy un pragmatismo que la ha llevado a votar por opciones de derecha no extrema, a cambio simplemente de no dejarse aislar del juego político o “arañar” pequeñas cuotas de participación.
No hay pues, radicalización de las Izquierdas en Colombia, y al no haberla, la palabra “polarización” carece de toda referencia a la realidad del país. Lo que se está viviendo desde hace ocho años, no es otra cosa que una radicalización de las derechas. Un proceso de endurecimiento de las fuerzas más retrógradas de la sociedad nacional, que no solo rechazan la reconciliación sino que parecen dispuestas a desencadenar nuevos ciclos de violencia. De la mano con esa beligerancia política, han desatado una campaña contra las maneras de pensar, vivir y compartir en el mundo y en la época que nos han correspondido. Han descendido así, a los planos de la moral individual y familiar para avanzar desde allí su lucha contra la libertad en todas sus formas; de manera que las derechas ya no se conforman con la política sino que pretenden abarcar también los dominios de nuestra vida privada.
Lo que se denomina “derecha” desde la Revolución Francesa, es la defensa del autoritarismo y del “statu quo”, del establecimiento político y socioeconómico. Tanto en esa lejana época como en la actual, la estrategia más efectiva de esas fuerzas para mantener todo como está, es generar, inventar y difundir miedos. En Colombia los hay para cada público. Para los más atrasados el “castrochavismo”, para otros las supuestas expropiaciones que anuncia el candidato de la Izquierda, y no faltan los que hacen campañas contra la “polarización”, que a la vez asocian con la lucha de clases. Desde luego, para que haya miedo se necesita ignorancia, y ella en nuestro país es rampante.
En Colombia la historia política ha transcurrido de la mano de los miedos. Siempre una masa de ignorantes ha sido manipulada con temores prefabricados: a los ateos, a los comunistas, a los narcoguerrilleros, a la “ideología de género”, al “castrochavismo”, al “populismo”, a la “polarización”, y a todo lo que sea conveniente en cada coyuntura para mantener blindado el monopolio del poder económico y político. Cada miedo se diseña para cada situación, para cada tiempo y cada espacio; los actuales son tan ridículos como los de épocas pasadas, pero igualmente efectivos para que la gente de a pie, que sufre los rigores del orden establecido, termine volteando la mejilla para pedir la otra bofetada.
Las multitudes colombianas han sido consumidoras de los miedos más terribles, que se transmiten entre generaciones y desencadenan guerras a las que se acostumbran tanto, que luego les da miedo terminarlas. Así viene ocurriendo en este país que tenemos bajo los pies.
Vivimos en un país violento y una sociedad injusta, donde los ciudadanos se consideran a sí mismos condenados en vida, y cada vez que alguien da la cara o alza la voz contra los poderosos, el miedo se convierte en pánico, a tal punto que los asesinatos terminan siendo aceptados como males necesarios para mantener la estabilidad amenazada. Ocurrió con varios candidatos presidenciales y un partido entero físicamente aniquilado: la Unión Patriótica.
Del sentimiento del miedo se transita en línea recta al del odio. En pocas sociedades se ha vuelto tan peligroso hablar de política como en Colombia; a propósito de ningún otro tema salen a flote los odios como cuando abordamos asuntos electorales, gubernamentales o de debate público. Los colombianos evitan hablar de política porque sienten que al hacerlo, profanan sus círculos familiares, sus lugares de trabajo o de estudio. Solamente poner los temas sobre la mesa, parece causal de mala conducta. Pero lo anterior no es gratuito. Es la consecuencia compleja y cultural de una historia de violencia política que ha destruido los tejidos sociales, las solidaridades y las confianzas mutuas entre las personas. Detrás de cada contradictor, vemos un guerrillero o un paramilitar al acecho que solo existe para ofendernos, de tal suerte que lo menos peligroso es callar.
Esta campaña electoral a la que asistimos para designar congresistas y presidente de la República, aunque está trayendo gratas sorpresas, ha sido también como la del plebiscito por la paz de octubre de 2016, un escenario amplificado donde se cruzan como espadas, los miedos y los odios enfilados contra la esperanza de la justicia y la paz. Ese escenario amplificado, vale reiterarlo, no es el de ninguna polarización sino el de una radicalización de las derechas, que a diferencia de situaciones pasadas, están sintiendo un miedo propio que ya no logran transferir fácilmente a la ciudadanía, y se van quedando con él sin que puedan disimularlo. Anticipadamente han empezado a rodar las tulas cargadas de billetes (verbigracia Tunja), los bancos adelantan un bloqueo financiero, y se señala a Petro de azuzar la lucha de clases, como si ese no fuera el oficio de quienes nos gobiernan y nos han gobernado. Si no hubiera existido una intensa lucha de clases en Colombia, si solo ahora la estuviera inventando un candidato presidencial, no sería este uno de los países con mayor desigualdad social del planeta y con 8 millones de campesinos despojados de sus tierras, para no hablar de masacres y asesinatos.
Radicalización de las derechas, miedos y odios, constituyen una de las caras de la moneda nacional. La otra, es la de las resistencias y de la esperanza, porque sectores de la sociedad antes indiferentes o cerebralmente lavados por la prédica del uribismo, han empezado a trazar sus propios caminos y a entender que su “no futuro” tiene los nombres propios de quienes han gobernado el país. Las élites dominantes están quedando al desnudo después de una cadena de escándalos de corrupción que siguen impunes, su probada incapacidad para acabar definitivamente el largo ciclo de violencia política, llevar el Estado a los territorios donde antes se libró la guerra, redistribuir el ingreso nacional para reducir la desigualdad, ampliar la democracia y garantizar los derechos sociales consagrados en la Constitución. La clase política está “rajada” en todas estas materias y pocas veces en la historia su autoridad moral e intelectual se había resquebrajado tanto. Sus candidatos a presidencia y congreso no generan entusiasmo ni alcanzan a ocultar que sus programas son simples maquillajes al injusto orden reinante.
Si las tendencias generales en la intención de voto se mantienen, los partidos que giran alrededor del uribismo y el vargasllerismo, en muy poca medida podrán acceder en esta oportunidad al voto de opinión. Sus votantes mayoritarios serán los que puedan seducir con ofertas de empleos, dinero y las tradicionales prebendas de tamales y cachivaches. El volumen de su votación lo determinará el tamaño de las tulas, a no ser, que atajen a su adversario de turno como repetidas veces lo han hecho: la lista empieza con Jorge Eliécer Gaitán…
Sea cual fuere el resultado de la campaña electoral en curso, las oligarquías tendrán de ella un mal recuerdo. Los partidos y grupos políticos que las representan, lucen desorientados, poco tienen para decir, ya no asustan ni transmiten sus propios miedos. Los odios, por otro lado, siguen ahí, latentes. Hasta ahora se expresan ante todo en los bloqueos a la campaña de “Colombia humana” y en la avalancha de noticias falsas sobre su candidato que ruedan veloces por las redes sociales. Frente a todo lo descrito, un amplio sector político no tradicional pero confundido, en nombre de la necesaria reconciliación que es indispensable para consolidar la paz, clama angustiado contra una polarización que no sabe definir, o que identifica con la exigencia de cambios de fondo en la situación del país, sin advertir que los cambios superficiales y cosméticos, los “no polarizantes”, son precisamente los que hoy enarbolan las opciones del continuismo, expertas en proponer cada cuatro años los cambios a su propia medida, que les permitan crecer y reproducirse vegetalmente mientras las mayorías los soportan resignadas.
Las que están radicalizadas son las élites y sus vocerías políticas. Es a ellas, y no a los ciudadanos comunes, a quienes se debe predicar tolerancia, civilidad, paz y democracia.

18 oct. 2017

Otra vez Venezuela… Otra vez elecciones… Otra vez el chavismo!

Desde que Hugo Chávez se instaló en la presidencia en 1999, 23 veces los venezolanos han ido a las urnas a expresar su voluntad, en promedio más de una anualmente, de las cuales el chavismo solo perdió en 2007 y en 2015. Su último triunfo acaba de sellarse este domingo 15 de octubre con la obtención de 18 de 23 gobernaciones estadales que estaban en juego.
Ha sido a través de certámenes electorales y de movilizaciones callejeras que el chavismo se ha mantenido vigente desde fines del siglo pasado. Así ha logrado sobrevivir a dos ofensivas concertadas: una interna de carácter violento y apátrida, y otra externa que combina la ofensiva comunicacional con la asfixia económica y las sanciones al gobierno y al pueblo chavista.
Los dos triunfos de este año: la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio y el del domingo pasado, son especialmente significativos por el decidido empeño de Washington y sus aliados en Europa y América Latina por poner fin, a cualquier costo, al proceso político chavista y con él, a la primavera de rebeliones latinoamericanas contra la dominación imperial que ya se acerca a sus primeros 20 años. La centralidad de la Revolución Bolivariana en la vida política de la región es incuestionable y en ninguna parte es tan bien sabido como en la Casa Blanca. Esto hace a los triunfos del chavismo cada vez más trascendentes, cada vez más internacionales.
La fórmula chavista empleada para derrotar la violencia y salir de la crisis política, se llama democracia. La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente sirvió para frenar en seco la ofensiva violenta y sediciosa que dejó cerca de 120 muertos entre abril y julio; a la vez está propiciando nuevas tentativas de diálogo con sectores de la oposición que después de tanta sangre, cada vez creen menos en una dirigencia que anda por EE.UU. y Europa pidiendo sanciones para su propio país. Las elecciones últimas del domingo 15 y sus resultados, con una participación récord de 61.14% para las regionales, realizadas sin incidentes que lamentar y escrutadas  con una inmediatez sin precedentes, consolidan la recuperación del sistema político y dan un baño de legitimidad a la Asamblea Nacional Constituyente y al propio gobierno del presidente Maduro.
La oposición se dividió entre un sector radical sedicioso, que sigue añorando la “guarimba”, el vandalismo y la sangre, y otro, que sí acogió el llamado al certamen democrático, aunque repitiendo el libreto de participaciones pasadas, que consiste en llamar a votar, participar en las auditorías de la plataforma tecnológica, avalarla, y antes de que el Consejo Nacional Electoral publique el primer boletín del escrutinio, anunciar fraude a los cuatro vientos y convocar ruedas de prensa para que el escándalo sea recogido por los medios de comunicación internacionales y obviamente, por el Departamento de Estado, quien ya expidió comunicado diciendo que las elecciones no fueron “ni libres ni justas”, que “la voz del pueblo venezolano no fue escuchada” y otras perlas que sus asesores tenían ya preparadas mucho antes del domingo 15.
Así, la Mesa de Unidad Democrática –MUD– que agrupa a la oposición, anunció su desconocimiento de los resultados y está pidiendo auditorías totales, pero nada dice sobre la validez de las 5 gobernaciones que obtuvo, 2 más de las que venía ocupando desde 2012.
Igual que el 30 de julio, lo que hubo el pasado domingo, fue un castigo popular a la violencia y a quienes han aplaudido todas las injerencias extranjeras en los asuntos internos del país. En particular, ha salido golpeado el proyecto de instalar un gobierno paralelo desde EE.UU., que con el apoyo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha dado su primer paso al posesionar en la sede de ese organismo, a un Tribunal Supremo de Justicia espurio, que pretende armar expedientes contra el gobierno de Caracas y sus funcionarios, para acusarlos ante organismos internacionales como la Corte Penal Internacional.
La estrategia de un gobierno en el exilio, es la última carta que le queda a la burguesía internacional después de haberlas quemado todas en el juego dentro de fronteras que protagoniza con la MUD y sus “guarimberos”. Trump y sus halcones seguirán insistiendo en el proyecto de no dejar terminar el gobierno de Maduro. Pero cada vez es menos viable que ello lo puedan lograr a través de una oposición interna repetidamente vapuleada en las urnas. La opción del empleo directo de la fuerza también parece esfumado, ante las dificultades para una legitimación dentro de la OEA (aplicación de la “Carta Democrática”), y la opinión negativa del presidente colombiano, dispuesto según parece, a no ensuciar su Premio Nóbel de la paz con un apoyo a semejante aventura.
La derecha venezolana no solo muerde el polvo de sus propias derrotas. Enfrenta igualmente una dura crítica de sus pares internacionales y de los republicanos estadounidenses; su ineptitud quedó ampliamente probada. Su panorama de corto plazo se ha oscurecido para la recta final del período de Maduro. Ha pasado a depender cada vez más del oxígeno que le manden del norte empaquetado en denuncias internacionales contra el gobierno, en descertificaciones y sanciones de todo tipo. Por lo tanto, la injerencia externa en los asuntos venezolanos crecerá. La oposición la pedirá a diario, y gritará que está siendo torturada y exterminada impunemente. Las derechas internacionales entonces se concertarán para la intervención “humanitaria” y para defender los derechos humanos de los indefensos, asuntos en los cuales han acumulado una larga experiencia.
El escenario próximo de la defensa de la Revolución Bolivariana es el de una internacionalización mayor. La confrontación entre el chavismo y la oposición interna se desnudará y quedará al descubierto lo que muchos han querido ocultar: que de lo que se trata es, de los intereses imperiales de los EE.UU. sobre unos recursos naturales venezolanos y latinoamericanos, esenciales para mantener su economía predatoria y consumista; que lo que está de por medio es el petróleo de quien tiene los mayores yacimientos del planeta. Otros países del mundo han sufrido en carne propia la desgracia que significa ser ricos en hidrocarburos.
Después de la segunda derrota de la derecha venezolana e internacional el pasado 15 de octubre, grandes medios de comunicación abren sus páginas a dirigentes, periodistas y analistas liberales para que “expliquen” los resultados que arrojó la jornada. Muchos dejan a un lado el análisis concreto de las situaciones concretas para hablar sobre encuestas, predicciones y sondeos, pensando que en Venezuela como en sus países, son los encuestadores y quienes los contratan, los que protagonizan la política nacional. Casi todos se cuidan de mencionar la Revolución Bolivariana y sus logros, el legado ideológico de Chávez o las organizaciones de base popular que constituyen la sólida retaguardia del régimen político; mucho menos se refieren al rechazo social que han provocado tres meses consecutivos de muerte y destrucción. Los analistas de cabecera que nos ponen a leer, son “políticamente correctos”. Más confundidos que nunca, la han emprendido ahora contra los electores, a quienes consideran descerebrados que no votan teniendo en cuenta sus cifras de favorabilidad y desfavorabilidad. Así son nuestros liberales: cuando pierden en democracia, se proclaman ganadores echando mano de las encuestas. Esta es la manera como andan “argumentando” el supuesto fraude del domingo, pues todo lo que no haya sido previsto y proyectado por ellos mismos, es un robo de los chavistas o del gobierno de Maduro.

No es que “La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida” como canta Rubén Blades. Lo que sucede es que una cosa son las realidades políticas y otras muy distintas las proyecciones estadísticas. Si no fueran distintas, el SÍ a la paz hubiera sido el triunfante el 2 de octubre del año pasado en Colombia; pero no fue así, y quienes perdimos, tuvimos que aceptar una renegociación de los acuerdos de La Habana. Los demócratas de verdad, no pueden pretender ganar con cara y con sello al mismo tiempo, al mismo tiempo en las urnas y en las encuestas de opinión.